La ley de bomberos busca una respuesta «homogénea y eficiente» en toda Castilla y León

Miriam Antolín

VALLADOLID

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28/03/2025
Actualizado a las 09:07h.

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Luz verde al anteproyecto de ley de coordinación de los servicios de bomberos de las entidades locales. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un texto «importante», según ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que busca la «ordenación» de los recursos para una prestación «homogénea» y «eficiente» respetando la «autonomía de los ayuntamientos» y que esté, además, alineada con los «estándares nacionales y europeos». Como novedades, ha explicado que se trata de un texto que regula la figura del personal colaborador, que engloba a los voluntarios y al personal de empresas privadas. Establece, además, que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que prestar «obligatoriamente» el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, mientras que en los menores es voluntario, «salvo que lo asuman las diputaciones provinciales». Determina, en este mismo sentido, los criterios para la ubicación de los parques de bomberos

A lo largo de sus 56 artículos establece también la creación de un registro de estos servicios, una comisión de coordinación como «órgano consultivo» y el hecho de que «por cercanía» las entidades de mayor tamaño puedan llegar a «acuerdos en la prestación».

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El anteproyecto de ley se encarga de la ordenación del personal mediante la regulación de los cuerpos y categorías y los sistemas de acceso. Habla incluso de «bases comunes de selección» para establecer también en ese sentido «homogeneidad». Además, según ha detallado el consejero, existe la posibilidad de llevar a cabo un «proceso unificado» entre las entidades que quieran «delegar» esa función en la Junta de Castilla y León, al estilo de lo que ya se ha hecho con las policías locales.

Otro de los aspectos que incluye el texto es el de impulsar medidas para la igualdad de género de forma que existe un «mandato especial» para «el acceso de las mujeres» a este cuerpo profesional, detalló Suárez-Quiñones. Entre los elementos que se consideran «obligatorios», recoge la formación «básica» y «continua» de acuerdo con un plan anual. Como derechos, se considera esa preparación, disponer de equipo adecuado y seguro de vida y como obligaciones figuran «la permanencia en el servicio hasta el relevo y el mantenimiento de la preparación física». Por último, esta normativa «compleja y trabajada», según el consejero, establece el régimen disciplinario y las sanciones.