La patronal de la construcción advierte de que liquidar las autopistas costará 5.000 millones al Estado

El presidente de la patronal de las grandes compañías de construcción y concesionarias ( Seopan ), Julián Núñez, se ha referido, durante una rueda de prensa que ha ofrecido hoy, a la polémica sobre la constitución de la sociedad nacional para aglutinar a las autopistas en riesgo de quiebra. Núñez ha avanzado que espera alcanzar un acuerdo «en menos de un mes» con el Ministerio de Fomento para nacionalizar estas vías de pago (las radiales de Madrid más la AP-36 y la M-12).

Esta nueva entidad, que se inspiraría en la Empresa Nacional de Autopistas que se creó en 1984, podría disponer de un 100% de capital estatal, frente al 80% que contemplaba la oferta inicial del Gobierno. El incremento de la participación pública, explicó el representante de las compañías de construcción, permitiría evitar la posible consideración de la medida como «ayuda estatal» por parte de la Unión Europea.

Actualmente, no es seguro que el Gobierno opte por constituir la sociedad de autopistas, ya que el Ministerio de Hacienda se muestra más partidario de la liquidación de cada una de las sociedades , inmersas en concursos de acreedores. En este punto, Seopan amenazó con recurrir a un «enfrentamiento judicial con el Gobierno que durará varios años», algo que, a su juicio, dará lugar al «cierre del mercado nacional a las inversiones nacionales y extranjeras en futuros proyectos de colaboración público-privada» y un «daño a la imagen de España», por la «aprobación de medidas unilaterales retroactivas».

Según Núñez, la aún hipotética liquidación de las autopistas de peaje tendría un coste paras las arcas públicas de 5.000 millones de euros, frente al «coste cero» de la creación de la sociedad. Importe que se sumaría a las reclamaciones que llevarían a cabo por la vía judicial, el total de 2.340 millones que, según los datos de Seopan, han desembolsado las compañías. La constitución de esta especie de «banco malo» de las carreteras de peaje es, según el portavoz, «lo mejor para todos», puesto que no está «en la vocación de las empresas enfrentarse con el Gobierno», pese a que el «acuerdo va a costar mucho dinero a las empresas». En este sentido, negó tajantemente, que se trate de un «rescate» de las autopistas deficitarias.

De estos más de 2.300 millones de euros, en concreto, 1.830 millones se abonaron en concepto de sobrecostes por la expropiación de terrenos (cuyo coste se multiplicó de los 387 millones previstos hasta los 2.217 millones). Núñez explicó que la solución puesta encima de la mesa por el Ejecutivo no contempla ninguna compensación en este sentido y, por tanto, «está perdido ya». Las sociedades sí mantienen su exigencia, añaden, para cobrar los 473 millones de euros restantes por las inversiones en las red libre de peaje (M-50) y reconocidos por el Estado.