Los funcionarios avisan a Yolanda Díaz: «Nadie quiere trabajar en el SEPE»

Los funcionarios alertan de que, a consecuencia del mal funcionamiento del organismo, los empleados públicos no quieren trabajar en el SEPE. Relatan que en la última oferta de empleo casi la mitad de las plazas se quedaron desiertas mientras la carga de trabajo ha crecido un 30% en el último mes.

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José María Camarero

El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración, ha trasladado al Grupo Popular un informe sobre la situación del organismo, en el que avisa de las dificultades de la plantilla para afrontar la gestión de la cita previa presencial, «muy inferior -explican- a la que se demanda a diario por parte de los usuarios». En enero se atendieron 577.422 citas, frente a las 434.741 de diciembre de 2024, un 32% más.

Recuerdan que el 52% de las unidades del SEPE están infradotadas de personal, con grandes déficit las de Barcelona, Girona, Lleida y Madrid, que el 56% de la plantilla tiene más de 50 años y que el 20% está a las puertas de la jubilación. Y que un total de 598 plazas de las 1.374 que se ofertaron en el último concurso, el 44%, ha quedado sin cubrir, «lo que evidencia la falta de interés en trabajar en el SEPE por parte del resto de trabajan en la Administración, a consecuencia de las deficientes condiciones laborales», dice el sindicato que dirige Miguel Borra.

En la misiva enviada a la ministra de Trabajo adelantada por ABC, los funcionarios explicaban la «gravísima carencia de efectivos». Decían que el SEPE debe ser «el servicio público de primera línea de vanguardia ante las gravísimas consecuencias del desempleo, y de eminente atención presencial», pero que en los últimos diez años ha perdido 3.500 trabajadores.

Durante la pandemia el SEPE ya entró en colapso. Recordaban los funcionarios en la carta a Díaz que en aquel momento, en el que tuvieron que gestionar las prestaciones por paro ligadas a los ERTE, reclamaron un aumento de plantilla, más inversión en medios tecnológicos que simplificaran los procedimientos y más inversión en aplicaciones para evitar nuevos ataques informáticos como los vividos en 2021, además de la implantación de la jornada de tarde de forma voluntaria para gestionar más carga de trabajo.

Recordaban que se aprobaron 926 plazas, que no llega a suplir las 1.200 bajas por jubilación que se han producido en tres años, y que, pese al «evidente esfuerzo» que se está haciendo con los fondos europeos, «las aplicaciones y sistemas con los que trabajamos diariamente dejan mucho que desear». Igualmente se quejaban de que existen «constantes incidencias», todos los días y que las aplicaciones «se cuelgan», lo que impide «la agilidad precisa en el reconocimiento de prestaciones sobre todo cuando se produce el cierre de nómina mensual».

Y respecto a trabajar por las tardes aseguran que no es posible gestionar la carga de trabajo diaria, no sólo presencial, también la recibida a través de distintos canales telemáticos, y que no es posible ofrecer una oferta acorde a la demanda de cita presencial.

Según CSIF, la carencia de trabajadores está impidiendo «un efectivo control de las prestaciones, labor fundamental del SEPE -dicen-a efectos de gasto». Afirman que ante dicha carencia, «la premisa es abonar las prestaciones en el menor tiempo posible volcando el máximo de los exiguos recursos de que disponemos y evitando, con ello, el poder realizar las acciones tendentes a la comprobación y verificación de las prestaciones aprobadas». Y alertan de que se está produciendo la caducidad o prescripción de los procedimientos de cobro indebido.

Ahora CSIF exige al Gobierno 2.500 nuevos empleos estructurales y actualizar los actuales, de forma que se consiga que sean atractivos en el aspecto retributivo y permita, no solo la fidelización de los efectivos actuales, también la atracción de efectivos de otros departamentos y organismos de la Administración».