El «infierno fiscal» se transforma en un cerco multilateral al Gobierno a cuenta del salario mínimo

La controvertida decisión del Ministerio de Hacienda, gravar por primera vez el salario mínimo interprofesional con el impuesto sobre la renta a las personas físicas (IRPF), ha terminado transformada en una suerte de cerco multilateral al PSOE, con el PP, Vox, Junts y Podemos compartiendo ariete. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar, se esforzaba en su escaño por no gesticular durante las siete preguntas que ha tenido que contestar María Jesús Montero, quien acumulaba las que se aplazaron la semana pasada, cuando, el día después del choque entre los socios de coalición, fue baja por una repentina fiebre.

«Nos alegramos de su pronta recuperación y de que hayan recuperado usted y Díaz su amistad», le ha dicho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a la ministra de Hacienda, después de que las vicepresidentas Montero y Díaz se fundiesen en abrazos y besos el lunes, en el teatro Monumental de Madrid. Entre ellas, este miércoles, había hielo, pese al ahínco por explicitar una sintonía; una unidad rota por una discrepancia ideológica ante la que ninguna de las dos partes, a día de hoy, parece dispuesta a dar su brazo a torcer.

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Antes de intervenir ambas, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han cumplido con su cara a cara semanal, pero este parecía un trámite. Como dos teloneros, Feijóo y Sánchez han preparado el terreno para el examen de Montero con acusaciones cruzadas, esta vez, por los perceptores del salario mínimo interprofesional. Su sueldo sube este 2025 a los 1.184 euros mensuales, cincuenta más que hasta ahora, pero, por primera vez, tendrán que tributar el IRPF.

Feijóo ha empezado preguntando si Díaz sabía de antemano que los perceptores del salario mínimo van a pagar IRPF o si mintió cuando, el martes de la semana pasada, en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros, aseveró que se había enterado por la prensa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le susurró que eso no era así, constatando un evidente malestar, una guerra mal disimulada, entre los partidos coaligados en el Ejecutivo. Sánchez, con un quiebro de los suyos, ha respondido que seguro que los sobresueldos del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel, «no retenían el IRPF».

«Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles», ha repuesto rápido Feijóo, quien ha criticado que el esfuerzo de los españoles termine pagando cesiones al independentismo y «mordidas y pisos» para su entorno, en clara alusión al exministro José Luis Ábalos por su implicación en el caso Koldo. «¿Cómo nos van a respetar en el mundo si no le respeta la vicepresidenta? ¿Cómo nos van a creer hablando de aranceles si el mayor arancel es el suyo? Nunca un Gobierno ha sido tan caro y tan inútil como el suyo», ha sentenciado.

Sánchez, entonces, ha presumido del aumento de los empleados —hoy hay casi veintidós millones por los dieciocho millones que había cuando llegó a la Moncloa— y de que la tasa de pobreza sea la más baja de la serie histórica —a pesar de que sigue cercana al veinte por ciento—, y, de paso, le ha reprochado su oposición, a la altura, según él, de la criptomoneda quebrada recomendada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y ha atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia del Covid-19.

Tras un paréntesis de una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le ha tocado el turno a Montero, quien más de una semana después de su encontronazo con Sumar ha empezado a hacer en el hemiciclo esa «pedagogía» que quiere impartir la rama socialista del Ejecutivo. Primero ha contestado cuatro preguntas de diputados del PP y luego otras tres de parlamentarios de Vox, Junts y Podemos. 35 minutos de la sesión de control los ha copado ella, con rifirrafes multipartidistas, después de una semana en la que ha estado en el ojo del huracán.

«Con usted, la banca Montero siempre gana», ha dicho Gamarra, quien ha preguntado a la vicepresidenta por qué de los cincuenta euros que sube el salario mínimo, veinticinco acabarán llenando las arcas de Hacienda. Montero ha evitado contestar directamente a eso, pero, en una defensa de la medida que ha repetido toda la mañana, ha dicho que el Gobierno ha subido esa renta desde 2018 de 735 euros al mes a 1.184 por los cien euros que la incrementó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el ochenta por ciento de sus perceptores no va a pagar el IRPF —están exentos, por ejemplo, quienes tengan hijos a cargo— y que quienes cobraban ese salario ya tributaban el IRPF en 2024 y en la época del PP. «El infierno fiscal no tiene límites», ha lamentado la número dos de los populares.

