ANÁLISIS
España se asegura un crecimiento sostenido
El economista que predijo la crisis antes que nadie desglosa para ABC las reformas llevadas a cabo por Rajoy que están permitiendo la recuperación económica
Durante décadas los economistas hemos estado hablando de la necesidad de hacer reformas estructurales para lograr una economía española más moderna y competitiva. Tras la precipitada y errónea puesta en marcha del euro, desencadenante de la burbuja crediticia y la crisis posterior y la evidencia de que, una vez integrados en el euro, la peor de las soluciones sería la salida, una respuesta en la que han coincidido los electores y los partidos políticos que gobiernan, y han gobernado, en Irlanda, Portugal, Grecia, España, Chipre e Italia , se han producido cambios estructurales positivos en la mayoría de los países de la «periferia». Esos cambios, ineludibles, podían retrasarse por los respectivos gobiernos, agravando la crisis a medio y largo plazo, como hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero hasta mayo de 2010, o acelerarlos, para terminar el ajuste con rapidez y poder volver a crecer, como ha hecho Rajoy en sus 22 meses de mandato. Los sacrificios y los sufrimientos de la mayoría de los residentes en España no han sido en vano. La economía española ha cambiado y se ha asegurado un crecimiento sostenido, aunque moderado, durante unos años.
Ajuste inevitable
El primer cambio estructural ha ocurrido con el gasto en inversiones de todo tipo, desde viviendas, carreteras, oficinas, parques industriales, y bienes de equipo hasta servicios imprescindibles para la modernización de nuestras empresas. Desde 1975 y hasta 1998 el porcentaje medio de nuestro gasto en ese tipo de bienes fue del 21% del PIB. En la fase expansiva del ciclo, que terminó en 2007, subió hasta el 30,7% del PIB. Después ha caído en picado. En 2013, terminará en torno al 17,8% del PIB. Y lo lógico es que siga cayendo, hasta incluso menos del 16% del PIB. Este ajuste, estructural e inevitable, explica una gran parte de la crisis económica. Los países desarrollados de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido , invierten entre el 18% y el 20% del PIB. Una parte sustancial de nuestra deuda, pública y privada, se explica por la construcción acelerada de infraestructuras, urbanas y no urbanas -necesarias o innecesarias, ese es otro tema-, proyectadas, equivocadamente, para una población de más de 50 millones de personas. Llegamos a ser 47 millones, tras recibir a 7 millones de inmigrantes y seremos 45 millones en unos años, como consecuencia de la evolución de la natalidad y de la emigración. La buena noticia es que no necesitamos invertir ni el 17% de nuestro PIB para volver a crecer y ser competitivos. Lo que nos permitirá destinar nuestros ingresos a pagar deudas, como están haciendo las familias y las empresas y, en parte, a consumir más, como ocurrirá en los próximos meses.
El segundo cambio estructural es el peso de las exportaciones en el PIB, que en 2013 alcanzarán el 35%. En 2008, esa tasa era del 26% y en los momentos de máxima competitividad de nuestra economía, lo que sucedía tras las devaluaciones de la peseta, alcanzábamos el 29% del PIB. Esta evolución se ha producido porque las empresas españolas más modernas y competitivas han buscado, y logrado, otros mercados diferentes de los del área euro. Ese aumento ha ocurrido sin que haya crecido el crédito, porque las empresas han utilizado el crédito menguante del que disponían, para financiar sus ventas al exterior en lugar de las ventas a clientes españoles. El peso promedio de las exportaciones en el PIB de la Unión Europea es del 44% del PIB. Un promedio en el que pesa mucho Alemania, que exporta el 50% de su PIB, pero en el que Francia sólo alcanza el 27%, el Reino Unido el 29% e Italia el 32% de sus PIB respectivos. El crecimiento futuro dependerá del aumento de nuestras exportaciones, que deberían alcanzar el 40% del PIB en 2016. Como ocurre en Alemania, y no ocurre ni en el Reino Unido ni en Francia. Lo que no significa, obviamente, que nos podamos comparar, sobre todo tecnológicamente, con Alemania.
El tercer cambio estructural es el de los sectores que suministran bienes y servicios para el consumo privado. El porcentaje del gasto que dedicamos al consumo privado se ha reducido en apenas un punto en estos años de crisis, hasta el entorno del 57,3% del PIB en 2013. Lo que ocurre es que en 2008 el PIB alcanzaba los 1,09 billones de euros y en 2013 será de 1,03 billones, aproximadamente, con una inflación acumulada en esos años de alrededor del 10%. En euros, el consumo de las familias ha pasado de 612.000 millones en 2008 a 590.000 millones en 2013 . En términos reales, supone una reducción del 13% sobre lo que consumíamos en 2008. Las empresas, que habían invertido y contratado personal para atender las necesidades de una población creciente y cada vez más rica, han tenido que reducir su tamaño a la realidad de un país más pobre y más pequeño económicamente. Ese ajuste, que es un cambio estructural, todavía no ha terminado pero, afortunadamente, está cerca del final.
El único camino
El cuarto cambio estructural es el de lo que se denomina Consumo Público, que es el gasto que se necesita para pagar el funcionamiento de nuestras tres Administraciones Públicas. Si a ese gasto le sumamos todas las transferencias que hacen las Administraciones Públicas , -con los recursos obtenidos por impuestos, cotizaciones, tasas y precios públicos y endeudamiento- para pagar pensiones, desempleo, inversiones, parte de la educación y la sanidad, otros gastos, subvenciones e intereses, obtenemos el gasto público total, que se situará en algo más del 45% del PIB en 2013.
Durante la década de los noventa el consumo público se situaba en torno al 16% del PIB. El año 2004 alcanzó el 18% del PIB. Después, siguió creciendo hasta el 21,5% del PIB en 2011. En 2012, descendió hasta el 20,2%. En 2013, lo volverá a hacer, aparentemente, hasta el 19,7% del PIB. En la Unión Europea, el consumo público se sitúa entre el 18% y el 19% del PIB. En términos nominales, en dos años se habrá producido una caída del consumo público de 33.000 millones de euros. Tiene razón, por tanto, el ministro Montoro cuando explica que la reducción del déficit público ha sido posible, en gran parte, gracias a los esfuerzos de contención del gasto de las Administraciones. El plan de reformas del Sector Público, remitido a la Comisión Europea en 2013, pretende alcanzar un déficit público del 2,7% del PIB en 2016, sobre la base de reducir el consumo público hasta el 16,5% del PIB. Un objetivo que tendrá que completar el gobierno que se elija en 2015. Habríamos vuelto al nivel porcentual de gasto por consumo público del año 2000. Y el conjunto del gasto público se habría reducido al 40% del PIB.
Todos esos cambios han exigido reformas estructurales muy costosas, en términos personales y políticos. Las reformas están demostrando que la austeridad es el único camino posible para lograr la « devaluación interna » a que nos obliga la pertenencia al área euro. En consecuencia, se ha conseguido recuperar parte de la competitividad exterior perdida y hemos comenzado a pagar nuestra deuda exterior. Que es, sin lugar a dudas, junto con el control del gasto público, la gran asignatura pendiente de nuestra economía.
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