Prisa completa la ampliación de capital en apenas unas horas

En tan solo unas horas, Prisa ha completado la ampliación de capital anunciada ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una operación que el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, pergeñó para asegurar la refinanciación de deuda y ganar músculo -diluyendo el valor de las acciones- de cara a la próxima junta de accionistas, prevista para junio.

Antes de la apertura del mercado esta mañana, Prisa ha remitido un comunicado a la CNMV en el que notifica que ha colocado 108.108.108 nuevas acciones representativas de un 9,95% del capital, por un total de 40 millones de euros. El precio de emisión de los títulos ha sido de 0,37 euros, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 0,27 euros a prima de emisión, un montante que representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cotización a cierre del mercado de ayer.

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El aumento de capital se ha llevado a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y mediante un procedimiento de colocación privada acelerada entre inversores cualificados. Es decir, que la oferta se dirigía a todos los inversores potenciales, sin priorizar a los accionistas actuales. Todo, como ya avanzó ayer ABC, para diluir las acciones, colocar esos 40 millones a fondos extranjeros y evitar que el grupo que quiere poner fin a la etapa de Oughourlian se haga con la mayoría del accionariado. Hay que recordar que actualmente los accionistas afines al Gobierno están encabezados por Andrés Varela, uno de los fundadores de Globomedia, Adolfo Utor (Balearia) y Diego Prieto (grupo SGG).

La guerra abierta entre las dos partes empezó apenas hace un mes, cuando el consejo de administración rechazó optar a una licencia de la TDT para crear un nuevo canal de televisión, como le pedían los consejeros afines a Moncloa, circunstancia que provocó las dimisiones de José Miguel Contreras y Carlos Núñez.

El siguiente paso será que el grupo realice las acciones necesarias para la admisión a negociación de los nuevos títulos y el empleo de los fondos conseguidos para la cancelación de la deuda júnior (la subordinada), que asciende a cerca de 40 millones. Los acreedores del grupo habían impuesto esta cancelación como requisito para llevar a cabo la refinanciación de la deuda sindicada, de 750 millones.