Montero generó en Andalucía el 25% del agujero que achaca a Montoro por el revés judicial a Hidrocarburos

La parte del león de esa cuenta son los 5.800 millones en que Hacienda estima la factura potencial derivada de este último revés judicial contra el Impuesto de Hidrocarburos. Urgido por la precaria situación en que estaban las arcas públicas a principios de 2012 y consciente de que tarde o temprano la Justicia europea acabaría aplicando el criterio de la Comisión y declarando ilegal el céntimo sanitario, una especie de recargo fiscal cargado en el tramo minorista de la venta de hidrocarburos desde 2002 para sufragar parte de la factura de la asunción de las competencias en materia Sanidad por parte de las comunidades autónomas, Montoro coló en los Presupuestos de ese año un retoque regulatorio en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para que las comunidades autónomas no perdieran esos ingresos cuando llegara la resolución del TJUE.

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Bruno Pérez

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Se trataba de un tramo autonómico que Hacienda habilitó para que los gobiernos que así lo desearan lo activaran para conseguir un caudal extra de ingresos en un contexto de gran necesidad. La solución fue cuestionada por juristas y fiscalistas desde el primer minuto porque entendían que incurría en los mismos vicios de legalidad que habían tumbado el céntimo sanitario, lo que no impidió ni que el Gobierno lo aprobara ni que buena parte de los gobiernos autonómicos lo aplicaran.

Uno de los ejecutivos autonómicos que lo activó y además exprimiendo todo el potencial recaudatorio que le permitía la legislación estatal fue el de Andalucía, que desde 2013 aplicó el recargo de 48 euros por cada 1.000 litros de carburante previsto en la norma y que entre ese año y 2018 recaudó más de 1.400 millones de euros por su aplicación. Durante todo ese tiempo la responsable de Hacienda del gobierno regional fue la actual ministra del ramo, María Jesús Montero.

El dato es relevante porque ese tramo autonómico era un dispositivo de aplicación voluntaria que el Gobierno puso a disposición de los ejecutivos autonómicos, y que hubo gobiernos que decidieron aplicarlo y otros que no lo hicieron o lo aplicaron de forma parcial. El ejecutivo andaluz de entonces, del que Montero era titular de Hacienda, exprimió todo su potencial y generó una cuarta parte de las eventuales devoluciones que corresponderá hacer si así lo determina el Supremo, al que corresponderá modular el alcance de la sentencia del TJUE.

A día de hoy los fiscalistas coinciden en que es difícil anticipar si habrá espacio o no para que distribuidores y transportistas reclamen lo pagado de más por el impuesto declarado ilegal y también si la eventual devolución corresponderá al Estado o a las comunidades autónomas, que fueron las que ingresaron esos recursos. En casos similares el Supremo ha determinado que la asunción de la responsabilidad patrimonial es del Estado.

El inventario de reveses judiciales que Hacienda atribuye a la era Montoro es largo. Incluye las reformas del Impuesto de Sociedades que obligaron a las empresas a calcular los pagos fraccionados en función del resultado contable y no de la base imponible, con un coste estimado de 461 millones; y las que mutilaron la capacidad de las grandes empresas para aplicarse las pérdidas de sus filiales para reducir su base imponible (que, según Hacienda, le obligará a unas devoluciones de 2.838 millones); también la anulación del régimen sancionador del modelo 720 (230 millones); la anulación del canon hidráulico (1.907 millones); y la declaración como ilegal del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos.