Vivir (sin maras) en La Campanera

Recién comienza el año académico y la matrícula seguirá aumentando, contrariando incluso la reducción de la tasa de fertilidad en la última década. Cecilia tramita estos días la llegada de una familia desde un municipio del departamento de La Libertad. Adquirieron una casa en el otrora problemático barrio y buscaron a la directora Cecilia para preguntarle si todavía podían inscribir a sus hijos.

—¿Que se dispare la matrícula no le supone un problema a usted?

—No, ¡todo lo contrario! —responde.

A Martha Cecilia Mejía Sosa el Ministerio de Educación la asignó al Centro Escolar La Campanera a finales de 2003. «Mi familia me pidió que no aceptara la plaza», dice. Ubicado en la zona norte de Soyapango, en el área metropolitana de la capital, el reparto La Campanera ya era entonces un lugar cuya convivencia estaba secuestrada por las maras.

En concreto, por una pandilla llamada Barrio 18 o la 18, la antagónica de la MS-13 o Mara Salvatrucha. Una y otra importadas a inicios de la década de los 90 desde el área de Los Ángeles, en California, y que lograron echar raíces prosperar en una sociedad devastada tras doce años de guerra civil.

Durante dos décadas, Cecilia fue primero la directora de la escuela en la que estudiaban los pandilleros; y después, donde estudiaban los hijos de los pandilleros. Pero esto comenzó a cambiar en marzo de 2022, cuando el presidente de El Salvador, el autócrata Nayib Bukele, ordenó a la Asamblea Legislativa que le aprobara un régimen de excepción para combatir a las maras como nunca antes se había hecho desde el Estado. Fiel a su estilo personal y a su pasado como publicista, incluso creó un hashtag: #GuerraContraPandillas.

Testigo directo de la crueldad

Directora de la escuela desde 2003, a Cecilia Mejía le tocó ver, oír y callar las atrocidades de los pandilleros

Previsto para durar 30 días, el régimen de excepción impuesto por Bukele —un paso más en su deriva autoritaria— ha acumulado 35 prórrogas y sigue vigente. Dicen que no se puede echar de menos lo que nunca se tuvo y, en La Campanera, conceptos como el Estado de derecho o la democracia resultan demasiado vaporosos. El Barrio 18 impuso el ver, oír y callar con sangre y fuego durante un cuarto de siglo.

«En la fiesta navideña para los niños de este año me quedé hasta tarde y, a las 22.30 de la noche, la colonia estaba bien iluminada, la gente caminaba por las calles comiendo pupusas y tomando licuados... Algo que antes no se veía», dice Cecilia.

Caminar por la noche sin miedo a unos pandilleros puede sonar a poco leído desde otras latitudes, pero en el reparto La Campanera —en El Salvador entero, casi— es algo subversivo.

Cuando hay elecciones en El Salvador, la escuela deviene centro de votación. En las presidenciales de 2019, las que lo llevaron al poder, Bukele obtuvo el 59 % de los votos en esta colonia; en las presidenciales de 2024, en pleno régimen de excepción, el respaldo a Bukele se disparó hasta un surrealista 87 %.

El recuento de vivencias de Cecilia como directora del Centro Escolar La Campanera daría para una serie de Netflix de incontables temporadas. Docentes muertos a balazos, violaciones tumultuarias de alumnas, estudiantes asesinos y asesinados, balaceras de película, personas desaparecidas, represión estatal desmedida… Atrocidades protagonizadas con demasiada frecuencia por jóvenes de 16, 14, de 12 años.

«Una vez estábamos esperando el bus acá —dice Cecilia— y bajaron los muchachos con las pistolas en las manos y los policías los venían siguiendo, y ellos correspondiéndoles, y nosotras que no hallamos cómo... Mire, a mí no me pregunte cómo corrí con unos grandes tacones que andaba ese día, que me salté la gradita del pasaje y yo vi una puerta balcón abierta ahí en la primera casa y le metí la mano y me metí, suerte que estaba sin doble llave. Y la gran balacera. Unas compañeras lograron abrir el portón de la escuela y se metieron».

La Campanera forma parte de Soyapango, una ciudad de poco más de 250 000 habitantes que en 2015 registró oficialmente 236 homicidios, sin contar las desapariciones, una práctica habitual entre las pandillas para deshacerse de los cuerpos. Con una población de más de 48 millones de habitantes, España contabilizó 348 homicidios en 2024.

En 2024 se registraron cuatro homicidios en Soyapango, lo que supone una reducción del 98 % en apenas una década. «Sí, ahora tenemos un mejor ambiente», zanja Cecilia.