El diputado del PP Elías Bendodo, andaluz, ha empleado un tono sarcástico y ha afirmado que se solidariza con Montero: «Señora Díaz, no se lo tenga en cuenta. Ha dicho que se ha enterado por la prensa. Lleva muchas cosas 'palante', tiene la cabeza en Ferraz, el despacho en la Moncloa, los findes viene a Andalucía y no da 'pa' más». Su burla le ha servido el reproche de la vicepresidenta, quien ha acusado al parlamentario de «machismo» y «paternalismo», levantando murmullos reprobatorios en la bancada del PP. «Frente a la banalización del machismo, mandemos un mensaje de respeto a las mujeres que sufren machismo de verdad», ha pedido después el portavoz del PP, Borja Sémper.

El también popular Juan Bravo ha insistido en la pregunta de Gamarra sobre esos veinticinco euros que recaudará Hacienda por el IRPF de cada perceptor del salario mínimo —con el mismo éxito— y ha recordado que la vicepresidenta se comprometió a no subir los impuestos de las clases media y trabajadora. «No hemos subido los impuestos a la clase media ni trabajadora», ha contestado Montero, alegando que solo se ha subido el IRPF como tal a las rentas superiores a los 300.000 euros anuales. «¡No!», ha coreado con ironía la bancada popular, mientras la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pedía silencio.

La diputada del PP Ester Muñoz ha preguntado a la vicepresidenta por las declaraciones del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y esta la ha acusado, otra vez, de ser «portavoz de un delincuente confeso». Después, desde Vox, el secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, ha vuelto a la carga con la política fiscal: «Disfrazados de Robin Hood se dedican a robar el dinero a los españoles para mejorar el bienestar de los políticos». «¿Sigue pensando que los impuestos son un robo? A partir de ahí es difícil generar un diálogo», ha contrarrestado Montero.

El parlamentario de Junts Josep Maria Cruset también le ha preguntado cómo justifica la subida de impuestos, pero Montero ha reiterado el argumento ofrecido a Bravo, pero personalizado para su aliado independentista: «Si alguien hubiera aprobado una subida del IRPF a las clases bajas o medias, tendría que haber contado con su voto. ¿Han votado a favor? No, porque no se ha producido esa supuesta subida de impuestos». Cruset le ha echado en cara el IVA de las peluquerías, el impuesto al diésel y a los hidrocarburos, la tasa de basuras... impuestos, todos ellos, que también tienen que pagar los perceptores del salario mínimo, como ahora el IRPF.

«Con los precios del alquiler por las nubes, se ha permitido el lujo de decir que el salario mínimo ya no es de subsistencia», ha criticado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha señalado que aunque el salario mínimo interprofesional se sitúe en 1.184 euros al mes, el precio medio del alquiler de un piso de ochenta metros cuadrados es de 1.063 euros mensuales. Y eso, sin contar comida, luz, gas, agua, transporte... «¿Si esto no es subsistir, entonces qué es?», ha preguntado la exministra. «Señora Gamarra», ha comenzado Montero, despertando una tempranera carcajada generalizada. «Perdón, es que terminan en '-arra'», ha añadido. Se reía Cuca Gamarra, mientras Ione Belarra, ambas acabadas en '-arra', esperaba un compromiso para gravar aún más los beneficios de la banca. No ha llegado.

Finalizado el viacrucis de Montero, le tocaba el turno a Díaz, aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha acordado también de la primera: «Señora Montero, entendemos el lapsus, lleva mintiendo cuarenta minutos. Han subido impuestos hasta en 96 ocasiones». Según él, los besos de Montero y Díaz son la prueba de que el Gobierno está «rotísimo» y le ha preguntado, sin respuesta, si le merece la pena seguir en el Ejecutivo con diez leyes de Sumar «congeladas» y callando ante la corrupción que acecha a su socio de coalición. Díaz le ha contestado que la tasa de paro es la menor en diecisiete años y que la de temporalidad está por debajo de la media europea. Del salario mínimo ha alabado su subida, pero, con Montero a su lado, ha evitado cargar de nuevo contra la tributación del IRPF por sus perceptores.

Todavía este asunto ha tenido un último enfrentamiento, entre Sémper y la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría, a la que este ha cuestionado si ejerce como voz de todo el Ejecutivo o de solo una parte. Ella, aunque ha reconocido que estaba bien tirada la pregunta, por su enfrentamiento con Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, ha salido por la tangente y ha querido saber si Sémper es el portavoz del «PP moderado» o del que pacta con Vox; del «PP radical» por el que abandonó la política o del «PP radical» al que regresó. La «pedagogía» del PSOE, extendida este miércoles a la sesión de control, de momento, no convence a nadie más. Todo dependerá, aventuraba en los pasillos del Congreso el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, de las ganas de Sumar de «sacar titulares».