Reino Unido no considera el delito de sedición pero sí el de traición

Si el movimiento independentista celebrara una consulta sin el consentimiento del gobierno británico, no sólo provocaría un grave conflicto interno sino que también podría tener dificultades para obtener el reconocimiento internacional en caso de ganar

La primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, asiste a una manifestación a favor de la independencia escocesa frente al parlamento en Edimburgo AFP

Ivannia Salazar

24/11/2022
Actualizado a las 13:52h.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, aseguró que aunque está decepcionada, respeta el fallo del Tribunal Supremo que dice que el Parlamento de esta nación no puede convocar un referéndum de independencia sin el permiso del gobierno británico, pero enfatizó que los jueces no ... hacen la ley sino que solo la interpretan. «Esta es una píldora difícil de tragar para cualquier partidario de la independencia, y, ciertamente, para cualquier partidario de la democracia». Sturgeon puntualizó que el partido que preside encontrará «otro medio democrático, legal y constitucional» para que el pueblo pueda expresar su voluntad, en unas palabras que reafirman que no tiene intención de convocar una consulta ilegal. En todo caso, si el Supremo hubiera fallado a favor del gobierno escocés, la consulta no sería legalmente vinculante, sino que simplemente mostraría lo que quiere la gente.

Si el movimiento independentista celebrara una consulta sin el consentimiento del gobierno británico, no sólo provocaría un grave conflicto interno sino que también podría tener dificultades para obtener el reconocimiento internacional en caso de ganar. Esta es la opinión de expertos como James Mitchell, profesor de política en la Universidad de Edimburgo, quien dijo a Reuters que la decisión de llamar a que las próximas elecciones sean un referéndum de facto sería una «gran apuesta», pero que incluso si los nacionalistas del SNP obtuvieran más del 50% de los votos en Escocia, es poco probable que el gobierno británico acepte negociar una nueva votación.

De hecho, Sturgeon consideró que aunque un referéndum es su opción favorita, el SNP podría usar las próximas elecciones generales del Reino Unido como un «referéndum de facto» en un intento de demostrar que la mayoría de las personas en Escocia apoyar la independencia, aunque los detalles de cómo podría funcionar esta fórmula están por estudiarse dentro de la formación. En todo caso, los analistas locales coinciden en que el SNP aceptará la sentencia y respetará la ley, descartando una votación como la de Cataluña. Según Elisenda Casanas-Adam, profesora de derecho público y derechos humanos en la Facultad de Derecho de Edimburgo y directora adjunta del Centro de Derecho Constitucional de Edimburgo, «no hay indicios de que el gobierno escocés se niegue a aceptar la decisión del Supremo».

Con respecto a la legislación británica, los partidos independentistas no solo son legales, sino que el más importante, el Partido Nacional Escocés (SNP) es el tercero en número de diputados en la Cámara de los Comunes. Y aunque la convocatoria de una consulta ilegal parece no estar sobre la mesa, cabe recordar que las leyes británicas no recogen el delito de rebelión. Lo más parecido es el delito de traición mientras que la sedición fue abolida como tal y lo que más se asemeja es un delito contra el orden público, cuya proporción punitiva con la legislación española es diferente. No existe legislación en el Reino Unido sobre el delito específico de malversación, que puede juzgarse bajo los paraguas de robo, fraude o lavado de dinero y que pueden ser penados con un máximo de diez años de cárcel.

El Reino Unido tiene tres jurisdicciones: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Aunque todas comparten como legislador al Parlamento de Westminster, cada una tiene sus propios parlamentos y cortes. Más que por las leyes, su sistema es jurisprudencial y se basa en el llamado «common law», es decir, un conjunto de leyes no escritas basado en precedentes legales establecidos por los tribunales.