EDITORIAL
El Gobierno ignora el frenazo
La presentación de sus cuentas públicas llega con el presidente de viaje por África mientras los malos datos económicos empiezan a dar cuerpo a una recesión
El frenazo de la actividad económica en nuestro país es un hecho, aunque el Gobierno insista en no reconocer la situación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) anunció ayer que España entrará en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, PIB) en invierno o en la próxima primavera. Además, el organismo aseguró que el parón de la actividad ya está instalado entre nosotros y que el crecimiento será nulo o ligeramente positivo en este tercer trimestre, el periodo julio-septiembre, tal como adelantó un alto cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. La cuantía exacta de nuestro estancamiento y la inclinación del ángulo de desaceleración de la economía se conocerán el próximo viernes, cuando se publiquen oficialmente los datos de la contabilidad nacional del tercer trimestre.
La contracción de la economía también se refleja en la actividad crediticia. El Banco de España informó ayer de que la concesión de créditos hipotecarios se ha reducido más de lo previsto durante el tercer trimestre de este año, según la última encuesta sobre préstamos bancarios. La caída de la oferta crediticia ha afectado a todos los segmentos de negocio: hipotecas, consumo y empresas. Se daba por descontada una contracción del crédito a los hogares, pero esta ha sido extraordinariamente rigurosa. La sequía crediticia es la más extrema que se ha registrado desde 2008. La diferencia sustancial es que en 2008 la crisis obedecía a un erróneo funcionamiento del sistema financiero y ahora las causas son las malas condiciones generales de la economía. La encuesta indica que al encarecimiento de los tipos de interés, y al deterioro de las perspectivas económicas y del mercado inmobiliario, se unen el empeoramiento de la solvencia de los prestatarios y la menor tolerancia al riesgo de las entidades financieras.
En este escenario de contracción económica, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido plantear una subida unilateral del 8 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo llevará a los 1.078 euros y que desea poner en marcha desde enero. Esta decisión provocará un nuevo choque con los empresarios que aún no se reponen de la subida de cotizaciones sociales que programó para 2023 el ministro José Luis Escrivá.
A esto se une la enésima petición al Gobierno de que revise, ante su falta de realismo, el anteproyecto de Presupuestos que ha llevado al Congreso. Ayer fue el Círculo de Empresarios el que pidió la retirada de las cuentas públicas, pero en días anteriores las solicitudes de rectificación vinieron del Instituto de Estudios Económicos (ligado a la CEOE), de Funcas, de la propia Airef, del Banco de España y de organismos como el FMI que han puesto en cuestión el cuadro macroeconómico del Ejecutivo. Pero el Gobierno se niega a acusar recibo pese a la seriedad de los cuestionamientos. El mismo día que se inicia el debate de totalidad del proyecto, cuya presentación correrá a cargo de la ministra de Hacienda, Pedro Sánchez estará de viaje por África. Lejos queda el año 2015, cuando el hoy presidente retó a Mariano Rajoy a que presentara personalmente los Presupuestos «dado su carácter electoral». Poco a poco la recesión cobra cuerpo ante sus ojos y Sánchez se desentiende.
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