Latinoamérica se militariza para librar su guerra contra el crimen organizado

Este incremento de atribuciones a las fuerzas armadas para afrontar los problemas de la seguridad interna por las que ha optado Ecuador no es un hecho aislado en la región. Ya sucede, con mayor o menor éxito, en países como El Salvador –el descenso extraordinario de homicidios le valió a Bukele una victoria sin paliativos en las urnas–; Honduras, donde Xiomara Castro también ha aplicado el régimen de excepción para combatir a las pandillas; o México, país en el que tras 18 años de militarización –desde el Gobierno de Felipe Calderón– no se han visto mejoras sustanciales, pues este año volverá a repetir cifras récord en homicidios.

A ellos se podría sumar en un futuro próximo Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei quiere reformar la Ley de Seguridad Interior vigente con el fin de otorgar mayor poder a las Fuerzas Armadas para luchar contra el incremento de la violencia en ciudades como Rosario, epicentro del narcotráfico y escenario de la lucha de bandas para hacerse con su control.

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Tras un proceso de democratización en los años 80 y 90, que puso fin a los gobiernos militares que habían proliferado durante el siglo XX en América Latina, ahora vuelven a tener presencia en las calles sus efectivos. Para justificar esta intervención militar en seguridad, se suele argumentar que ante la ausencia de guerras entre Estados, las amenazas provienen ahora del interior, del narcotráfico y del crimen organizado, aunque también participan en otras tareas, como la defensa de las fronteras ante la creciente crisis de migración –generada en gran medida por el recrudecimiento de la violencia en países de Centroamérica–, o en tareas de asistencia durante catástrofes naturales.

«La militarización implica que a las fuerzas armadas se les den funciones con carácter cotidiano, que podríamos considerar impropias, que no tienen que ver con su rol defensivo ni su rol disuasorio. Estas pueden ser funciones sociales, de desarrollo, de seguridad interior, de colaboración en catástrofes y calamidades...», explica a ABC Rafael Martínez, investigador sénior del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), especializado en Geopolítica global y seguridad. El ejército también tiene otras funciones en América Latina menos conocidas, como son las de «desparasitar a los indígenas, quitar larvas de dengue en lagunas, la reforestación, construcción de escuelas... Es interminable la cantidad de roles que se les asigna a los militares».

Entre los motivos que han llevado a los gobiernos latinoamericanos a hacer uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, se encuentra la posibilidad de utilizar «una mayor capacidad de fuerza en seguridad pública que los policías no pueden aplicar, pues tienen unos protocolos determinados. Los militares no se rigen por las reglas de seguridad pública, pues tienen lo que se conocen como las Reglas de Enfrentamiento (ROE)», indica Martínez. «En América Latina lo que hay es una lucha contra la inseguridad y la inexistencia de una administración medianamente construida».

«Los militares aceptan nuevos roles con el fin de que les garanticen que no disminuye su número de efectivos y que no se toque su presupuesto»

Rafael Martínez

Investigador senior del CIDOB

La nueva realidad ha llevado a los militares a aceptar nuevos roles a cambio de que los gobiernos les permitan mantener algunos privilegios en tiempos de paz, como «que les garanticen que no disminuye su número de efectivos y que no se toque su presupuesto».

Es en las labores de lucha contra el crimen organizado donde las fuerzas armadas están adquiriendo mayor protagonismo, en gran medida debido al auge de estos grupos y de sus actividades criminales que tienen «que ver mucho con los mercados ilegales en Suramérica –la producción de cocaína, oro, madera, contrabando…–, así como el desplazamiento de esos bienes ilegales hacia los mercados del norte y a Europa», explica Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, en Perú, que recientemente participó en la Casa de América en una jornada sobre la violencia en el continente americano. Para el criminólogo peruano, las estructuras «muy fragmentadas y segmentadas» que conforman esos grupos organizados son las que «les permite a esas redes operar de forma muy flexible a nivel de toda la región».

Según Zevallos, de los 35 países que conforman la región, «22 muestran un incremento progresivo del crimen organizado; y, en contraste, en 20 países han retrocedido su capacidad de respuesta al crimen organizado. Estamos hablando pues de que es un problema generalizado en la región». De ahí que la prioridad en las agendas de los líderes latinoamericanos sea la seguridad pública, «por delante de la economía y la sanidad». Es por esto que muchos hayan visto en el modelo implantado por Bukele una solución a corto plazo. «Todos quieran ser el Bukele de su territorio».

El criminólogo constata que la prioridad en las agendas de los políticos latinoamericanos es la seguridad pública, «por delante de la economía y la sanidad», de ahí que muchos hayan visto en el modelo implantado por Bukele una solución a corto plazo. «Todos quieran ser el Bukele de su territorio».

Este es precisamente uno de los aspectos sobre los que alerta Rafael Martínez. «La militarización en su peor vertiente puede generar alguien como Daniel Ortega, en Nicaragua; o Bukele, en El Salvador, y terminar en militarismo, esto es, en la entrega del poder de decisión política a los militares. Ese sería el mayor riesgo».

Para Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, el uso de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y para garantizar la seguridad ciudadana todavía no es una tendencia generalizada. «En muchos casos se está tomando esa dirección pues pareciera que la situación se está yendo de control, pero al mismo tiempo, bien por motivos legales que prohíben la intervención de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno de los países, incluido en algunos casos en las constituciones; o bien por razones políticas de resistencia a lo mismo, hay países en los que todavía esto no está en cuestión, pero por supuesto el intento de emular de alguna manera por parte de algunos gobiernos, con independencia de su color político, el 'modelo Bukele' está teniendo un cierto tirón político. Honduras, por ejemplo, que tiene un Gobierno teóricamente de izquierdas, ha entrado en una dinámica muy similar…», señala Malamud.

