Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno al sumar a Puigdemont a la 'mayoría Frankenstein'
El socialista franquea otra línea roja con la amnistía para atar una mayoría de 179 síes, mientras sus socios anticipan una legislatura inestable
Cuándo se sabe cuáles serán los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez tras la investidura
Resultado de la votación para la investidura de Pedro Sánchez
Sin sorpresas, pero con avisos de sus socios, Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha sido reelegido presidente del Gobierno este jueves. El secretario general del PSOE ha concitado en torno a él un respaldo de 179 escaños que le ha permitido ser investido en primera votación, al superar la mayoría absoluta, pero que no oculta la fragilidad de sus apoyos, que le advierten desde ya que su «sí» de hoy no es gratis —no lo ha sido ya— y que se enfrentará a una ardua negociación en cada iniciativa. Y eso que, para mantenerse en el poder, ha franqueado su penúltima línea roja.
Sánchez, antes de las elecciones generales del 23J, se comprometió a no conceder a los encausados del 'procés' la amnistía, que tachaba de «inconstitucional» e «ilegal». Pero esa ley que ya impulsaron los independentistas la legislatura pasada, y que fue rechazada por el PSOE porque los letrados del Congreso dijeron que entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución, que prohíbe los indultos generales, ahora es impulsada por los socialistas. Esa, y no ninguna otra, ha sido la llave que le permitirá seguir como presidente, con los votos de ERC y Junts.
Las viejas promesas de Sánchez —que antaño se ofendía si le preguntaban si estaba dispuesto a reposar la gobernabilidad de España sobre los independentistas o a pactar con EH Bildu, coalición que integra a los herederos de la ilegalizada Batasuna, el antiguo brazo político de ETA— caen en el olvido. Solo sigue en pie su compromiso de no permitir un referéndum de autodeterminación, pero la hemeroteca del líder socialista demuestra ya que eso no es garantía de nada.
El presidente dijo que en el 'procés' hubo rebelión y derogó el delito de sedición —por el que fueron condenados los líderes independentistas juzgados por el intento de secesión del 2017—, se comprometió a respetar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por el Tribunal Supremo e indultó a los separatistas, aseveró en el último día de la campaña electoral de este julio que no iba a conceder una amnistía y es ahora la primera ley que promueve con su «mayoría progresista». Este miércoles, en su discurso, defendió la legalidad de una medida que condena al olvido los delitos.
«Las circunstancias son las que son», solemnizó este miércoles Sánchez. Las circunstancias son que necesita los votos de Junts, cuyo líder, Carles Puigdemont, lleva fugado en Waterloo (Bélgica) desde 2017. El socialista defendió la amnistía como un «perdón» a quienes desafiaron al Estado y quebraron la convivencia en Cataluña hace ahora seis años, pero esto soliviantó a su nuevo aliado, uno más, que insiste en que en el 'procés' no se hizo nada ilegal y que, por tanto, no hay nada que perdonar. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, se reunió de urgencia con Santos Cerdán, el número tres del PSOE, que ya ejerció de correveidile en Bruselas en sus reuniones con el prófugo.
El 'lawfare', la nueva piedra en el zapato
Pese a la exhibición del malestar de Junts, no peligró la investidura. Pero Nogueras subrayó, entre la amenaza y el chantaje, que las 1.486 palabras del acuerdo entre Junts y el PSOE deben cumplirse si los socialistas quieren la estabilidad que ansían. Entre esos términos contados por la independentista, figura por ejemplo el 'lawfare' —supuesta persecución política por medios judiciales—, que no se recoge en la ley de amnistía socialista, pero que también reivindicó, con su habitual sorna, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde la tribuna de oradores.
Uno a uno, todos quisieron marcar posición ante Sánchez. La portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha advertido este jueves al presidente que no, que el respaldo de los 'abertzales' a la investidura tampoco es «un cheque en blanco» y que no significa que se deban a su Gobierno. «Espera lo mejor y prevé lo peor», ha dicho su homólogo en el PNV, Aitor Esteban, que ha retado al PSOE a cumplir sus compromisos, conocidas las decepciones pasadas, incluido «el reconocimiento nacional» del País Vasco.
La fractura en el hemiciclo, cada vez mayor
Sánchez ha logrado el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Pero enfrente tiene una nada desdeñable minoría de 171 votos en contra, con el PP, Vox y UPN en un bloque que constata la fractura en el hemiciclo. Alberto Núñez Feijóo, aunque reconoce como legítima la investidura de Sánchez, habló este miércoles de «fraude» porque los electores votaron al PSOE y al PSC con un mensaje claro: no a la amnistía. Santiago Abascal, mucho más duro, comparó la llegada al poder del socialista con la de Adolf Hitler y le acusó de dar «un golpe de Estado».
La dureza en los discursos parlamentarios es habitual, pero lo vivido en este debate de investidura, rodeado de una tensión social con protestas en las calles en contra de la amnistía, quizá marque una nueva cota de tensión. Este miércoles, los manifestantes congregados frente al Congreso se desplazaron después a Ferraz, a la sede del PSOE en Madrid, acompañados por los 33 diputados de Vox, que se marcharon del pleno sin escuchar la réplica de Sánchez a Abascal. De nuevo, hubo disturbios de grupos ultras.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete