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El número de presos duplica la capacidad de las cárceles vascas: «Ya había defectos antes de la transferencia»

El Gobierno vasco solventa la salida de funcionarios con el pago de horas extra (casi 1,5 millones de euros en dos años) y la contratación de personal interino que recibe un curso «básico» de dos semanas

Sortu cuelga una pancarta en la oficina de Extranjería de Bilbao: «Soberanía para Euskal Herria»

La consejera de Justicia, María Jesús San José, que asumió las competencias sobre la Administración Penitenciaria EFE
Gerard Bono

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«No le envidio en absoluto», ha dicho el portavoz del PP Santiago López Céspedes al director de Servicios Penitenciarios del Gobierno Vasco, Pablo Martínez Larburu, que ha comparecido hoy en el Parlamento autonómico a petición de los populares para dar cuenta de la situación en las cárceles vascas. Estas ya duplican el número de presos que fija el propio Departamento de Justicia para su funcionamiento óptimo. «Nos hace flaco favor trasladar un mensaje tremendista», ha pedido Martínez Larburu por el bien de la institución.

Según datos del Gobierno vasco, las cárceles de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa) acogen a un total de 1762 internos e internas en el último recuento de febrero de 2025. Un número que es más del doble fijado por el propio Departamento de Justicia, que marca en 719 la «capacidad óptima» del sistema penitenciario. «Desde 2021 (años en el que la comunidad autónoma asumió la competencia sobre Administración Penitenciaria) se han denegado más de 400 solicitudes de traslados al País Vasco, pero ninguna a presos del terrorismo«, ha cuestionado López Céspedes al director de Instituciones Penitenciarias.

Una «sobreocupación» que es especialmente grave en la cárcel de Basauri, donde se cuatriplica (463) la «capacidad máxima» del penal (157). Y que, además, viene acompañada de una «infraocupación de funcionarios». Martínez Larburu, con tres décadas de experiencia en el sector y que asumió el cargo hace dos meses, ha tratado de dar explicaciones acerca de las 'fugas' que se están viviendo entre el personal penitenciario y la falta de experiencia y medios para reponerlo. «Ya había defectos en las instalaciones y en las plantillas cuando se asumió la transferencia», ha denunciado en sede parlamentaria sobre el traspaso comprometido por Sánchez con EH Bildu.

El director de las cárceles vascas ha calificado de «normal» la decisión de alrededor de 87 funcionarios de solicitar la semana pasada el traslado a otras prisiones de España. Un movimiento que se suma a otro parecido, de otros 200 profesionales, a finales de 2024 y que el Gobierno vasco trata de solventar con aumento de horas extra e interinidades hasta que se pueda celebrar una nueva Oferta Pública de Empleo, no prevista para antes de 2026.

De acuerdo con una respuesta del propio Gobierno vasco al PP, en los últimos dos años se han gastado cerca de un millón y medio de euros en horas extras del personal penitenciario. (828.000 euros en 2023 por el pago de 55 mil horas y 529.000 euros en 2022 por el pago de 30 mil horas).

En cuanto a los interinos, recibirán un curso de formación de dos semanas en el que «se imparten conocimientos básicos sobre las normas y las técnicas elementales de actuación«. «Al final, muchas veces para estos puestos de trabajo en los que el cuerpo a cuerpo es tan importante, lo que te da experiencia es el patio, estar en el tú a tú«, ha puntualizado Martínez Larburu antes de reconocer que esa experiencia tampoco puede adquirirse en ese tiempo.

Según él, se trata de explicar a los asistentes «dónde van a entrar y a qué se van a enfrentar». «No todo el mundo se presenta al examen porque hay gente que se da cuenta. Si tú preguntas, yo soy cajera de Eroski, pero bueno, vengo aquí a probar; pues esta mujer, o este hombre, no tiene muy claro a qué viene, pero bueno, él o ella verá«, ha manifestado. El director de Servicios Penitenciarios ha afirmado que ya se han realizado cuatro cursos y que hay 241 personas que han superado ese proceso y que han sido incorporadas a la bolsa de trabajo de interinos, que esperan añadir a una plantilla que ronda los 600 trabajadores.

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