Los dos millones de trabajadores con salario mínimo cobrarán un 41% menos que los jubilados pese a la nueva subida

Ya de entrada, cabe recordar que el aumento del SMI anunciado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es 0,5 puntos porcentuales inferior a la aplicada para los más de nueve millones de beneficiarios de una pensión de la Seguridad Social. El resultado de esta operación con la que el Ejecutivo cierra el ciclo de revalorizaciones aplicables a las rentas y sueldos dependientes de la Administración Pública es que las pensión media de jubilación del régimen general escaló en enero hasta los 1.527,8 euros.

Esta cuantía, como se ha mencionado, es un 41% menor que el nuevo SMI que según apuntan UGT y CC.OO. afecta al 13,7% de la población asalariada en España, pero también es un 44% inferior que la renta que la Seguridad Social otorga de media a los nuevos jubilados del régimen general que se encuentra en torno a los 1.559,3 euros mensuales.

Por contra, la subida que aplicará el Gobierno en los próximos días con carácter retroactivo a 1 de enero sí que será más generosa que la experimentada por algo más de la mitad de la población asalariada española que se situaba en torno a los 16,7 millones de afiliados a cierre del pasado ejercicio. Esos nueve millones de trabajadores que se encuentran sujetos a convenio experimentaron durante el pasado año un alza medio del 2,7%, según la estadística oficial del Ministerio de Trabajo, es decir, tres veces menos que la revalorización prevista para este año para los empleos peor remunerados.

En este punto, el impacto directo que tiene esta realidad sobre la economía del país está en el propio sistema de pensiones. Como se ha deslizado, son las cotizaciones de los 20,1 millones de trabajadores en alta en nuestro país las que se encargan de financiar las prestaciones de los -ahora- algo más de nueve millones de pensionistas. En términos generales, el Gobierno arroja para este año un déficit en la Seguridad Social de entorno al 0,5% del PIB. Es decir, unos 6.000 millones de euros.

Ahora bien, el loable objetivo de sanear las cuentas del sistema de pensiones se ha logrado principalmente a un ajuste contable: la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. En síntesis, esta operativa fijada por ley en la reforma impulsada en 2021 por el gabinete dirigido por el ministro José Luis Escrivá, supone extraer del presupuesto de la Seguridad Social los denominados «gastos impropios». Estos son todos los pagos que se realizan sin una contrapartida en forma de cotizaciones. Es decir, se conceden pese a no haber contribuido para tal fin a las arcas públicas.

Si efectivamente sacamos del sistema todos los gastos no contributivos, pero también limpiamos las fuentes de ingresos del sistema y nos fijamos solo en el nivel de cobertura de gasto que permite la recaudación de estas cuotas, se extrae el denominado como déficit contributivo de la Seguridad Social. Dicho de otra forma: cuánto más deberían de aportar los trabajadores para que el Estado pueda hacer frente a la factura de las pensiones sin necesidad de dinero extra. El resultado que arroja el análisis realizado el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, conformado por media docena de catedráticos y expertos en la materia pertenecientes a la Universidad de Valencia, Universidad de Extremadura y Universidad Rey Juan Carlos, está lejos del triunfalismo que si expone la estadística oficial al respecto.

Concretamente, este déficit se sitúa en 2022 en torno al 1,99% del PIB, el cuádruple del reconocido por el Gobierno tras la separación de gastos impropios. Según los expertos, el desequilibrio asciende hasta los 25.846 millones de euros. «La revalorización de las pensiones se ha convertido en el componente que más aporta al crecimiento del gasto en pensiones», señalan los autores del análisis sobre la senda de gasto ascendente que aplicará la revalorización con el IPC -solo el 8,5% de 2023 agregará unos 15.000 millones a la factura anual, que ascenderá a la mastodóntica cifra de 190.000 millones de euros-.