Fomento niega a las constructoras más peso en la sociedad pública de autopistas
Rechaza el órdago de las grandes compañías, que exigían un 49% de la nueva empresa
El Ministerio de Fomento lo tiene claro. No piensa ceder al órdago lanzado por las compañías constructoras que han exigido al Gobierno un mayor peso en la nueva sociedad pública de autopistas que el Ejecutivo prevé crear para salvar a las concesionarias de una quiebra inminente.
Hace apenas diez días las empresas constructoras entregaron al Gobierno su propuesta. Quieren una participación del 49% en el capital de la nueva compañía , frente al 20% que el Ejecutivo les ha ofrecido. Además proponen que la nueva empresa pública se haga cargo no sólo de la deuda de 3.600 millones que las autopistas tienen con la banca, sino también de los más de 500 millones de deuda que, según las constructoras, las concesionarias tienen con ellas. Piden también que se alarguen los plazos actuales de las concesiones y que se garantice que el precio de los peajes suba un 1% adicional al IPC durante los próximos años.
Unas exigencias que el Ministerio que dirige Ana Pastor considera inasumibles para el erario público. Fuentes del Ejecutivo argumentan que las constructoras pretenden que las arcas públicas se hagan cargo del capital inicial, el «equity», que estas pusieron en unos negocios que no han funcionado. Ese capital ya lo tienen provisionado las compañías, aseguran las citadas fuentes, por lo que la solución que plantea el Ministerio de Fomento no tiene en cuenta esta inversión inicial. « Como empresarios asumieron un riesgo en este negocio, no les ha salido bien, y tienen que pagarlo», argumenta el Ejecutivo. De ahí que la participación máxima en la nueva sociedad que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a las constructoras se mantiene en el 20%.
Del mismo modo, el Ministerio de Fomento tampoco está dispuesto a que la nueva sociedad asuma más deuda de la que aparece contabilizada en los libros: 3.600 millones de deuda bancaria, y 400 -no 500- de deuda de las concesionarias a estos grupos procedentes de los sobrecostes surgidos en la construcción de las autopistas.
Por último, el Ejecutivo tampoco considera factible que en un momento como el actual, donde los precios y los salarios se están desligando del IPC, se pueda garantizar a las constructoras que los peajes suban un 1% por encima de la inflación.
Alternativa del Ejecutivo
Frente a esta propuesta, el Ministerio de Fomento mantiene su plan: crear una sociedad pública de autopistas, dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) , en la que se englobarían las autopistas en riesgo de quiebra. El plan que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa conllevaría la entrada de capital público en un 80%. Sin embargo, no se trataría de un «rescate» propiamente dicho, o una especie de banco malo, ni más carga para el déficit y la deuda pública.
El modelo sugerido por el equipo de Ana Pastor parte de la renegociación del montante total de la deuda. Este es el punto donde más se ha avanzado (con la cautela y los recelos propios de un proceso que implica a la mayor parte del sector financiero del país y algunas entidades extranjeras, como E spírito Santo, Crédit Agricole y RBS ): la banca no ve excesivos inconvenientes en el modelo de reestructuración del pasivo, que pasa por ampliar hasta los 30 años el plazo de vencimiento y establecer un sistema de pago modulado, que durante los primeros años obligaría sólo al pago de los intereses (3,5%). La devolución del capital se dejaría para el final, cuando haya amainado la actual crisis.
El calendario
Pese a que hace un par de semanas, antes de que la principal patronal de la construcción (Seopan) entregara su propuesta de negociación, se daba por sentado que las conversaciones entre el sector privado y el Gobierno habían encarado su recta final, el proceso parece haber entrado de nuevo en punto muerto. Poner a todos los agentes del sector de acuerdo se presenta como la cuadratura del círculo: tanto la banca como la mayor parte de las empresas concesionarias han mostrado su disposición a concluir el proceso. Pero entre las propias constructoras hay compañías que plantean más exigencias (FCC, Sacyr y ACS).
El calendario lo determinará en buena medida el proceso concursal en el que se encuentran la mayor parte de las autopistas problemáticas. Esto y las presiones que puedan ejercer el resto de agentes presentes -especialmente la banca- en un tablero donde nadie quiere retroceder. Ni siquiera una casilla.
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