María Jesús Montero se autoindultó en un caso de «menoscabo de dinero público» siendo consejera andaluza de Hacienda

El patronato que gestionaba este organismo adscrito a su consejería y que estaba presidido por la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda como máxima responsable autonómica de Salud y Bienestar Social, decidió no aplicar a sus ejecutivos los recortes salariales que el Ejecutivo andaluz del PSOE impuso a funcionarios, cargos públicos y al resto de la plantilla de la Junta, incluidos los trabajadores de su 'administración paralela'. Todos ellos vieron suprimidas de la noche a la mañana sus pagas extra durante los años 2012 y 2013, dentro de un duro plan de ajuste aprobado por la Junta para afrontar la crisis financiera.

El Consejo de Gobierno andaluz acordó el 24 de julio de 2012 poner un tope a los sueldos de los directivos de las entidades públicas: ninguno podría cobrar más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que vio rebajado su salario a los 63.808 euros anuales. Pero esta obligación legal se incumplió en las agencias y fundaciones sanitarias adscritas a la consejería dirigida por María Jesús Montero.

Las alarmas, sin embargo, no saltaron hasta unos años después. Fue el 2 de febrero de 2016 cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe de actuación, una fórmula de máxima alerta que forzaba a Montero a actuar «ante una posible existencia de menoscabo de fondos públicos», como proponía el citado documento consultado por ABC.

En ese momento, la actual secretaria general del PSOE andaluz y 'número dos' de Pedro Sánchez en la dirección federal del partido ya había dejado la cartera de Salud. En septiembre de 2013 la presidenta andaluza Susana Díaz la envió a la Consejería de Hacienda, cargo que ocupó hasta que el presidente del Gobierno la fichó como ministra del ramo en junio de 2018 tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP).

En su condición de consejera de Hacienda, Montero fue la destinataria del informe del interventor general, Adolfo J. García Fernández, que alertaba de un cúmulo de irregularidades en esta fundación dedicada a la investigación médica que se financiaba con subvenciones de la Junta y de otros organismos públicos, así como aportaciones privadas. En este documento, el alto funcionario que dependía jerárquicamente de ella le advirtió de que, ante las infracciones detectadas, «deberá instar» a su sucesor al frente de la Consejería de Salud, Aquilino Alonso, a «instruir» unas diligencias previas.

Siguiendo sus indicaciones, la consejera de Hacienda ordenó una investigación interna para determinar si el posible quebranto causado a las arcas públicas «pudiera generar responsabilidad contable» por parte de los gestores que rehusaron bajar las retribuciones a los directivos de FPS. El control de estos salarios dependía del patronato de la entidad cuya presidenta había sido la propia Montero como consejera de Salud.

El interventor denunciaba que a 33 trabajadores –22 en activo y otros 11 que ya no lo estaban– se les 'perdonaron' los recortes, «pero las cantidades a devolver» tienen «una antigüedad superior al año de prescripción, por lo que no pueden ser reclamadas». En su opinión, «podrían derivarse» responsabilidades contables por no haber tramitado los reintegros de los abonos indebidos. En comparación con otros trabajadores de la Junta afectados por los ajustes, éstos mantenían unos sobresueldos.

Ante las irregularidades detectadas, el 18 de febrero de 2016 el titular andaluz de Salud encargó la instrucción de las diligencias previas a una funcionaria que ocupaba un puesto de «asesora técnica» en su consejería. De todos estos pasos el consejero Aquilino Alonso fue dando cuenta a la entonces consejera de Hacienda a través de diversas comunicaciones internas que no habían trascendido hasta ahora.

La resolución de las pesquisas llega al Gabinete de Montero el 5 de julio de 2016. En sus conclusiones, la instructora propone al consejero de Salud «la elevación de las presentes diligencias previas a la Consejería de Hacienda al ser ésta la competente para, si así lo estimara oportuno, instruir y resolver un expediente de responsabilidad contable por los hechos descritos».

La funcionaria considera que en el caso del antiguo director gerente del organismo nombrado por Montero, Juan Jesús Bandera González, «no concurre el requisito material para poder apreciar responsabilidad contable, al menos si se cumple la devolución en plazo» del exceso de sueldo que cobró en 2013: 4.596,39 euros.

Otra directiva que cobró más de lo debido ganaba 70.149,22 euros al año, más que el presidente de la Junta. Fue después de que la Intervención sacara a la luz que había percibido 6.340,98 euros que no le correspondían cuando se comprometió a devolver a plazos el dinero.

Con todas las cautelas, la instructora aprecia elementos para instruir un expediente de responsabilidad contable, pero delega la decisión final en la consejera Montero. Señala que «puede deducirse que sólo la decisión sobre la aplicación al personal directivo de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012 fue adoptada de manera poco fundamentada, por lo que podría llegar a considerarse que concurre el requisito de la negligencia grave en relación con esta medida».

Pese a las reservas de la funcionaria, Montero da por zanjada la investigación. «Tras la lectura de la resolución emitida y a la vista de la documentación que se adjunta, doy por satisfechas las medidas adoptadas», concluye en un escueto informe que el 22 de julio de 2016 envía al interventor que había desvelado las irregularidades.

El carpetazo fue, en realidad, un autoindulto a su gestión pasada al frente de Salud. En su resolución, la funcionaria avisó de que la decisión de no aplicar los recortes al personal de la fundación se adoptó «en el seno del patronato», por lo que «la responsabilidad correspondería a los miembros del mismo presentes o que delegaron su voto en los presentes». Éste último fue el caso de Montero quien, como presidenta, excusó su ausencia y delegó su voto en otro director general de su consejería en la reunión del patronato del 29 de junio de 2012 donde se decidió 'perdonar' la rebaja salarial al personal ejecutivo. La justificación que se dio es que los sueldos de estos directivos no eran financiados por la Junta sino mediante otros fondos públicos o privados.