La subida del IPC eleva la factura de pensiones en 17.000 millones para 2023

Pero al margen del impacto presupuestario de la escalada del IPC, la Seguridad Social también tendrá que afrontar un sobrecoste en la partida anual de las pensiones de jubilación por el efecto de reposición de las mismas. En el conjunto del año, la diferencia económica entre el coste de las pensiones que salen del sistema y las que entran (de 1.500 euros mensuales de media, un 15% mayor a las vigentes) podría agregar hasta 3.000 millones de gasto extra pensiones. Llegando a rebasar la cantidad de 17.000 millones de sobrecoste en el conjunto de 2023. La generación del 'baby boom' comenzará a jubilarse en 2023 y tras largas carreras de cotización. Fue la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas en un momento en que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral.

«No es un efecto que se note en la nómina de pensiones del mes, sino del conjunto del año», explica a ABC el economista Javier Santacruz, recordando que el mayor número de bajas en el sistema que se produjo con motivo de la pandemia está permitiendo que el efecto de la reposición aún no sea relevante al estar absorbiendo el gasto extra de las mayores pensiones que entran en la Seguridad Social.

Sin embargo, advierte Santacruz que «las cifras [del IPC] son negativas porque si llegamos al mes de julio con una inflación del 10,8% es materialmente imposible bajarla del entorno del 6-7% antes de noviembre», lo que marcaría el nivel de subida de las pensiones del próximo año, y también de los sueldos de los funcionarios. Avisa este experto que esta situación podría comprometer las cuentas públicas en su conjunto. «En el conjunto del año el IPC quedará en el entorno del 8%», aventura el experto en declaraciones para ABC.

Aunque parece que será complicado calcular con concreción la evolución de los precios en los próximos meses, más aún tras la entrada en el tablero económico de las subidas de tipos que ya están efectuando los Bancos Centrales para contener la escalada. Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) revisó las previsiones de inflación para el año, que situó en el 7,8%. Ante ese escenario, la propia presidenta de la institución, Cristina Herrero, reconoció que el coste rebasaría los 15.000 millones, que supone 2.000 millones más que los previstos hace algunos meses, cuando el IPC medio del año apuntaba al entorno del 5 al 6%.

«Las subidas de tipos que se llevan a cabo para reducir la inflación conllevan inevitablemente un enfriamiento de la economía. Para frenar la inflación no te queda otra que provocar una recesión», señala Santacruz.

En este punto, sí que parece claro que la Seguridad Social afrontará la abultada factura con los recursos propios y también con financiación extra procedente de los Presupuestos. Así lo reconocía el Ejecutivo en la aprobación del techo de gasto, en el que se ha incluido una transferencia por valor de 20.000 millones para cubrir el déficit del sistema y poder hacer frente a los compromisos de gasto.

El fuerte desembolso no va a impedir que el Gobierno aplique la ley en su literalidad. Así lo aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de balance del curso político, en el que aseguró que «las pensiones se revalorizarán con el IPC en 2023» sin ambages. Una posición en la que ha venido insistiendo el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Es irrevocable», dijo sobre la indexación.

Aquí, entrará en juego la baza que el Gobierno tiene en el aumento de los ingresos tributarios, y más concretamente de la recaudación de cotizaciones sociales. La fuerte recuperación del mercado laboral, con 20,4 millones de ocupados, ha provocado un repunte notable de los ingresos de la Seguridad Social. El organismo público anunció ayer que en los seis primeros meses del año se ha producido un aumento del 8,4% respecto a los ingresos del ejercicio 2021 (5.325 millones más), hasta un total de 69.051 millones.

En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,7% (7.755 millones más). De esta forma, el crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales alcanza su máximo histórico en los últimos 15 años, en el acumulado de enero a junio (sólo por detrás de 2007, año de intensa creación de empleo).

Además, y al margen de la inyección presupuestaria prevista para el próximo año, las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden ya este año a 23.858 millones, con un aumento del 20% respecto a las recibidas hace un año.

La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 21.645 millones (un 22,1% más). Este incremento tiene su origen, principalmente, en la percepción de ingresos del Estado para el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto Toledo 2020 (3.721 millones de euros más) que hace referencia a la separación de fuentes de financiación destinada a sacar de las cuentas del organismo los denominados gastos impropios, es decir, las prestaciones de naturaleza no contributiva. Para cubrir el 100% de estos gastos, el propio Ejecutivo prevé necesitar una transferencia de 23.000 millones de euros al año.

A medida que se van conociendo datos de inflación el problema de ligar las nóminas de los jubilados a los precios sube de temperatura. Según los datos adelantados del INE conocidos ayer el IPC escaló hasta el 10,8% en julio, seis meses más que el mes anterior, hasta alcanzar su nivel más alto desde 1984. Y la inflación subyacente, la que se calcula sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumenta seis décimas, hasta el 6,1%, la más elevada desde 1993. Una senda descontrolada que ha decantado al BCE a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, en su primer aumento del precio del dinero desde 2011, además de advertir de que acometerá más subidas en próximas reuniones.

La energía, la comida, la presión de la demanda de las familias y la vuelta de los turistas están contribuyendo a elevar los precios en plena temporada turística, lo que obligará a las familias a racionalizar, en algún caso, sus presupuestos.