Asfixia, quemaduras y latigazos: aumenta la tortura cubana en Venezuela

La OEA ha presentado este jueves el último informe, realizado por el Instituto Casla, de crímenes de lesa humanidad del chavismo en pleno año electoral

Uniforme militar cubano abc

Corresponsal en Washington

02/05/2024
Actualizado 04/05/2024 a las 09:49h.

«Me quemaron los pies con un cautín caliente, me mojaban con agua fría todo el día y la madrugada», afirma una víctima de la tortura en Venezuela. «Fueron tantas las torturas que recibí que deseaba morir porque ya no las aguantaba. Esas torturas las ... dirigía las realizaban militares cubanos. Todo lo que se hacia adentro lo dirigían los cubanos, les daban instrucciones a los militares venezolanos. ¿Como sé que eran militares cubanos? Porque en una ocasión en que me desmaye, cuando volví en mí, logre quitarme la capucha, lo que me habían puesto en el rostro, y pude percatarme que el uniforme era diferente, las insignias eran diferentes», añade.

Este es uno de los testimonios que recoge el más reciente informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentado este 2 de mayo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Una de las principales conclusiones del autor, el Instituto Casla, es que oficiales cubanos participan en la planificación y ejecución de actos de represión en Venezuela, y son ya una parte crucial en actos de tortura teóricamente penados por el derecho internacional. Esto apunta a una colaboración más profunda y sistemática entre los regímenes de Venezuela y Cuba en la represión política y la violación de derechos humanos.

El informe del instituto Casla destaca «el protagonismo tomado por los oficiales enviados por el Gobierno cubano en la represión, planificación, inducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad, a partir de la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia». Añade que «es Nicolás Maduro quien dirige y autoriza la plena actuación de los oficiales cubanos en la planificación, inducción y ejecución de los crímenes de lesa humanidad como la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual que además suma la violencia de género».

Este es el séptimo informe de este tipo que el instituto Casla presenta en la OEA. Según ha dicho el secretario general, Luis Almagro, en la presentación, «al identificar la cadena de mando en la comisión de estos crímenes, es decir, establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructuras represivas, Casla aporta información valiosa e imprescindible a los efectos de actuaciones de la Corte Penal Internacional y según se definen y tipifican los crímenes de lesa humanidad».

El informe, elaborado con entrevistas a víctimas y testigos de represión y torturas y con documentos secretos obtenidos por el instituto Casla, recoge una serie de abusos denunciados ante la Corte Penal Internacional, entre los que se encuentra el uso sistemático de descargas eléctricas, incluso en partes íntimas, clasificándolo entre los métodos más dolorosos. Además, los torturadores emplean bates de béisbol envueltos en sábanas para golpear sin dejar marcas visibles, añadiendo un componente psicológico al no dejar evidencia física de la agresión.

La asfixia es otra técnica común, realizada incluso en lugares donde deberían estar seguros los presos, como clínicas médicas. Las víctimas también se enfrentan a lo que se conoce como «torturas blancas», siendo expuestas a fríos extremos que les causan sufrimientos prolongados. Complementando la tortura física, se utilizan amenazas constantes y intimidación a familiares, sembrando terror y desesperanza entre los detenidos.

Según dice el informe, «las víctimas dicen que la represión sistemática continua, que no cesan, y que el régimen se radicaliza y ensaña contra los que se atreven a denunciarlo o los que se oponen de frente a la imposición de un estado autoritario». La represión interna en Venezuela, tanto a disidentes como a familiares, implica que «un número importante de víctimas y familiares que se encuentran en Venezuela tienen temor a persecución, acoso y encarcelamiento si declaran para la Corte Penal Internacional. Varias víctimas que se encuentran en el exterior tienen miedo al espionaje del régimen, en países donde se conoce de la presencia de agentes venezolanos, y tienen temor a ser ubicados».

Asesinato de Ojeda

El informe hace de hecho referencia a casos como el del teniente Ronald Ojeda, asilado en Chile, un militar venezolano que fue asesinado tras ser extraído encapuchado de su residencia en la madrugada del pasado 21 de febrero por un grupo armado. Los atacantes fueron identificados por el fiscal Héctor Barros como miembros de la organización criminal Tren de Aragua, movilizados desde Venezuela y con un móvil político. Casos como este revelan que la represión en Venezuela tiene también alcance internacional.

La directora del instituto Casla, Tamara Suju, dijo que «esta persecución se ha vuelto más cruel e incisiva y lo que trata es de desmantelar cualquier coordinación que haya dentro de la sociedad civil lo que trata es de atemorizar a todo aquel que quiera apoyar al partido Vente Venezuela al que declararon un grupo terrorista». Añade que «a pesar de que no se ve su masividad, la represión es sistemática, generalizada, las torturas, tratos crueles, violencia sexual, las detenciones arbitrarias, la persecución, continúan, no han cesado».

El informe además revela una unidad clandestina llamada Coordinación de Protección al Orden Democrático, un órgano dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la agencia de inteligencia venezolana. La CPOD juega un papel crucial en la estructura represiva del régimen de Maduro, según se detalla en el documento, pues supervisa y controla cualquier actividad considerada amenazante por el Gobierno, lo que a menudo implica la vigilancia y represión de opositores políticos.

Además, la unidad lleva a cabo operaciones de inteligencia, infiltrando y siguiendo a individuos y grupos de interés, como políticos y activistas contrarios al régimen. La CPOD también se ocupa de la educación y formación de nuevos agentes, proporcionando guías detalladas sobre el uso de la fuerza, lo que refleja un enfoque sistemático y riguroso en la gestión de operaciones internas y la implementación de tácticas represivas.

Zonas sensibles y dolorosas

El instituto Casla apunta además a la existencia de una Guía de Instrucción Básica en el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial usada por el SEBIN, que incluye protocolos y tácticas severas de tortura. Esta, dice el informe, es un compendio de métodos de sometimiento que sirven además, para mostrar zonas específicas sensibles y dolorosas «donde cualquier otro método de tortura, como descargas eléctricas, presión con objetos metálicos o puntiagudos, latigazos, cortaduras o quemaduras, golpes con palos, tubos, culatas de las armas, etc, funcionaría para elevar el dolor y conseguir lo que ellos quieren de las víctimas, que es lo que han hecho con presos políticos de oposición».

Un testigo entrevistado por Casla, que usó ese manual, afirma: «El problema es que ellos lo hacen pasar por entrenamiento... por ejemplo, ellos no van a decir: mira tú vas a torturar de esta forma, tú vas a hacer, no, ellos pasan la guía y esto es un entrenamiento básico de la forma en cómo se puede aplicar técnicas para no generar evidencia en las personas, entonces lo encubren, como entrenamiento de un policía, pero después, analizas y te das cuenta que te están entrenando para aplicar métodos de tortura, y eso es torturar a la gente». Según dijo Almagro, «en pocas palabras, se trata de un verdadero «manual de represión y tortura».