El control de los despidos eleva la tensión entre las empresas y el Gobierno
Al hachazo en las cotizaciones sociales de Escrivá, se suma ahora el control de los ERE por la Inspección de Trabajo que propicia Díaz
La patronal ha estallado contra el ministro de Seguridad Social y ahora rompe el diálogo con Trabajo por «tramposo» y por traicionar el pacto de reforma laboral
La relación entre las empresas y el Gobierno sube de temperatura hasta rozar el rojo vivo. Al malestar de la patronal por la reiterada política de subida de cotizaciones del ministro Escrivá se une ahora la indignación por los cambios que, al margen de ... diálogo social, quiere realizar el Gobierno en un asunto que es tabú para las empresas: el despido.
La nueva Ley de Empleo, que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, recoge una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y Podemos con EH Bildu que permitirá a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE. Esto implica un papel determinante de la Inspección en la supervisión y el control de los despidos colectivos para que obedezcan a causas objetivas. Un cambio de calado en la norma laboral, teniendo en cuenta que es ahora la empresa, de forma unilateral, la que decide llevar a cabo una decisión extintiva de empleo.
El pacto no recupera la autorización administrativa previa en los despidos colectivos que suprimió la reforma laboral de 2012, pero resta poder a las empresas, que estarán monitorizadas por los inspectores. «El informe de la Inspección, además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir», se asegura en la enmienda que busca modificar el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y que ha sido aprobada en la comisión de Trabajo del Congreso.
El pacto con la formación abertzale refleja uno de los objetivos que ha perseguido Podemos y la ministra de Trabajo desde que llegaron al Gobierno, aunque, sin embargo, fue un asunto que Yolanda Díaz no puso en ningún momento sobre la mesa de las negociaciones que dieron lugar a la actual la reforma laboral. Ahora se da la espalda al diálogo social y se pactan los cambios laborales por la vía parlamentaria y con los socios del Ejecutivo, que llevan prácticamente toda la legislatura exigiendo que se cumpla con la promesa de derogar de forma completa la reforma del PP de 2012. Los radicales votaron en contra de la reforma laboral y amenazaron incluso con romper con el Gobierno.
El pacto con Bildu fue duramente criticado por CEOE y Cepyme. En un comunicado, las organizaciones empresariales alertaron de que « la enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERE) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral».
Aseguró la organización que preside Antonio Garamendi que «en la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio de Trabajo a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negociadora, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».
Contraria a la Constitución
La patronal afirmó que «a la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe». Añadió que «esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del TJUE de fecha 21 de diciembre de 2016».
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La autorización administrativa previa a los despidos fue suprimida en la reforma laboral que emprendió la exministra Fátima Báñez durante la crisis financiera, que sí mantuvo la exigencia actual de abrir un periodo de consultas y la participación de los representantes de los trabajadores en ese proceso previo. Aquella modificación legislativa, que se justificó en la necesidad de agilizar las decisiones empresariales de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, limitó también la actuación de los inspectores en la tramitación de los ERE. Se les atribuyeron, fundamentalmente, labores de comprobación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas.
La titular de Trabajo explicó ayer que este cambio forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos y se preguntó: ¿Cuál es el problema de que los inspectores examinen las causas del despido si todo se hace bien? Recordó a la CEOE que los cambios han sido aprobados en la comisión de Trabajo en el Congreso y que el PP se abstuvo.
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