El juicio a Villarejo y exdirectivos de Repsol y Caixabank se celebrará en enero de 2025
La Audiencia Nacional pone fecha a la vista en la que las dos compañías y la Administración del Estado responden subsidiariamente
El tribunal de apelación verá en mayo los recursos contra la primera condena al comisario por sus actividades
El 20 de enero de 2025 arrancará el juicio contra el comisario José Manuel Villarejo y los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank, así como un directivo de la petrolera, acusados de delitos de cohecho y revelación de secretos por un presunto encargo a la empresa del policía retirado para espiar al constructor Luis del Rivero, de Sacyr, en los años 2011 y 2012.
Según el decreto de la sección que juzgará los hechos al que tuvo acceso ABC, las sesiones lo serán de mañana y se prolongarán durante un mes, hasta el 20 de febrero, aunque el calendario preliminar podría sufrir modificaciones en función de lo que se vayan extendiendo las distintas fases de la vista, como es habitual.
Tiene así ya fecha esta pieza separada de la macrocausa sobre las actividades del polémico comisario, que ha alcanzado ya las 48 líneas independientes de investigación, la última incoada hace apenas unos días, y mientras sigue en el aire pendiente de recurso la sentencia dictada sobre otros tres proyectos análogos de Villarejo en los que el tribunal no encontró indicios de un delito de cohecho y condenó sólo por revelación de secretos y falsedad documental.
Anticorrupción pide 40 años de cárcel para Villarejo por el espionaje a Del Rivero sobre Repsol y Caixabank
Solicita condenas de 21 y 28 años de cárcel para los que fueron jefes de Seguridad de las dos empresas, que no están procesadas como personas jurídicas
En este caso se trata de la pieza número 21, el proyecto 'Wine', por la que llegaron a estar las dos empresas imputadas como personas jurídicas así como sus primeros espadas en la época de los hechos, Isidro Fainé (Caixabank) y Antoni Brufau (Repsol). Ambos resultaron exonerados, como informó este diario, por falta de indicios de que conociesen que sus jefes de seguridad hubiesen recurrido a Villarejo, igual que se archivó la causa para las compañías al no ve quiebras en las políticas de compliance.
De parte de la petrolera, están acusados el directivo del área de Seguridad Corporativa Rafael Rafael Girona, que afronta 21 años de prisión, y el que fue jefe de Seguridad, Rafael Araujo, para el que Anticorrupción solicita hasta 28 años de cárcel. Siete años menos insta para su homólogo en Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, mientras el comisario Villarejo tiene por delante una petición de 40 años de prisión y Rafael Redondo, abogado en sus empresas, 30 años.
En cuanto a las compañías, el auto de apertura de juicio oral ya fijaba que respondan, igual que la Administración General del Estado -en tanto que Villarejo era un funcionario en activo-, en calidad de responsables civiles subsidiarios en caso de condena.
El proyecto 'Wine'
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los hechos tuvieron lugar a partir del año 2011, cuando el grupo mexicano Pemex y Sacyr Vallhermoso, accionistas de Repsol, llegaron a un pacto que les permitiría controlar el 29,8 por ciento del capital de la compañía sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones, lo que tendría a su vez impacto en Caixabank, accionista de referencia de la energética.
Para afrontar esta situación, «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas, una de las cuales fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona», conforme reza el relato acusatorio.
Y ambos, cumpliendo así órdenes de unos «superiores» que se mencionan de este modo en el escrito de Anticorrupción pero que no fueron nunca procesados, contactaron con Villarejo para acometer la tarea «a sabiendas» de que era comisario de Policía en activo y precisamente porque «podía servirse de dicha condición» para acceder a «información de carácter reservado» en torno a Luis del Rivero y su pacto con Pemex. Se habrían hecho, entre otros datos, con los tráficos de llamadas del empresario y su jefe de seguridad.
El desarrollo del proyecto corrió a cargo del Grupo Cenyt, el conglomerado empresarial de Villarejo, y los pagos ascendieron a 389.400 euros que asumieron a medias las dos compañías y que reflejan seis de las facturas intervenidas en su día en las entradas y registros de las dependencias del comisario. Anticorrupción asegura que los conceptos, además, estaban falseados.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete