Cuatro frentes judiciales amenazan con echar abajo el impuesto de Patrimonio

La ofensiva contra el Impuesto de Patrimonio tiene un flanco en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otro en el Tribunal Supremo, un tercero, abierto por la patronal catalana Fomento del Trabajo, en la Audiencia Nacional; y el cuarto, la madre de todas las batallas, en el Tribunal Constitucional, donde espera un pronunciamiento desde que en abril de 2021 el Grupo Popular elevara su polémica refundación como impuesto permanente del ordenamiento tributario -una condición nueva, ya que nació en 1977 como un impuesto extraordinario- a través de la Ley de Presupuestos de 2021.

Noticia Relacionada

Fomento del Trabajo clama contra el «infierno fiscal» de Cataluña

ABC

La patronal reclama revisar los impuestos propios de la Generalitat y suprimir algunos de ellos

La maniobra del Gobierno consistió en derogar la reinstauración temporal del Impuesto de Patrimonio aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011 por real decreto ley -solo dos años después de suprimirlo de manera aparentemente irrevocable-, que después se fue prorrogando por los gobiernos del PP y del PSOE durante los años siguientes; y acto seguido convertirlo en impuesto permanente en la misma ley presupuestaria.

El PP consideró que ambas decisiones eran irregulares bajo el principio superior, asentado por la doctrina del Constitucional, de que no se puede crear un nuevo impuesto a través de los Presupuestos, algo que entendió que sucedía con la conversión en figura permanente del marco tributario.

«En realidad, el Impuesto de Patrimonio debería ser declarado nulo desde el 1 de enero de 2014», explica Ángel Sáez, miembro del Consejo de Economistas de Cataluña y una de las personas detrás de la ofensiva jurídica contra el impuesto que se ha desencadenado principalmente desde Cataluña, la autonomía que más recaudación aporta.

Su argumento es que tras la supresión del impuesto en 2009, la restauración posterior por real decreto ley solo se reguló con carácter extraordinario para los ejercicios de 2011 y 2012, estableciendo su vencimiento a partir del 1 de enero de 2014. Si no ocurrió así y todas las haciendas autonómicas salvo la Comunidad de Madrid continuaron liquidando el impuesto con posterioridad fue porque esa vigencia extraordinaria se prorrogó a través de las leyes presupuestarias de los años siguientes.

Y es ahí donde está el origen del problema. «Las leyes de presupuestos no tienen capacidad normativa para prorrogar ningún impuesto y mucho menos para restablecer su aplicación, aunque sea con carácter temporal», asegura el economista.

Este supuesto patinazo en la técnica legislativa empleada para mantener vivo el Impuesto de Patrimonio más allá del 1 de enero de 2014 puede tener consecuencias potencialmente demoledoras para las arcas públicas. En el periodo en el que el Impuesto de Patrimonio ha estado supuestamente operando de forma irregular, entre 2014 y 2024, las arcas autonómicas han recaudado cerca de 13.000 millones de euros.

Sin embargo, no todos ellos serían objeto de devolución, por la doctrina judicial ya asentada, aunque no menos polémica, de que solo procede devolver las cuotas ingresadas irregularmente a aquellos contribuyentes que las hubieran recurrido.

Según Ángel Sáez, esa doctrina reducirá en gran medida el impacto económico de una eventual anulación del Impuesto de Patrimonio. «Desde el año 2021 se están impugnando miles de liquidaciones, pero antes de esa fecha las impuganciones han sido más puntuales», reconoce.

Otro asunto a resolver sería quién se haría cargo de las devoluciones. En sentido estricto han sido las comunidades autónomas las que han ingresado esa recaudación, «pero en caso una resolución desfavorable a Hacienda las autonomías podrían invocar la responsabilidad patrimonial del Estado», advierte el economista.