En el caso argentino, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió al presidente salvadoreño asesoramiento. «Sí, pero eso requiere de una sanción de leyes. Y como están las cosas en Argentina, donde la agenda presidencial tiene otras prioridades, pues no creo que de momento se den pasos significativos en esa dirección, aunque -matiza el analista de Elcano- está todo el tema de Rosario, también en menor medida Buenos Aires, que van a requerir una mayor presencia policial, o por lo menos de uso de la fuerza. Y aquí es donde la presencia de las fuerzas armadas, desde algunas instancias del poder, se ve como algo positivo».

Sin embargo, la militarización en México fue muy anterior a Bukele. «El tema del narcotráfico es allí una cuestión prioritaria desde hace mucho tiempo. Ya Calderón había planteado la guerra contra la droga, y esto fue, junto a la ineficiencia de las fuerzas policiales la decisión que terminó decantando la presencia de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico», argumenta Malamud.

Si bien López Obrador, en su campaña electoral de 2018, prometió la desmilitarización de la seguridad pública del país, a lo largo de su mandato ha hecho todo lo contrario, con la creación de una Guardia Nacional que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). También ha dado al ejército la gestión de infraestructuras civiles, como aeropuertos y el Tren Maya. «La desmilitarización hubiese significado entregar el control del Estado al narcotráfico», justifica el analista.

En opinión de Malamud, «la militarización es una consecuencia del avance de los grupos criminales debido al debilitamiento en muchos países de la institucionalidad» . «Mientras los narcotraficantes y los cárteles de la droga tienen una presencia cada vez más internacionalizada, con una base regional muchos más extendida –tenemos cárteles brasileños en Paraguay; cárteles mexicanos en Ecuador; el Tren de Aragua en Chile…–, y los grupos criminales empiezan a tener un grado de coordinación mayor y más eficiente, los Estados siguen haciendo cada uno la guerra por su cuenta. No es solo una cuestión de orden interno, sino que regionalmente están en una situación de debilidad», subraya.

«La militarización es una consecuencia del avance de los grupos criminales debido al debilitamiento en muchos países de la institucionalidad»

Carlos Malamud

Investigador principal del Real Instituto Elcano

Ante las voces críticas que alertan sobre el riesgo de que la militarización erosione la democracia, Malamud es consciente de que «la ecuación entre seguridad y libertad es complicada. Es obvio que la presencia de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico podría afectar la democracia. De alguna manera, cuando muchos gobiernos de izquierda en la región insisten en la idea de que a los movimientos sociales no se los reprime, y que la represión policía tiene que ser secundaria, de alguna manera se está abriendo la puerta a una mayor presencia del narcotráfico, un narcotráfico que tiene capacidad de corrupción de policías, militares, jueces... Y empieza desembarcar en la política, en encargos selectivos, lo cual es un verdadero peligro para la democracia. Son cuestiones que requieren soluciones integrales, no parciales, que es en lo que se está insistiendo en algunos países.

Sobre el uso de los militares por tener un más amplio margen de actuación, Malamud lo cuestiona. «No lo creo. Las fuerzas militares están más limitadas que las policiales. Lo que sucede es que en algunos países, cuando se echa mano de las fuerzas se declara el estado de excepción, lo cual permite una mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza. Pero a priori el control del uso de la fuerza en los cuerpos militares es mayor…», sostiene.

Tampoco considera que la valoración de las fuerzas armadas haya variado mucho tras el incremento de su presencia debido a fenómenos como el control de la inmigración en las fronteras o la pandemia del Covid. «Hubo voces en América Latina que alertaron de que esto podría derivar en una militarización del espacio público en algunos países, pero lo cierto es que la pandemia también fue aprovechada por los cárteles de la droga para expandir su presencia en algunos países, el caso de Ecuador es muy claro».

El analista de Elcano considera que el peso de los militares actualmente no es comparable con el que estos tenían en los años 60 o 70 en la región: «Su presencia política y su presupuesto ha disminuido, y la vocación que tenían de intervenir en los asuntos públicos también». Tampoco en lo que respecta a su papel represivo en el pasado: «Lo vimos durante las movilizaciones callejeras en 2019 en Chile, en las que el presidente Piñera llamó a las fuerzas armadas a participar en la represión y los militares se negaron en redondo, salvo que hubiera autorización expresa del Parlamento. En Perú, las reticencias del ejército para inmiscuirse en asuntos políticos que pudieran tener consecuencias penales para ellos también es marcada».

«Se trata de una estrategia que rara vez ayuda a frenar la violencia y en cambio puede aumentar el riesgo de violaciones de derechos humanos»

Juan Pappier

Subdirector de la División América de HRW

Es por ello, que el analista no se muestra especialmente preocupado por el actual incremento de la militarización en asuntos de la seguridad pública en América Latina: «Depende de los casos, hay que analizar país por país. En el caso salvadoreño, sí es preocupante; en el mexicano, creo se ha perdido un poco el control y el Gobierno de López Obrador no ha sabido dar las respuestas adecuadas a la resolución de la crisis. Pero no sacaría conclusiones generales», remata.

Las posturas más críticas vienen de ONG como Human Rights Watch (HRW), que considera que si bien «hoy la expansión del crimen organizado es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en América Latina, muchos gobiernos, incapaces de dar respuesta a este clamor legítimo han acudido a la militarización de la seguridad pública», señala a ABC Juan Pappier. Para el subdirector de la división América de HRW, «se trata de una estrategia que rara vez ayuda a frenar la violencia y en cambio puede aumentar el riesgo de violaciones de derechos humanos».