La Dinastía Ortega-Murillo se perpetúa en Nicaragua

En ese vuelco vital, tan rotundo como despreciable, Daniel Ortega lleva ya aferrado a la presidencia 18 años, ha elevado a su mujer a copresidenta, ha situado a sus hijos al frente de empresas que se aprovechan del Estado –entre ellos, su hijo Laureano se perfila como posible vicepresidente y presunto sucesor– y ha colocado a su consuegro al mando de la Policía represiva.

Ya deslizándose el régimen hacia la dictadura en los últimos años, esta ha quedado oficializada con la entrada en vigor a mediados de febrero de una nueva Constitución. Presentada como una reforma parcial para no tener que pasar por el engorro de convocar elecciones y elegir una asamblea constituyente, se trata en realidad de un texto nuevo: de los 198 artículos que tenía la anterior versión, se suprimieron 38 y se reformaron o sustituyeron 143.

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Juan Diego Godoy

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La Constitución ahora vigente ha elevado a Murillo, elegida vicepresidenta en las farsas electorales de 2016 y 2021, al puesto de copresidenta (esta vez, sin necesidad de urnas). Y pone al servicio del matrimonio la abolición de la separación de poderes: la presidencia dual «dirige al Gobierno y como Jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización».

Desde hace tiempo, ante la edad más avanzada de Ortega (este año cumple los 80; su esposa alcanzará los 74) y la salud precaria de este, que en ocasiones parecía precipitar la sucesión, Murillo había ansiado asumir la máxima jefatura. Pero la incomodidad del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para aceptar su pleno liderazgo y la negativa de Ortega a dejar su puesto finalmente han conducido a la fórmula de la copresidencia.

Quien ejerce el poder, en gran medida, es Murillo, cuyo esoterismo condiciona muchos aspectos de la vida pública. Ella habla cada día a la nación por radio y anuncia las medidas que se adoptan. Quita y pone. Poco a poco ha ido laminando a quienes desde el entorno de su marido le ponían trabas; hasta logró que Ortega aceptara situar bajo arresto domiciliario a su hermano Humberto, todo un símbolo de la revolución sandinista que en 1979 derrocó a los Somoza.

Como Humberto Ortega, la mayor parte de los héroes de la revolución hace tiempo que han criticado la deriva del presidente y por ello han sido denigrados públicamente: Hugo Torres Jiménez murió en 2022 en prisión sin conveniente atención médica; Dora María Téllez fue encarcelada y luego expulsada del país en 2023, despojada de la nacionalidad nicaragüense; Humberto Ortega falleció en 2024, tildado de «enemigo de la patria», en la diana de Murillo por hacer calificado de «dictatorial» al régimen y criticarle a ella sus ansias sucesorias.

Esto no tenía que haber acabado así. La victoria sobre los Somoza, que gobernaron Nicaragua durante cuatro décadas (antes de llegar a la presidencia, Anastasio Somoza fue jefe de la Guardia Nacional y como tal responsable de la muerte del líder insurreccional Augusto Sandino en 1929, levantado contra la presencia militar estadounidense), permitió al país un nuevo comienzo en 1979.

Tras el mandato de una Junta, Daniel Ortega se convirtió en presidente en 1985. La Revolución Sandinista pronto dejó traslucir sus principios marxistas y sus fidelidades soviéticas, y además se vio combatida por la guerrilla de los Contras, auxiliada por Estados Unidos. Así que en las elecciones de 1990, que un sandinismo necesitado de reconocimiento internacional aceptó celebrar con ciertas garantías pensando que en cualquier caso las ganaría, la oposición liderada por Violeta de Chamorrovenció con claridad.

La democracia floreció en Nicaragua, como en esa década ocurrió en todo el continente. En otros lugares, sin embargo, tuvieron más suerte. Estando en la oposición, en un pacto con otro aspirante que pensaba aprovecharse de ese cambio de reglas, Ortega negoció la eliminación del requisito de alcanzar el 50% de los votos para obtener la presidencia. Quien se benefició fue Ortega, que en noviembre de 2006 resultó elegido solo con el 37,9% de los sufragios; en enero de 2007 se hizo cargo de la presidencia... hasta la fecha.

