La Audiencia Nacional abre juicio oral a exdirectivos de Caixabank y Repsol por contratar a Villarejo

En el banquillo de los acusados tendrán que sentarse también el socio del comisario, Rafael Redondo; el exjefe de Seguridad de Caixabank, Miguel Ángel Rancaño; el exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo; así como un exdirectivo de la compañía, Rafael Girona. Para ellos Anticorrupción pide penas de entre 30 y 21 años de cárcel.

En esta pieza llegaron a estar investigadas Repsol y Caixabank en calidad de personas jurídicas y sus presidentes en el momento de los hechos, Isidro Fainé y Rafael Brufau, pero fueron exonerados por falta de indicios. No obstante, ambas empresas- según el auto al que tuvo acceso ABC- deberán responder como responsables civiles subsidiarios y también tendrá que hacerlo la Administración General del Estado dado que el comisario era un funcionario público en el momento de los hechos.

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De esta manera, en caso de condena y de que los acusados no paguen los 8.000 euros previstos en concepto de indemnización para dos de los perjudicados- Rodrigo Álvarez, jefe de seguridad de Sacyr y Fernando Ramírez Mazarredo, exdirector financiero de Repsol-, el Estado, la entidad bancaria y la energética deberán hacer frente al abono. Así lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando, según relata la Fiscalía Anticorrupción, el grupo mexicano Pemex y Sacyr Vallehermoso, accionistas de Repsol, alcanzaron un acuerdo que les iba a permitir «controlar sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) un 29,8% del capital de Repsol», casi un tercio, «con las consecuencias que de ello se derivaban para los directivos de la compañía y para Caixabank, accionista de referencia».

Para hacer frente a esta situación, -expone la Fiscalía- «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas, una de las cuales fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona».

Anticorrupción sostiene que «con la finalidad de cumplir el mandato de sus superiores» (ninguno ha sido procesado), en octubre de aquel año contactaron con Villarejo «a sabiendas» de que estaba activo en el Cuerpo Nacional de Policía y de que «podía servirse de dicha condición», dado «el acceso que desde su posición tenía a información de carácter reservado», para hacer averiguaciones en torno a Luis del Rivero y aquel pacto con Pemex.

«Dicha investigación contratada se fue ampliando con posterioridad en virtud de diversas circunstancias que afectaron a Repsol y siempre relacionadas con Luis del Rivero Asensio y el Grupo Pemex, llegando a desarrollarse hasta mediados del año 2012», dice el escrito de acusación. Y fue una vez ya realizado el encargo cuando se sumó Caixabank «a través» de su jefe de Seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño, «quien conocía igualmente la condición de Comisario» en activo de Villarejo.

El proyecto se bautizó como Wine y fue gestado en el conglomerado empresarial del comisario, el Grupo Cenyt. A lo largo de la instrucción afloraron seis facturas que arrojan en total 389.400 euros pagados a medias por Repsol y Caixabank en las que, además, los conceptos estarían falseados, para satisfacer el encargo.

A resultas, Villarejo y Redondo, dice la Fiscalía, «se hicieron con los tráficos de llamadas de Luis del Rivero Asensio, esto es, con las llamadas que realizó y recibió entre los días 20 y 31 de octubre de 2011, elaborando a continuación una nota informativa reseñando quiénes eran esas personas, físicas y jurídicas, con las que había mantenido contacto».

No obstante, el proyecto abarcó también a personas de su entorno, como Rodrigo Álvarez, jefe de seguridad de la constructora, y Fernando Ramírez Mazarredo, director financiero de Repsol hasta 2010. Habrían accedido igualmente a los tráficos de llamadas de ambos, como sostiene Anticorrupción, que prevé en su escrito indemnizaciones para ambos de 3.000 y 5.000 euros, respectivamente.

Además de la contratación del proyecto Wine, en el año 2014, Repsol recurrió de nuevo a Villarejo a través de Araujo y lo hizo en solitario. Se trataba de confirmar si un consejero de la petrolera «se había ausentado voluntariamente de una sesión de la comisión de estrategia, inversiones y responsabilidad social corporativa de la compañía que se celebró en Madrid el 29 de abril de 2014 para asistir a un evento deportivo en Alemania».

Villarejo consiguió las fotos que así lo acreditaban y su grupo empresarial facturó 24.200 euros (IVA incluido) en concepto de «servicio de información y análisis de seguridad», que fueron abonados por Repsol mediante la correspondiente transferencia bancaria. De ahí que en el caso de Araujo la petición de pena sea más elevada que en la de Fernández Rancaño, que está acusado de un delito de cohecho activo menos.