El acercamiento de etarras hace de las cárceles vascas un polvorín

El traspaso de las competencias penitenciarias fue siempre una de las aspiraciones del nacionalismo vasco y una concesión que ya en su momento asociaciones de víctimas del terrorismo alertaron de que consumaría el fin de la política de dispersión –por la cual reclusos etarras cumplían sus condenas fuera del País Vasco– y aceleraría la concesión de terceros grados para estos presos.

Dicho y hecho. En marzo de 2023 el Ministerio del Interior puso fin a 34 años de dispersión y ahora, cuatro años más tarde, la consejería de Justicia y Derechos Humanos, en manos del Partido Socialista de Euskadi (PSE), autorizó el traslado de unos 300 reclusos dispersos por todo el territorio nacional a las prisiones de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya) de los cuales al menos 106 pertenecían a la banda armada. Esa medida provocó un aumento de internos que supera con creces la capacidad de los tres centros.

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«Es una situación muy compleja que se da desde el traspaso de competencias. El Gobierno vasco asumió algo sin tener los medios, humanos ni materiales, para hacerlo», denuncian desde el sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones vascas, ACAIP-UGT. «La propia consejera de Justicia admitió que los tres centros estamos superando con creces la capacidad de acogida de internos, tenemos infraestructuras limitadas, resulta imposible atender a esos reclusos. Es una sobreocupación muy preocupante», matiza el coordinador de ACAIP-UGT, Juan Carlos Díaz. «Están hasta arriba (las prisiones). Yo trabajo en el interior y estamos desbordados. Han sacado gente para un régimen abierto para tener hueco en las celdas», afirma un representante autonómico del CSIF.

En una solicitud de información del Partido Popular vasco, el propio Gobierno regional asume que la capacidad operativa de los módulos no permite albergar todas las solicitudes de traslado que han recibido desde 2021, 1.015 en total, por lo que tuvieron que denegar 405 peticiones. Cabe destacar que, preguntada explícitamente por el número de internos con delitos de terrorismo cumpliendo condena en otras comunidades cuya solicitud de traslado al País Vasco hubiera sido denegada, la Consejería de Justicia asegura que ninguna solicitud de este tipo se ha desestimado. Es decir; ha habido un trato preferente con ellos.

«Los profesionales de la administración penitenciaria vasca han realizado un esfuerzo importante para albergar en nuestros establecimientos a la mayor parte de las personas que ingresan en ellos», aseguran desde el Gobierno vasco. La versión de los funcionarios de prisiones es bien distinta. Sí se ha realizado un esfuerzo muy superior durante esto casi cuatro años, pero esto se debe a que las prisiones se encuentran «en márgenes muy superiores a los que se acordaron» asegura un miembro de la plantilla. Actualmente la prisión de Zaballa cuenta con 940 internos, la prisión de Martutene tiene 352 y la de Basauri 440 para una plantilla total entre los tres centros que ronda los 600 funcionarios.

Esta sobreocupación genera conflictos dentro de los módulos. «La falta de espacio, no poder acomodar a los internos en las celdas (en algunos casos hay cuatro reclusos compartiendo una diseñada para dos) cuando no hay espacio genera muchas más tensiones», relata un funcionario de carrera. «La conflictividad se ha disparado un 400%. La amalgama de nacionalidades, las diferencias de reclusos en religión y escala de valores, sumado a la falta de espacio», afirma este trabajador. «Cuando pase lo que tenga que pasar, pues esperemos que no sea grave», expresa otro representante sindical.

Ante la imposibilidad de cubrir las necesidades de los centros, y con una plantilla de funcionarios de carrera, mermada además por hasta 120 bajas por incapacidad que se produjeron en el mes de diciembre, la administración ha echado mano de la bolsa de interinos que se creó en el momento en que se produjo el traspaso de competencias. Los aspirantes deben pasar un periodo formativo por ley, pero funcionarios de carrera denuncian que la formación que reciben es «exprés» de diez días. «Abrieron una bolsa de trabajo donde no les han hecho ni pruebas, solamente han valorado sus méritos, si tenían carrera, euskera y experiencia», denuncia un miembro de la plantilla. «Nosotros hemos estudiado, hemos pasado oposiciones, conocemos la ley, No le puede enseñar a una persona que no conoce la legislación, ni tiene conocimientos previos. Están en rastrillos, en puertas, en sitios donde no tienen mucho contacto con los internos».

El problema que se plantea llegados a este punto es que casi un centenar de funcionarios han solicitado un traslado fuera del País Vasco y la administración continúa apostando por los interinos, pero de padecer más bajas de funcionarios, ni siquiera con los interinos las prisiones serán capaces de cubrir las necesidades de los centros.