Sánchez se olvida del control de los fondos europeos y hace opaco el reparto

El detonante se produjo el pasado 20 de octubre, cuando el BOE publicó un real decreto en el que se regulaba la concesión directa de subvenciones para 2021 destinadas a la financiación de actuaciones de inversión en el marco del plan de recuperación. Solo resultaron agraciadas cuatro regiones afines: País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia , que en conjunto recibirían nueve millones de euros.

Pocos días después las regiones gobernadas por el PP enviaban una carta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que pedían explicaciones sobre una asignación «fuera de los cauces establecidos» y con «falta de transparencia». «Ninguno de los planes y programas que pretenden financiar tienen encaje legal» , relataba el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty en su misiva, en la que aseguraba también que «dada la gravedad» exigía la convocatoria urgente y extraordinaria de la conferencia sectorial de Empleo. Ni esta petición ni la del resto de políticos de las regiones lideradas por el PP han tenido respuesta tres meses después.

Las dudas sobre el control del reparto planean sobre el proceso y la falta de controles, después de que el propio Gobierno rechazara en el Congreso la creación de una agencia independiente que gestionara y controlara los fondos. Europa sigue trasladando a los gobiernos el mensaje de que estos recursos no son una financiación a corto plazo del gasto corriente, sino una inversión para que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento a medio y largo plazo de las economías europeas como un primer toque de atención antes de exhaustivos procesos de supervisión.

La Comisión ha implementado su estrategia de control para asegurarse que los fondos han sido utilizados apropiadamente a su destino y espera que cada país haga lo propio de forma interna. Pero en España esos mecanismos de control están rezagados. No terminan de despegar, lo que hace del reparto un proceso poco transparente.

La Comisión Europea ha reclamado que el plan de reformas comprometido se estructure y ejecute con un grado de detalle tal que permita después un proceso ágil de auditoría. Esta exigencia se incluye en el plan de recuperación, pero el compromiso no está desarrollado. El Gobierno sigue trabajando en un modelo en el que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, articule un sistema de control y auditoría de los fondos, que no acaba de llegar, bien porque no hay personal o bien por la propia complejidad del proceso .

Las propias empresas también ha dado la voz de alarma, no solo porque no se ejecuten los fondos y no lleguen al tejido empresarial. La CEOE alertaba en su primer informe sobre el seguimiento de los fondos de que no existe ninguna fuente oficial que, de manera centralizada, recoja «datos integrados y detallados» respecto a la ejecución de los fondos, como sí tienen otros países como Francia o Portugal.

Lo cierto es que en la IGAE, al principio, sí que hubo cierto desglose y detalle de cómo iban fluyendo los fondos. Llegó el dinero comunitario, se pusieron en marcha los primeros proyectos... y luego oscuridad, plena oscuridad. En agosto, la IGAE, en su informe ‘Principales Indicadores de la actividad económica y financiera del Estado’, incluyó la última referencia a lo más parecido al grado de ejecución del dinero europeo.

El citado documento destacaba que, hasta agosto, solo se había consumado un gasto final, esto es, que el dinero haya llegado a las empresas, de 104 millones de euros . Esta es la única cifra de cuánto dinero ha llegado a la economía real. Desde entonces, el Ejecutivo ha optado por el apagón informativo y la colocación de sus mensajes bajo otro tipo de retórica.

En el Gobierno no hablan de datos de ejecución final sino que retuerce las palabras para que la foto le salga favorable. Según las últimas cifras del Ministerio de Asuntos Económicos, a cierre de 2021 se habían autorizado 22.124 millones; se habían comprometido 20.973 millones; se habían reconocido obligaciones por 19.995 millones; y se habían realizado pagos por 11.001 millones. En 2021 había presupuestados 24.000 millones de euros.

Sin embargo, de ejecución final, nada de nada. Es más, el Gobierno cuando habla de «pagos» utiliza la trampa de que esto son fondos ejecutados pero en realidad solo es dinero transferido a las comunidades autónomas en su mayoría, no ejecutado.

La opacidad sigue vigente y el apagón en la ejecución se extiende desde agosto. Este periódico solicitó ayer al Ministerio de Hacienda las cifras actualizadas; se remitieron a los datos hechos públicos, sin aportar los de ejecución.