Hacienda asume una devolución de 1.300 millones a las grandes telecos por el cobro indebido del IAE

La maniobra -nunca se escondió- tenía un fin básicamente recaudatorio y buscaba compensar los recursos perdidos de los ayuntamientos por la decisión de dejar de cobrar el IAE, y fue precisamente ese origen el que cuestionó en primera instancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) - que empieza a acumular una larga lista de reveses a la Hacienda española- y finalmente el Tribunal Supremo.

Que el impuesto se cobró de forma indebida por ser contrario al derecho comunitario se sabe desde julio de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró nula una liquidación fiscal de cerca de 30 millones de euros girada a Vodafone por el ejercicio de 2013 y modificó su doctrina anterior adaptándose al criterio establecido sobre el particular por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea unos meses antes.

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Desde ese día las estimaciones deslizadas desde el sector apuntaban a que les correspondería recibir unos 1.000 millones de euros en concepto de devolución por las liquidaciones giradas a las compañías de telecomunicaciones desde la entrada en vigor del epígrafe, ideado en su día por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro para compensar a las entidades locales por la recaudación perdida por la decisión de eliminar con carácter general el Impuesto de Actividades Económicas.

Las cuentas realizadas por Hacienda desbordan esas estimaciones iniciales que realizó el sector en alrededor de un 30%, según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022. El informe recoge que el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido dotar una provisión a largo plazo de cerca de 1.300 millones de euros para cubrirse ante las devoluciones asociadas al enésimo revés judicial que encadena Hacienda en los últimos meses, que por cierto ya empezó a ejecutar en 2023 según la información proporcionada por los propios operadores.

El Tribunal de Cuentas, de hecho, considera que esa factura será aún más alta porque entiende que Hacienda no ha calculado adecuadamente los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que según sus cálculos resultará en el pago de 101 millones de euros extra en concepto de intereses.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya llamó la atención hace solo unas semanas sobre la potencial repercusión de la anulación del IAE sobre las telecos en el déficit presupuestario de este ejercicio, aunque evitó estimar su impacto específico dado que todavía no había el cálculo oficial que el Ministerio de Hacienda ha trasladado ahora al Tribunal de Cuentas.

El milmillonario agujero reconocido ahora por Hacienda por este concepto se suma al descubierto de 3.000 millones de euros que según la Autoridad Fiscal tendrá que encajar el Estado en los próximos meses por el encadenamiento de una serie de sentencias judiciales contrarias a los intereses de la Hacienda Pública y que podrían llegar a añadir dos décimas extra al déficit de 2024.

La parte más relevante de ese sobrecoste se asocia a una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero que declaró ilegales buena parte de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades introducidas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016 para impulsar el potencial recaudatorio del impuesto, y que el equipo de María Jesús Montero mantuvo inalteradas igualmente durante su mandato generando una bola de nieve, en forma de derechos para las empresas afectadas, que algunas fuentes del ámbito fiscal estiman en unos 4.500 millones de euros por cada ejercicio en que dicho esquema estuvo vigente.

La otra gran vía de agua no prevista se deriva de la sentencia del Tribunal Supremo que abrió el año pasado la puerta para que cientos de miles de jubilados que en su día estuvieron integrados en el sistema del mutualismo laboral pudieran reclamar a la Agencia Tributaria una devolución fiscal por los impuestos pagados indebidamente por las aportaciones que realizaron de cara a su jubilación entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. El sindicato de técnicos de Hacienda estimó en cerca de cinco millones el universo de potenciales beneficiarios de esta devolución, pero desde el Ministerio de Hacienda no se ha hecho aún ninguna estimación oficial ni de los potenciales beneficiarios ni del coste que puede suponer para el erario público.

Según la información proporcionada por la Agencia Tributaria, las devoluciones por estos dos conceptos señalados por la Airef ascendían al cierre del mes de mayo a 867 millones de euros, de los cuales 348 millones correspondían a devoluciones a antiguos mutualistas en el marco de la campaña de Renta de 2023 y 519 millones de euros a las realizadas a grandes empresas por la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las restricciones a la compensación de bases imponibles negativas aprobadas en el año 2016.