Sánchez maniata a las autonomías en la gestión de los fondos europeos

El Gobierno se aseguró todo el poder sobre los fondos y ha hecho de las autonomías meras ejecutoras de las decisiones de inversión que se toman. Varias regiones consultadas por ABC, entre ellas Madrid y Cataluña, denuncian que el Ejecutivo no les da ningún margen de actuación en la selección de los proyectos y en sus decisiones de gasto, lo que está provocando hondo malestar, teniendo en cuenta que el Ejecutivo lleva meses vendiendo el poder que se da a las regiones en España para gestionar los fondos. Tratan de colocar el mensaje de la cogobernanza en los fondos comunitarios cuando la realidad es la contraria.

Asimismo, se dan poca implicación y desembolsos para llevar a cabo algunas de las inversiones con los fondos que llegan de Europa. Relatan las fuentes consultadas que el Ejecutivo está obligando a las regiones a cofinanciar ciertos proyectos, los relacionados con la investigación que deben realizarse con las universidades, con aportaciones que llegan hasta el 50% . Es decir, que si una comunidad quiere poner en marcha un plan que el Gobierno le manda, debe poner dinero de su bolsillo para ejecutarlo.

Esta circunstancia está provocando problemas a ciertas regiones y que alguna convocatoria pueda quedarse desierta porque no todas tienen la misma capacidad para poner tanto dinero sobre la mesa. El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, denuncia esta situación: «Si el Gobierno central obliga a la Región de Murcia a poner hasta un 40% en determinados proyectos, sobre todo de investigación, nos encontraremos con que no tendremos recursos y acabaremos perdiendo todo el dinero de Europa ».

A todo este malestar se suman las críticas por la falta de información que reciben. En 2020 el Gobierno puso en marcha la Conferencia Sectorial para los Fondos Europeos que debía ser el nexo de unión con las comunidades autónomas y ayuntamientos y está presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero . Pues bien, desde su creación solo se ha reunido tres veces, la última el pasado 2 de agosto, hace ya seis meses, denuncian las regiones consultadas.

Una de las más críticas con la gestión que se está haciendo con los recursos que llegan de Europa es la Comunidad de Madrid. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, relata a este diario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «en el mayor ejercicio de planificación centralizada que se ha vivido hasta ahora ha decidido apartar a las comunidades autónomas de la gestión de los fondos europeos». Explica el consejero que ha convertido a las autonomías en «meras ejecutoras de sus caprichos , que nada tienen que ver con las necesidades del tejido productivo y de la economía española, ni tampoco con las características de cada comunidad. Nos ha dicho el dinero que se nos asigna y a qué lo tenemos que dedicar, sin evaluar la eficacia de los proyectos para cada una de las regiones. Es un ejemplo más de la arrogancia de un Gobierno que cree saberlo todo mejor que nadie».

Para Fernández-Lasquetty, «las consecuencias de este desgobierno en los fondos europeos ya las están sufriendo las empresas , que llevan un año esperando unos recursos que no llegan». Recuerda, por ejemplo, que hoy siguen sin publicarse las principales convocatorias incluidas en los Perte». Concluye que «cuanto más tiempo dedica el Gobierno a hacer propaganda con los fondos, más aumenta el desánimo entre las empresas y la ciudadanía. Y eso es algo que no nos podemos permitir en plena crisis».

En líneas muy similares se pronuncian fuentes de la Generalitat de Cataluña, que teme verse relegada al papel de «simple gestoría» en la canalización de los fondos europeos. Así se expresó de manera reciente el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, en el Parlamento catalán, y confirmaron a este diario fuentes del departamento. Desde la administración catalana, en consonancia con lo denunciado por otras comunidades autónomas, se lamenta que la realidad de España como país descentralizado no se traduzca en la gestión consorciada de un caudal de ayudas de la cual es el Gobierno «quien tiene la llave y la caja» , en expresión también del consejero Giró: «Si España es un Estado descentralizado, no se entiende, y es lo que ocurre hoy, que haya una gestión de los fondos desde Madrid».

En esta dirección, la secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat de Cataluña, Matilde Villarroya, aseguraba hace unos días en una comparecencia en el Parlament que «Cataluña quiere ser un agente decisivo en ese proceso. Estamos listos y tenemos los activos que se necesitan. Queremos decidir cuáles son las actuaciones que más se adecuan a nuestras necesidades y participar en la definición de las convocatorias», informa Àlex Gubern.

Murcia, en voz de su consejero de Economía y Hacienda, es clara también sobre el problema: «Nos han asignado el mero rol de ejecutores y nos hacen responsables de alcanzar los hitos y objetivos que el Estado ha marcado sin habernos permitido participar en el diseño del plan». Se refiere a que el plan de recuperación es el dedo que señala el camino y que ahí nada tienen que hacer las comunidades autónomas. El Ejecutivo central decide y las regiones acatan.

Unido a ello, como ya hiciera la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Murcia no duda en destacar que «si el Gobierno continúa con su política de opacidad y arbitrariedad, estamos dispuestos a acudir a los tribunales» .

Andalucía opina lo mismo que Madrid, Cataluña y Murcia. Denuncia su mero papel de ejecutores de las decisiones del Gobierno. Fuentes de la Consejería de Hacienda señalan que no se da ningún margen de actuación a las comunidades y que la cogobernanza en realidad no está existiendo.

La Comunidad Valenciana, en cambio, liderada por el socialista Ximo Puig, declara sentirse cómoda con el sistema impuesto por el Gobierno por los acuerdos y diálogos que mantienen en conferencias sectoriales distintas a la que se creó justamente para los fondos y que lleva sin convocarse desde agosto. Aun así, la región sí tiene una reclamación a Pedro Sánchez: que se dé la opción a las comunidades de crear Pertes autonómicos ya que los estatales no cubren necesidades específicas de las regiones.

Una postura similar mantienen en Baleares, bajo la batuta de la socialista Francina Armengol. Allí explican que los objetivos marcados por la UE y el Gobierno central coinciden con las prioridades de la región insular. Ahondan en que el plan de recuperación está alineado con su propio plan de inversiones regional, con lo que no tienen queja en ese sentido pero sí reconocen implícitamente que todo viene marcado desde el Gobierno central, informa Mayte Amorós.