Santos Mancilla es una anciana que vive con su marido, Jorge Colorado, en una de las casitas adosadas que integran el reparto La Campanera. Se instalaron en la colonia a finales de los noventa, al fondo de uno de los pasajes del polígono 35, abajo, cerca de la cancha de fútbol, el sector en el que el control de la pandilla 18 fue más severo.

En su particular recuento de vivencias hay un hijo hospitalizado porque unos pandilleros lo vapulearon por llegar a visitarlos desde otra colonia, una hija que tuvo que cuidar sí o sí a la recién nacida de un líder pandillero encarcelado, una persecución policial que se saldó con un marero corriendo sobre el techo de su vivienda y destrozándolo, los autoencierros apenas caía la noche, y las constantes visitas a su casa a pedir «por favor» docenas de tortillas de maíz, que Santos palmeó durante años para sus vecinos y así ganar unos centavos.

Ahora, en la era pospandillas, y casi obligada por los problemas de movilidad de su marido —sin pensión alguna como es norma en El Salvador en los estratos empobrecidos—, ha podido abrir en la casa una modestísima tienda de pasaje, con la que van tirando. Algo impensable en los años más oscuros de La Campanera, cuando la pandilla imponía la renta a cualquier vecino del que sospecharan que movía efectivo. «Gracias al Señor y al presidente», dice Santos.

Tras tres años de régimen de excepción, La Campanera es otra colonia. Hay más carros, más iglesias evangélicas, más soldados y policías, más tiendas, más vida. Tiene su lado no tan positivo: una casita de final de pasaje que un lustro atrás se remataba por 2.000 o 3.000 dólares ahora no baja de los 18.000. Pero la satisfacción entre los vecinos es generalizada.

Luis Enrique Amaya es un analista y consultor internacional en temas de seguridad pública. «Sí», responde sin titubeos cuando se le pregunta si cree que el fenómeno de las maras, su desarrollo desmedido y sangriento en el país, es ya cosa del pasado.

El problema de las pandillas y su arraigo en las comunidades «a mí también me parecía algo irresoluble», admite Amaya, y luego desarrolla la idea: «Para muchos analistas, y me incluyo, el fenómeno de las maras no podía analizarse sólo desde una perspectiva criminológica o sociológica, sino cultural. ¿Y por qué nos parecía irresoluble? Porque creíamos que para resolverlo había que cumplir reglas y leyes; antes del régimen de excepción aspirábamos a administrar el problema, no a resolverlo».

«El presidente Bukele ha conseguido logros importantes con costos importantes», dice Amaya.

La directora Cecilia desde la vivencia propia en La Campanera y el analista Amaya desde la investigación a escala nacional han llegado a una conclusión similar: el debilitamiento de las maras como estructuras criminales es irreversible, siempre y cuando los pandilleros permanezcan encerrados, algo que da para otro debate. «Las pandillas no eran tan sofisticadas como pensábamos, y otro fenómeno pandilleril podría surgir, sí, pero sería un fenómeno distinto», matiza Amaya.

No en el discurso oficial, que es triunfalista y hasta exagerado en este tema, como cuando perifonea con bombo y platillo que El Salvador se ha convertido en «el país más seguro del hemisferio occidental», pero la propia Administración Bukele es la que de puertas para adentro mantiene más reservas sobre el fin de la MS-13 y de la 18 en el país.

Con fecha 1 de marzo de 2025, un detallado informe confidencial elaborado por la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil al que ha tenido acceso ABC advierte sobre remanentes de actividad pandilleril. «Las pandillas, en su intento por sobrevivir, han adoptado estrategias como el reclutamiento de menores o adeptos, quienes estarían modificando su comportamiento y apariencia para pasar desapercibidos. Además, ante la disminución de ingresos por el delito de extorsión, están incursionando a mayor escala en el narcomenudeo».

El informe de inteligencia también indica que, de las 95 clicas que en marzo de 2022 tenían un poder de fuego tal que la Policía las consideraba «grupos armados», 39 siguen activas, aunque durmientes: 29 de la Mara Salvatrucha, seis del Barrio 18-Sureños —la que controlaba La Campanera— y cuatro del Barrio 18-Revolucionarios.

Quizá sean conclusiones de este tipo las que mantienen vigente, tres años después, un régimen de excepción que vulnera libertades individuales y el debido proceso, pero cuyo impacto se agradece con idolatría y votos para el presidente Bukele en comunidades como La Campanera.