Salto cualitativo de la violencia que enfrenta el Estado chileno en zonas mapuches

Sin, de momento, una autoría clara del atentado que costó la vida a los tres carabineros cabe constatar, no obstante, que la violencia en las regiones de Biobío y La Araucanía, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, ha entrado en formas de lucha armada. Ya en diciembre, miembros del Ejército recibieron disparos de encapuchados cuando acudieron a levantar unas barricadas. La publicación en octubre de 2021 de un vídeo en el que un grupo radical aparecía portando armas largas preanunciaba ya un salto cualitativo del conflicto.

El Gobierno de Piñera reaccionó entonces decretando el estado de excepción en esa parte del país y enviando allí 900 soldados. Desde entonces el Ejército ha estado colaborando en la seguridad de esa Macrozona Sur junto con los carabineros, la Policía militarizada chilena. La oposición de izquierda fue muy crítica con esa actuación gubernamental, pero luego el presidente Gabriel Boric no ha tenido más remedio que mantener el estado de excepción.

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La presencia de las fuerzas de seguridad ha evitado hasta ahora un aumento de hechos violentos, como destrozos de maquinaria forestal o incendios de infraestructuras, pero todo indica que la radicalización de los activistas ha seguido su curso. El despliegue policial y la acción judicial ha descabezado parcialmente algunas organizaciones, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo líder, Héctor Llaitul, fue declarado culpable la semana pasada y se encuentra a la espera de condena. No obstante, un nuevo grupo, que la semana pasada protagonizó un ataque incendiario, se está articulando con el nombre de Liberación Nacional Mapuche (LNM). Estas siglas se suman las de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y de Weichán Auka Mapu (WAM).

La muerte de los tres carabineros, tiroteados cuando salieron de su camioneta para repeler el ataque de que eran objeto –sus cuerpos fueron luego quemados junto con el vehículo–, ha supuesto un incremento del respaldo de la población a ese cuerpo, cuya imagen en el pasado se había visto lastrada por su papel en la dictadura de Pinochet. Según la encuestadora Cadem, el apoyo a los carabineros alcanza un 84%. El sondeo, llevado a cabo tras el atentado, muestra que el 88% de los chilenos está de acuerdo con el despliegue de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, y que el 77% apoya el estado de sitio decretado en algunas localidades de la Macrozona Sur.

La mano dura que está anunciando el gobierno de Boric –se ha comprometido a impulsar las reformas necesarias para que la cadena perpetua se cumpla del todo y ha enviado un refuerzo militar a la zona conflictiva– viene a resaltar la figura de Piñera. Ya su muerte el pasado mes de febrero, ocurrida cuando se estrelló el helicóptero que pilotaba, sirvió para que muchos de sus críticos reconocieran que en sus dos presidencias de derecha (2010-14 y 2018-22) Piñera había gobernado de modo razonable y con indudables aciertos.

Las protestas que hubo entre octubre de 2019 y marzo de 2020 empujaron a Piñera a medidas coercitivas en materia de orden público, con un despliegue más contundente de las fuerzas de seguridad, pero el rechazo social que luego se ha dado contra los excesos de la extrema izquierda en aquellos días y el continuado recurso de Boric –líder de un sector ideológico en aquellas protestas– al Ejército para combatir la violencia en la Macrozona Sur, vienen a avalar a Piñera. La mejora de la apreciación hacia los carabineros, que en el último año han sufrido diversas bajas por un aumento de la inseguridad ciudadana, permite lecturas menos rígidas sobre la actuación del cuerpo en la anterior presidencia.