Historia de una impunidad

Estamos ante una invasión sin precedentes en la esfera jurisdiccional de un tribunal de garantías políticas en las competencias de la justicia ordinaria, cuyo órgano de casación es el Tribunal Supremo. Y un órgano de garantías constitucionales, ni puede anular las pruebas acreditadas en procedimientos judiciales, ni puede extralimitarse con interpretaciones alternativas sobre delitos, como la prevaricación y la malversación, juzgados y ratificados en primera y segunda instancia.

Pero, desde la perspectiva política, lo más importante es la denuncia implícita que la providencia de la Audiencia sevillana deja caer sobre si se han cumplido las exigencias internacionales y el derecho europeo en la lucha contra la corrupción. Y esto importa porque confirma el escándalo que estaba provocando en la sociedad andaluza el triunfalismo con el que los agraciados de una sentencia torticera estaban sometiendo al sentido común de los andaluces.

Ante el mayor escándalo de la democracia, la corrupción de los ERE, lo mas indignante es que se pretenda sacar pecho porque un tribunal de amigos y compadres, del que incluso forman parte miembros colaboradores de los condenados, alardee de que todo fue un montaje de la oposición, cuando no hay pueblo andaluz donde no se conozca algún caso del gatuperio malversador.

La experiencia andaluza en este tema nos permite distinguir a dos clases de políticos. Los que quieren servir a su país siguen criterios democráticos y adoptan medidas de control y transparencia del gasto público. Por contra, el que quiere aprovecharse del poder y servir sus intereses, evita el control y elude la transparencia. En este segundo caso, cuando esa voluntad de control se instrumentaliza, los políticos se conjuran para constituir un régimen en el que los intereses del partido se confunden con las instituciones, convertidas en meros instrumentos para perpetuarse en el mismo. Esto último es lo que vivimos en Andalucía durante décadas, y por eso será difícil que nos vuelvan a dar gato por liebre.

El PSOE andaluz montó un sistema para utilizar de modo arbitrario y sin control el dinero público. Los presupuestos se aprobaban sin posibilidad de enmiendas porque contaban con una mayoría absoluta que rechazaba cualquier medida de control, como así, reiteradamente, hacia el PSOE. Sabido es además, y así quedó acreditado en autos, que la mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías, omitía en las reuniones previas a la aprobación de las partidas irregulares, los informes contrarios de la Intervención General de la Junta.

El instrumento para crear el conocido como «fondo de reptiles» fue la partida presupuestaria 31 L, gracias a la cual se desviaba, de manera indigna y sin control político y administrativo, el dinero destinado a desempleados y empresas en crisis a distintos amiguetes del socialismo andaluz, o se gastaba en corruptelas de toda índole. La artimaña informática para hacer operativo el fraude era la famosa clave 14 que permitía detraer de la contabilidad obligaciones de pago, en cuya virtud acreedores y proveedores de la Junta eran borrados de la contabilidad oficial y enviados al limbo, lo que permitía ocultar deudas importantes para engañar en el déficit oficial.

Esa es la verdad política. La verdad judicial la determinó la Audiencia de Sevilla y la ratificó el Tribunal Supremo, cuyo rigor jurídico pretende poner en entredicho un Tribunal Constitucional copado por un Pedro Sánchez que es el paradigma ideológico de un político ambicioso, sin principios, al que le molesta el control parlamentario y la independencia del poder judicial y de la prensa libre. Por ello es acertado que la Audiencia sevillana plantee, una vez oídas las partes, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez que las legislaciones de los estados miembros deben supeditarse a los principios del derecho comunitario que presta especial atención a la lucha contra la corrupción.

Pretender que una ley, por sí misma, es garantía de impunidad es tanto como aceptar que unos legisladores, que controlan con mayoría absoluta un parlamento, puedan disponer el exterminio de una raza determinada. Esa situación límite, extraída para concienciarnos de hasta donde nos puede llevar el dislate, es lo que pretende trasladarnos el sanchismo instalado en el Tribunal Constitucional: como yo mando, puedo hacer lo que me venga en gana. Y eso con un gobierno en minoría…

SOBRE EL AUTOR

Luis Marín Sicilia

Notario