Un abogado experto en derecho inmobiliario explica por qué las leyes de España favorecen a los okupas: «Para conseguir el desalojo efectivo...»

El problema de la okupación en España sigue generando una gran preocupación entre los propietarios de viviendas. Para muchos, la posibilidad de que alguien entre en su casa sin permiso y luego enfrentarse un largo y costoso proceso judicial para recuperarla es una auténtica pesadilla. Y es que, en la mayoría de los casos, el desalojo no es inmediato, sino que puede durar meses o incluso años debido a las leyes actuales. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué aspectos de la legislación permiten que los okupas se queden en una vivienda durante tanto tiempo?

Para responder a estas cuestiones, Julio Naveira, un abogado especializado en derecho inmobiliario, ha explicado en una entrevista en 'Mediodía COPE' por qué considera que el marco legal en España sigue beneficiando a los okupas.

Según el experto, las leyes en España continúan favoreciendo a los okupas porque no han sido reformadas para agilizar los desalojos. A pesar del malestar social y de los casos mediáticos que han generado gran indignación, los plazos para recuperar una vivienda siguen siendo excesivamente largos. «Para conseguir el desalojo efectivo, el retraso en la recuperación de la posesión del inmueble viene a ser aproximadamente unos dos años, dos años y medio», explica el abogado.

Esto significa que, en la práctica, muchos propietarios ven cómo su vivienda es ocupada ilegalmente y, aun teniendo la razón, no pueden recuperarla de inmediato debido a los tiempos de los procesos judiciales. Esta situación ha llevado a algunos dueños desesperados a tomar medidas extremas, como intentar desalojar a los okupas por sus propios medios, lo que puede generar problemas legales adicionales.

Además, el abogado destaca que la legislación actual no solo no disuade la okupación, sino que en algunos casos incluso protege a los okupas. Como «el último real decreto Omnibus» que «no solamente prorroga los lanzamientos de las viviendas de personas vulnerables de arrendamientos hasta el 79% del 2025, sino que también incluye ese pack de prórroga para las familias vulnerables que han ocupado delincuencialmente una vivienda», señala el experto. Esto significa que, bajo ciertas circunstancias, las familias que han ocupado ilegalmente una vivienda pueden acogerse a medidas que retrasan aún más su desalojo si son consideradas vulnerables.

Sin embargo, a pesar de la rigidez de las leyes, el experto en derecho inmobiliario explica que algunos jueces han comenzado a cambiar la interpretación de la normativa. Un ejemplo reciente es la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha determinado que los propietarios no pueden ser denunciados por cortar los suministros básicos de una vivienda okupada. «Lo que ha sucedido es que Barcelona ha llegado a unos acuerdos para la provincia de Barcelona. En el supuesto que haya algún recurso al Tribunal Superior de Justicia, este tendrá que pronunciarse», indica Naviera.

Hasta ahora, muchos propietarios se veían obligados a seguir pagando agua, luz y gas de una vivienda ocupada porque, de lo contrario, podían enfrentarse a un delito de coacción. Sin embargo, esta nueva decisión cambia el panorama judicial, aunque de momento solo se aplica en Barcelona.

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Además, el abogado menciona otro avance importante en la lucha contra la okupación, esta vez en la Audiencia Provincial de Girona. «El 22 de noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Girona tomó una decisión también muy importante en relación a los ocupas. En aquellas ocupaciones recientes, entendidas como las que ocurren en las primeras 24 horas, los cuerpos de la policía deben proceder al desalojo inmediato sin necesidad de autorización judicial», explica el abogado. Este criterio establece que, si una okupación es detectada en sus primeras horas, la policía puede actuar de inmediato sin necesidad de un proceso judicial previo, algo que hasta ahora solo se aplicaba en casos de allanamiento de morada.

No obstante, este tipo de resoluciones no se han extendido a todo el territorio español. Por tanto, para el abogado, la única solución pasa por una reforma legal que permita desalojos rápidos, en un plazo de 24 a 48 horas, evitando así que los okupas puedan aprovecharse de los procesos judiciales para alargar su estancia en las viviendas ajenas.