Díaz ignora el aviso de recesión y quiere subir el SMI a casi 1.100 euros

Varias han sido en los últimos meses las referencias de Yolanda Díaz a lo que están haciendo otros países como Alemania, Países Bajos o Grecia, que han revalorizado este sueldo por encima del 10%. «Como ven se están tomando medidas que tienen que ver con la excepcionalidad del momento», dijo recientemente la vicepresidenta segunda.

El alza que se aplicará desde enero y afectará a 1,8 trabajadores estaría en línea con la inflación media que se espera para este ejercicio y con el alza de la nómina de los jubilados, pero muy distanciada del incremento en el sueldo pactado con UGT y CC.OO. para los funcionarios, del 3,5%. Un cúmulo de situaciones que abona el terreno para que el alza del SMI se convierta en un nuevo campo de minas.

La subida del indicador ha sido tradicionalmente un foco de tensiones en el seno del Gobierno de coalición, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz y sus respectivos equipos. La primera siempre ha defendido, en línea con las empresas, subidas moderadas del salario, al contrario que la abogada laboralista, que busca que el SMI sea la herramienta que tire de los sueldos hacia arriba en los convenios colectivos.

Lo que parece garantizado es el nuevo choque entre Yolanda Díaz y los empresarios, teniendo en cuenta la situación de alta incertidumbre económica y la espiral de costes y de impuestos que están soportando las empresas. La patronal ya se opuso en febrero de este año al actual alza hasta los 1.000 euros por entender que el incremento afecta sobre todo a pymes y autónomos, muy castigados por la pandemia. No fue motivo, ni tampoco lo será ahora, para que prospere el alza, teniendo en cuenta que fijar el salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno y puede hacerlo llegando a acuerdos o no con ambas partes.

¿Pero por qué los casi 1.100 euros? Díaz quiso que las nuevas subidas del indicador estuvieran apoyadas por una comisión de expertos nombrada por el Gobierno, que debían enfocar cómo alcanzar el objetivo comprometido de que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio en esta legislatura. Estos expertos dictaminaron que el SMI debería subir un 5%, hasta los 1.049 el año que viene, y lo hicieron apoyados en datos de la Encuesta Anual de Estructura salarial del año 2018. Pero la recomendación fue antes de que estallara la guerra en Ucrania y la crisis energética, que ha disparado la inflación hasta tasas récord de dos dígitos.

Por estos motivos, la vicepresidenta instó a los expertos a una nueva valoración, dado también que el INE ya dispone de nuevos datos sobre salarios, correspondientes a 2019 y 2020. Estos últimos datos apuntan a una ganancia media por trabajador al año de 25.165,51 euros, un 4,8% más que el sueldo medio de 2018 utilizado para fijar la propuesta de los expertos. Con los datos actualizados, el aumento recomendado para 2023 dejaría el alza para el salario mínimos cercano a los 1.100 euros, en 1.078 concretamente, según las fuentes consultadas. De cualquier forma, los expertos comunicarán su nueva cifra en noviembre y el Gobierno deberá tomar la decisión en diciembre.

El salario mínimo no será el único indicador que suba en 2023. Los casi diez millones de pensionistas verán crecer sus nóminas un 8,5%, que es la cifra en la que se espera que acabe la inflación en noviembre, y para los más de 3 millones de empleados públicos se ha pactado con UGT y CC.OO. un alza en sus nóminas del 9,5%, un incremento que va unido a una seria de mejoras laborales incluidas en el «acuerdo para una Administración del siglo XXI» como la recuperación de la jornada de 35 horas.

Ese alza de sueldos incluirá un incremento del 1,5% retroactivo a enero que se cobrará en una paga única, que podría llegar a los 900 euros en los tramos más altos y que se une al 2% de incremento ya aplicado este ejercicio. Para 2023 el incremento será del 2,5%, cifra que podría incrementarse en hasta un punto adicional en función de la evolución del IPC y del PIB nominal. Dos incrementos que se dejarán notar en las nóminas de los 2,7 millones de trabajadores públicos y, también, votantes.

Entre las mejoras para los funcionarios se incluye también la recuperación de la jubilación parcial anticipada suprimida en 2012 y se suscribe el compromiso con los sindicatos de implantar la jornada semanal de 35 horas y de impulsar el teletrabajo, cuyo despliegue se comprometió para este ejercicio, pero no ha llegado a materializarse.

Y para los jornaleros, en pie de guerra contra el Gobierno, también habrá ayudas el año próximo. El número necesario de peonadas mínimas para poder cobrar el paro agrario se recorta de 20 a 10. Es el requisito mínimo que se reclama para cobrar la renta y el paro agrario de 460 euros mensuales y beneficiará, sobre todo, a los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y de Extremadura. La medida estará en vigor desde el 1 de noviembre de este año hasta el 30 de junio de 2023.