Una traición y una vergüenza: la reacción sobre la decisión de Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

«Muchos se preguntan por qué no ha triunfado la libertad de Cuba contra el comunismo», y la respuesta está en decisiones como estas, que son una «traición a las ansias de libertad del pueblo cubano», afirmó a ABC. «Es una vergüenza para la administración de Joe Biden que se vaya con esa traición al pueblo cubano y con esa traición a la libertad de todos los pueblos del mundo», sentenció el premio Sajárov del Parlamento Europeo.

Por su parte, Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, calificó de indignante la resolución. «No hay justificación para sacar a la dictadura cubana de la lista de patrocinadores del terrorismo, no solamente por su apoyo al terrorismo internacional y también en las Américas, sino porque todos los días esa dictadura ejerce el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos», expresó.

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La hija del lider opositor Oswaldo Payá, asesinado por el régimen cubano en 2012, manifestó igualmente que ninguna de las medidas ayudan realmente al pueblo cubano a salir de la crisis, así como insistió en que la revocación de las sanciones a la cúpula militar cubana permite financiar la represión en la Isla.

Cuba fue incluida en la lista en 1982 por poseer un largo historial «de proporcionar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales». En 2015, durante la administración de Obama, Estados Unidos retiró al país del listado y en 2021 la administración de Trump volvió a incluirla debido a que la a Secretaría de Estado determinó que el país había prestado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional en los seis años transcurridos desde la revocación de su designación.

La medida supone la eliminación de una serie de sanciones, entre las que destacan la prohibición de la exportación y venta de armas; controles sobre las exportaciones de productos de doble uso, que exigen una notificación al Congreso con 30 días de antelación para los bienes o servicios que puedan mejorar significativamente la capacidad militar del país terrorista o su capacidad para apoyar el terrorismo.

Por otro lado, la suspensión de la Ley Helms-Burton (1996) daría margen a transacciones financieras con el conglomerado militar GAESA y otras empresas «satélites» dependientes de aquella. Paralelamente, según declaraciones de un alto funcionario de la administración, también se elimina una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos, revocando así el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 de 2017.

Poco después del anuncio de la administración Biden, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) comunicó que liberarían «gradualmente» un total de 553 prisioneros «sancionados por delitos diversos». El régimen cubano no precisó si se trataba de presos políticos ni quiénes conformaban esa lista, tampoco especificaron que los presos cubanos serían la moneda de cambio para revocar la designación de Cuba como «Estado Patrocinador del Terrorismo», solo indicaron que la liberación se produce «como parte de las estrechas y fluidas relaciones con el Estado Vaticano» y en consonancia con una «práctica que es común en nuestro sistema de justicia y que ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución».

Un alto funcionario de la administración Biden dijo a Martí Noticias que las decisiones ejecutivas del presidente Joe Biden se habría producido tras una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos. Esta medida ha recibido diversas reacciones, teniendo en cuenta, además, que el régimen cubano no reconoce la existencia de prisioneros por motivos sino que los califica y procesa como delincuentes comunes. Para el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, la noticia de la excarcelación de esos prisioneros no se trata de «una muestra 'de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba'», sino que «no es más que un burdo uso político de seres humanos inocentes».

«Hablan de naturaleza justa los que han separado miles de familias y destruido la vida de todas esas personas inocentes. (…) Si el régimen cubano va a liberar a los presos políticos tiene que ser a todos, sin condiciones de exilio forzado y con garantías de que no van a ser encerrados nuevamente. Y aún así, la maquinaria seguirá funcionando, creando nuevos presos políticos, para cambiar en próximas negociaciones. El problema se acaba de una sola forma: acabando con la dictadura, no dándole plazos», escribió en redes sociales.

Para el ex preso político y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, la información sobre la liberación de los presos políticos es «demasiado genérica», y «deja varias preguntas sin responder, entre ellas si los presos por motivos políticos están incluidos en esa lista». González Raga recordó que actualmente están presos casi un millar de personas que se manifestaron pacíficamente en 2021 y en años posteriores, incluyendo a los principales líderes opositores de Cuba, entre ellos José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, Sayli Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara. «Desde el OCDH siempre hemos insistido en que todos son inocentes, y deben ser liberados inmediatamente, sin condiciones de ningún tipo y sin la obligación de abandonar el país«.

Tanto Gallego como González Raga hacen referencia a un antecedente reciente de liberación de presos políticos, quienes formaban parte del llamado Grupo de los 75 de la Primavera Negra de Cuba, encarcelados en 2003 y la mayoría de los cuales fueron liberados luego de la mediación de la Iglesia Católica cubana y el gobierno español (José Luis Rodríguez Zapatero) pero con la condición del destierro.

Años más tarde, casi al finalizar la administración Obama, el régimen cubano liberó igualmente a un grupo de prisioneros pero, pese a las expectativas, no todos estaban encarcelados por motivos políticos sino que muchos estaban ya libres o próximos a extinguir su sanción. El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Borotan, afirmó a ABC que las medidas demuestran una «miopía política» por parte de la administración de Biden, así como que se trata de concesiones que le permiten al régimen cubano respirar y mantenerse en el poder. Según Boronat, este tipo de políticas, inevitablemente, resultan en mayor daño a vidas humanas. «Le han dado la razón al régimen a la hora de utilizar a los presos políticos como rehenes para obtener concesiones», añadió.

Aunque la medida ha sido recibida con mucha alegría y expectativa por los familiares de los presos políticos, activistas y opositores como Coco Fariñas afirman que no confían en ello «porque mañana los pueden volver a encarcelar». «Encarcelarán a esos mismos que van a liberar o a otros porque la junta militar neo-raulista es una máquina de hacer presos políticos», por lo que la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a cambio de la liberación de presos políticos «es un pretexto banal porque no va a la esencia, que es el derrocamiento de la dictadura castrista», manifestó.

ABC contactó con varios familiares de presos políticos y ninguno tenía conocimiento de las excarcelaciones, aunque todos ansían resultar entre los beneficiados y consideran la medida como un alivio a su sufrimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado bajo qué criterios se escogieron a los presos, bajo qué condiciones ni quiénes recibirían la libertad. No obstante, los excarcelamientos representarían menos de la mitad de la cifra total de presos políticos, la cual asciende a 1161 actualmente, según Prisoners Defenders.