Como sucedería también en la Venezuela de Chávez y Maduro, las elecciones tuvieron que ser cada vez más manipuladas para garantizar la victoria; asimismo hubo que saltarse la prohibición constitucional de reelecciones sin cuento. Ortega fue primero condescendiente con los empresarios, a los que dejó hacer negocios mientras no interfirieran en su política; algo parecido ocurrió con la Iglesia. La ruptura final ocurrió en 2018: ante la presión de la calle, la represión causó más de 300 asesinatos, y el país entró en una recesión económica que empalmó con la crisis del Covid.

Desde 2018, alrededor de un millón de nicaragüenses han huido al exterior, lo que constituye el mayor éxodo de su historia. El Gobierno ha ilegalizado todos los partidos políticos a excepción del FSLN, ha clausurado más de 3.000 organizaciones civiles, ha confiscado las propiedades de las principales universidades privadas (como UCA de los jesuitas), ha despojado de la nacionalidad a más de 400 opositores y ha expulsado del país a unos 150 sacerdotes y obispos católicos y unos doscientos religiosos. En su particular inquina contra la Iglesia, el régimen controla los sermones y prohíbe que en los templos se rece por Nicaragua, porque asegura que el país no lo necesita.

Los poderes de Ortega y Murillo no dejan de crecer. Designados copresidentes y alargado su mandato un año más (la jefatura del Estado ha pasado de cinco a seis años; las elecciones previstas para 2026 pasan a 2027, y hasta 2028 no deberá comenzar el nuevo periodo presidencial), han sido facultados para designar un vicepresidente si lo desean, sin ser avalado por las urnas, algo anómalo, como la propia copresidencia, en un sistema presidencialista. Si Ortega falleciera, Murillo quedaría como única presidenta y podría elevar a vicepresidente a su hijo Laureano, uno de los siete que ha tenido el matrimonio desde que ambos se conocieron antes del triunfo de la revolución. Laureano Ortega Murillo se ha ocupado muy directamente de los contactos con Rusia y especialmente con China y representa a sus padres en actos oficiales.

Entre los últimos pasos dados, el 27 de febrero unos 30.000 civiles encapuchados prestaron juramento de obediencia como miembros de la Policía Voluntaria, cuerpo de nueva creación que tiene sus orígenes en los actos represivos de 2018. De aquella represión se encargó el recién nombrado jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, cuya hija está casada con Maurice Ortega Murillo. A diferencia de Venezuela, donde un número similar de muertos, en las masivas manifestaciones de 2014-2017, fueron causados por la Fuerza Armada (sobre todo la Guardia Nacional), en Nicaragua la represión estuvo a cargo de la Policía. Solo con el tiempo Ortega-Murillo han logrado convertir al Ejército en un brazo más de sus operaciones.

Completando ese control, el pasado 25 de marzo la Asamblea Nacional aprobó la reforma del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, poniendo a Murillo en la Jefatura Suprema del Ejército, algo que hasta ahora solo correspondía a su esposo. A partir de ahora, los miembros del Ejército deberán prestar juramento en presencia de la bandera del FSLN, rompiendo con la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y pasarán a cooperar con la Policía Nacional en tareas de represión interna. Sin haber pasado por la carrera militar, civiles podrán integrarse en la nueva Fuerza Militar Patriótica, cuya misión es «garantizar la estabilidad».

El 27 de marzo la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Judicial, situando la Corte Suprema de Justicia bajo directo mandato y supervisión de Ortega-Murillo, quienes nombrarán a su presidente y vicepresidente; también controlarán el resto de la judicatura al designar a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

De los siete hijos del matrimonio, el de mayor presencia institucional es Laureano, que ya venía ejerciendo como asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional y que el 18 de febrero fue puesto al frente de una nueva Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo que por sus manos pasarán importantes sumas. Otra cara especialmente visible ha sido la de Camila, que en muchos actos oficiales actúa de acompañante de su madre. Tanto Camila como sus hermanos Carlos Enrique, Juan Carlos, Daniel Eduardo, Luciana y Maurice tienen negocios en el mundo audiovisual: controlan varios canales de televisión y agencias de publicidad que solo entre 2018 y 2019 se beneficiaron de contratos estatales por valor de casi un millón de dólares. La mayor parte de ellos, además, participan en otros negocios cuya actividad se ve promovida por sus apellidos.