Cinco candidatos para dirigir la Biblioteca Nacional en plena interinidad política

Formada en Biblioteconomía y Documentación, Fenoll fue jefa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña entre 2012 y 2017, un periodo en el que Artur Mas y Carles Puigdemont plantearon un pulso al Estado, con la convocatoria de un referéndum ilegal y la abortada declaración de independencia. Dos días después de aquella consulta del 1 de octubre de 2017, Fenoll se significó al asistir «emocionada en primera fila con compañeros de la cultura» a una manifestación «pacífica» en Palafrugell (Gerona) «por la defensa de la libertad», según puso en un tuit. La pancarta que sujetaba en la foto decía «En defensa de los derechos de las libertades» y estaba respaldada por partidos como la CUP, ERC o PDeCAT, así como por Òmnium cultural, todos ellos partidarios de la independencia de Cataluña.

Por entonces, Fenoll ya estaba fuera del organigrama de la Generalitat. En febrero había sido sustituida en un concurso de méritos polémico y meses después se incorporó a la Universidad Politécnica de Cataluña como jefa del gabinete del rector. Desde 2021, es directora del Área de Cultura y Comunidad de ese centro universitario. Y entre 2000 y 2012 estuvo al frente de la biblioteca de Palafrugell. De todos los candidatos que se han presentado a la dirección de la BNE, Fenoll tiene el perfil más mediático. En 2016, la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña le otorgó el premio Reseña por su «buena predisposición hacia la comunicación cultural y la dinamización del sector». Ha publicado también colaboraciones en la prensa catalana.

El resto de candidatos tienen un perfil más técnico. Uno es José Luis Bueren Gómez-Acebo, facultativo de bibliotecas desde 2005; en la BNE ha trabajado en el área de automatización y ha sido jefe del área digital. Desde 2017 es el director técnico, en dependencia directa de Ana Santos. Otra candidata Carmen Delibes Sennacheribbo, que figura en el organigrama del Instituto Cervantes como jefa de la Biblioteca Miguel Delibes en Moscú. Con anterioridad, fue jefa de sección de cooperación bibliotecaria en la Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León. La lista la completan Juan Carlos Sánchez Olivares, técnico de bibliotecas del Ministerio de Cultura, y Óscar Arroyo Ortega, jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla-La Mancha.

Superado el plazo para la presentación de solicitudes, que expiró el 21 de junio, ahora es el momento de valorar las candidaturas. La Comisión de Asesoramiento dispone desde junio de un plazo máximo de dos meses, considerando inhábil agosto, para puntuar la experiencia de los aspirantes en puestos de dirección y gestión bibliotecaria o documental, así como su desempeño en puestos de responsabilidad en instituciones culturales. La comisión debe valorar también los planes de actuación propuestos y podrá realizar entrevistas con aquellos «candidatos que considere» para medir la capacidad de liderazgo, toma de decisiones y competencia profesional.

Todos los candidatos tienen que ser «funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1», una previsión que introdujo Santos en 2016 para evitar nombramientos políticos. Finalizado este proceso, la comisión elaborará un informe con la valoración final de las candidaturas para que el ministro de Cultura, que en última instancia es quien decidirá sobre la nueva dirección, eleve la propuesta al Consejo de Ministros.

Así las cosas, contando con los plazos máximos, la emisión de este informe podría irse a mediados de septiembre. ¿Habrá abandonado el Gobierno su condición de interinidad entonces? Esto está aún por ver. Las Cámaras se constituirán el 17 de agosto y se prevé que el Rey inicie su ronda de consultas cuando se formen los grupos parlamentarios, a partir del día 24. Si el popular Alberto Núñez Feijóo se presenta a una investidura fallida y la elección de presidente se dilata, la interinidad del Gobierno podría ir más allá de septiembre. Y la ley limita la actividad de un Ejecutivo en funciones «al despacho ordinario de los asuntos públicos [...] salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general».

No obstante, según Cultura, el nombramiento del sucesor de Ana Santos en la BNE no tiene por qué ser en septiembre: «No hay un plazo legal para la elección». Si el PSOE consigue el visto bueno de Puigdemont para seguir en La Moncloa, la crisis en la BNE estará más o menos desactivada, al ser un ministro socialista quien herede este proceso. Pero si la endiablada aritmética parlamentaria condujera a una repetición electoral, con un Gobierno en funciones hasta finales de año, Iceta tendría un problema, porque sería muy difícil justificar un nombramiento en esas condiciones si no quiere dejar la sucesión en barbecho. Y si el próximo ministro cambia de color, tendrá que ejecutar un plan diseñado por otros. En medio de todo queda la BNE, una institución que estos últimos años había sabido sobreponerse a las injerencias políticas.