El Gobierno de Sánchez se niega a informar de su deuda con las aerolíneas por el descuento de residente
Alega que son datos de «carácter sensible» después de que la Asociación de Líneas Aéreas denunciara la «asfixia» por un impago de 810 millones
El impago del Gobierno del descuento de residente pone en peligro la conectividad aérea de Baleares

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a informar de cuánto adeuda a las compañías aéreas por el impago de las cantidades correspondientes a los descuentos de residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla que las aerolíneas adelantan en el momento de la compra ... del billete. En una respuesta al senador del PP Miguel Jerez, el Ministerio de Transportes ha evitado dar explicaciones sobre este asunto alegando que es una información «sensible que puede afectar a los intereses de las compañías». «No se concede acceso a dicha información», ha contestado el Ministerio, tajante.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) denunció hace unos días que la deuda acumulada ascendía a 810 millones a fecha de enero de 2025 y que este impago ponía en riesgo la conectividad aérea de las Islas. El Gobierno tardó poco en responder a esta acusación y lo hizo rebajando el pago pendiente a 300 millones.
Sin embargo, ALA advirtió de que las aerolíneas que conectan Baleares con la península y operan vuelos interislas podrían verse obligadas a suprimir rutas o disminuir frecuencias ante «la situación insostenible y de asfixia económica generada por el imago del Ejecutivo».
Ante esta situación, el senador autonómico del PP Miguel Jerez preguntó al Ejecutivo central por el importe concreto adeudado a cada compañía aérea después de que las empresas reclamaran a Madrid que liquidara esta deuda «multimillonaria» generada por la bonificación de los residentes.
En una sucinta respuesta escrita, el Gobierno de España dice que las liquidaciones de las subvenciones a residentes para el transporte marítimo se liquidan con carácter trimestral y, a fecha 31 de diciembre de 2024, no había obligaciones reconocidas no abonadas a las empresas navieras correspondientes a viajes realizados en 2024.
En cambio, en otra respuesta fechada el 19 de marzo, el Gobierno central se niega a informar de la deuda a las compañías aéreas. «La información solicitada está considerada de carácter sensible», ya que puede afectar a los intereses económicos de la citada compañía. Por lo tanto, no se concede acceso a dicha información», contesta el Gobierno central.
Asegura que el Ministerio de Transportes está haciendo «todo lo posible» para que se pueda liquidar el importe pendiente a las compañías correspondiente al año 2024, aunque sin concretar la cifra.
El Gobierno asignó 560,81 millones en los presupuestos generales del Estado para 2023 en subvenciones al tráfico aéreo regular de residentes extra-peninsulares, una cuantía que se ha visto ampliamente superada por una demanda de estas ayudas por encima de lo previsto.
A esta cuantía se suman otros 170 millones a través del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, pero igualmente se ha quedado corto, según las aerolíneas, y todavía queda pendiente de abonar una importante suma de cientos de millones para cubrir las cuantías adelantadas por las compañías aéreas en concepto de subvenciones.
Como explicó el presidente de ALA, Javier Gándara, «esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de las rutas entre Baleares y la península e interislas y, por tanto, su desarrollo económico y la generación de empleo». Gándara recalcó que el transporte aéreo es el posibilitador de la actividad turística en Baleares, principal motor de crecimiento económico y generador de empleo del archipiélago.
El senador balear Miguel Jerez (PP) lamenta que el Gobierno justifique la falta de transparencia aludiendo a que es una información sensible, cuando se trata de dinero público y «los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se debe». Apunta a que la deuda podría ser mayor que la publicada. Jerez reivindica el derecho a esta bonificación por residencia, y considera que el Gobierno debe garantizar en vez de «ponerlo en riesgo».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete