Absueltos los seis altos cargos y funcionarios acusados por las obras del embalse de Yesa
EFEMADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y a los tres funcionarios públicos de los delitos de prevaricación y riesgo
EFE
MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y a los tres funcionarios públicos de los delitos de prevaricación y riesgo catastrófico y de otros de los que eran acusados en relación a las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza).
Según la sentencia notificada ayer, el tribunal no considera que las resoluciones adoptadas en este caso «sean claramente contrarias al ordenamiento jurídico ni que los acusados con respecto a las mismas hayan perseguido fines distintos al servicio público».
El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo y sentó en el banquillo al ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho; al ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín; a la ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo; el secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos; y dos funcionarios del Estado, José Luis Uceda y Angel Núñez Maestro.
Según recuerda la sentencia, el embalse de Yesa fue inaugurado en el año 1959 y, años después de su entrada en funcionamiento, se planteó la necesidad de recrecimiento de la presa para lo que se elaboró un proyecto en cuya tramitación intervinieron los acusados. La sentencia no considera probable que existiera desde el principio un concierto entre todos los acusados para «confabularse» en la aprobación del proyecto, ya que fueron varias las Administraciones comprometidas en el mismo. Además, indica que aunque en el caso de Sancho y Escartín «podría entenderse que existía un posible móvil económico que les podría haber conducido a la ejecución del delito (...), no sucede lo mismo con los demás acusados».
La Audiencia rechaza la existencia del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que el fiscal atribuyó a dos de ellos, Tomás Sancho y Carlos Escartín.
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