Díaz gasta más de 50.000 euros en cinco informes para justificar un nuevo alza del salario mínimo

Como explicó este diario, el primero de ellos analizó el impacto de las subidas aplicadas por el Gobierno en los años 2018 y 2019 y fue realizado por un grupo de estudiosos de la Fundación Iseak del País Vasco dirigido por la catedrática de Economía Sara de la Rica. Sus conclusiones cayeron como un jarro de agua fría en el ministerio que dirige Díaz dado que los estudios de estos expertos concluyeron que el incremento histórico del 23,3% aplicado en 2019, y que llevó el SMI hasta 900 euros, destruyó casi 30.000 empleos. El coste de este informe fue de 14.300 euros.

El trabajo fue ocultado por Díaz durante meses hasta que el 'think tank' Instituto Ostrom amenazó con llevar a los tribunales a Trabajo si no era conocedor del estudio, después de que el Consejo de Transparencia obligase a hacerlo público al ministerio el pasado septiembre y este hiciera caso omiso a estas peticiones.

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Este trabajo fue encargado por la vicepresidenta segunda en 2021 tras un agitado debate sobre los negativos efectos del alza del salario mínimo sobre el empleo de organismos como el dirigido por Pablo Hernández de Cos, que entonces estimó que el incremento del SMI restó 175.000 puestos de trabajo a la economía española.

El informe de De la Rica reconocía que los incrementos habían tenido un impacto positivo en las desigualdades, el argumento que buscó la vicepresidenta segunda para encargar los tres informes siguientes a expertos universitarios, a los que la abogada laboralista ya no pide impacto en el empleo. Solo deberían versar, por tanto, del impacto de las subidas en la desigualdad.

Uno de estos trabajos fue encargado a profesores de la Universidad Complutense y su valor fue de 12.130 euros. El tercero a expertos de la Universidad de Alcalá de Henares, por importe de 9.920 euros y un cuatro al exdiputado de Podemos Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga, que costó 12.000 euros. Y queda un quinto, cuyo montante económico se desconoce, dado que este estudio esta siendo realizado por una comisión asesora 'ad hoc', que, en cualquier caso, dispararía la factura para el Estado por encima de 50.000 euros.

Los cuatro primeros ya están en el cajón de la ministra de Trabajo, falta el último de ellos que está siendo elaborado por el grupo de expertos nombrado por Díaz y cuyo resultado, por tanto, es probable que refrende las tesis de la ministra. En las próximas semanas este trabajo deberá ver la luz, dado que será en el mes de diciembre cuando el Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, fije la subida para 2023, que se sumará al 35,8% de crecimiento que ha tenido el SMI desde que gobierna Pedro Sánchez.

La nueva subida, que lo situará en el entorno de los 1.100 euros mensuales, volverá a sembrar la polémica y asegura un nuevo choque entre Yolanda Díaz y los empresarios, teniendo en cuenta la situación de alta incertidumbre económica y la espiral de costes y de impuestos que están soportando las empresas. La patronal ya se opuso en febrero de este año al actual alza hasta los 1.000 euros por entender que el incremento afecta sobre todo a pymes y autónomos, muy castigados por la pandemia. No fue motivo, ni tampoco lo será ahora, para que prospere el alza, teniendo en cuenta que fijar el salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno y puede hacerlo llegando a acuerdos o no con ambas partes.

La subida del indicador ha sido tradicionalmente también un foco de tensiones en el seno del Gobierno de coalición, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz y sus respectivos equipos. La primera siempre ha defendido, en línea con las empresas, subidas moderadas del salario, al contrario que la abogada laboralista, que busca que el SMI sea la herramienta que tire de los sueldos hacia arriba en los convenios colectivos.

Como se ha advertido, el Ministerio de Trabajo parece querer huir con este 'totum revolutum' de documentación académica sobre los efectos de las subidas del SMI de la tozuda realidad de que ninguna maniobra sobre este indicador de referencia para las retribuciones de los trabajadores asalariados tendrá un impacto neutro. Lejos de esta realidad, son numerosos los estudios que revelan daños sobre el empleo. Quizás lo más llamativo del estudio de De la Rica sea, al margen de la destrucción de puestos de trabajo - similar al estudio elaborado por la Airef que situaba en 33.000 los puestos de trabajo desaparecidos tras el incremento del SMI de 2019-, está en los componentes de esta destrucción de empleo.

El informe de Iseak advierte de que, en contra del pensamiento general, el alza del salario mínimo impacta más negativamente en los mayores de 30 años, que tras las sucesivas subidas tienen más opciones de perder su puesto de trabajo, y más aún que un empleado por debajo de esa cota de edad. Y también el colectivo de empleados con menor renta pero con un contrato fijo, de modo que quienes se encuentran en el rango salarial más bajo con contrato indefinido se han visto más afectados que los temporales.

Un ramillete de advertencias que el grupo de expertos encabezado por De la Rica concluye con un claro aviso a navegantes de cara a la toma de decisiones sobre el SMI como la que se cocina en el Ministerio de Trabajo de cara a 2023: «Es fundamental que, ante futuras subidas del SMI, se continúe evaluando el impacto de las mismas en el mercado laboral y, además, se expanda el análisis a otros ámbitos que han quedado fuera de este trabajo como puede ser el impacto desigual por sector de actividad, tamaño de establecimiento o por territorios».