La ofensiva de PP, Sumar y Podemos de revertir la tributación del salario mínimo deja solo al PSOE

Fue precisamente el socio minoritario del Ejecutivo, que acogió el atrevimiento de los socialistas con una mezcla de estupefacción e incredulidad, el encargado de llevar la voz cantante y anunciar una proposición de ley para revertir los efectos de la tributación del SMI que, sin embargo, no registraron hasta última hora de la tarde a la espera de que el PSOE rectificase. «Ejerceremos nuestra autonomía parlamentaria», sentenció Sumar.

Todo ello, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, alzase la voz en lo que se tornó en un duro rifirrafe con la portavoz gubernamental, la socialista Pilar Alegría, nada más salir a la luz la propuesta del PSOE. Fuentes de la rama socialista del Gobierno tachan de «populismo parlamentario» la proposición de ley anunciada por el socio minoritario de la coalición y remarcan que la recaudación por ese IRPF sería de dos mil millones de euros, el equivalente al presupuesto de vivienda.

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Podemos se adelantó al movimiento de Sumar, que quedó al menos durante unas horas algo descafeinado, tomó la delantera y registró su propia ley contra la tributación del salario mínimo. La formación de Ione Belarra se desmarcó así de Sumar, acusándolo de no tener influencia dentro del Ejecutivo al contrario que su partido en la anterior legislatura: «No se está en el Gobierno para discrepar, se está para conseguir cosas», aseveró la líder 'morada' a modo de dardo a Díaz.

El Gobierno, en todo caso, tiene capacidad de vetar esas proposiciones de ley alegando que suponen una merma en la recaudación del Estado. Fuentes de Podemos creen que eso se podría sortear con una disposición que señale que no se aplicará esa exención en el presente ejercicio presupuestario, pero esa coletilla ya ha sido utilizada por Vox en otras iniciativas y no ha impedido que el Ejecutivo utilice esa facultad. Eso sí, que los socialistas abortasen el debate de una norma de su compañero de coalición simbolizaría un choque total. Otro más.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no quiso entrar en la polémica porque el País Vasco cuenta con su propio sistema foral, pero sí dejó entrever que, aunque entiende los motivos de Hacienda, también considera que hay que intentar ayudar «a aquellas personas que están en peor situación». A su izquierda, fuentes de ERC y Bildu consultadas por ABC sí critican sin matices la imposición socialista.Los republicanos zanjan con un lacónico «por supuesto» cuando se les pregunta si están a favor de la exención del IRPF a los trabajadores que cobren el salario mínimo. En Bildu, aunque remarcan que los límites exentos, en el caso del País Vasco, los marcan sus Haciendas forales, aseguran que reclamarán que se mantenga en el resto del país «la exención existente hasta ahora». Según entienden, la decisión del PSOE supone «un recorte directo sobre el aumento de la cuantía del salario mínimo» y es una medida que no es acorde a «los principios de progresividad». «Es la peor manera de empezar una reforma fiscal», dijo el diputado aberzale Oskar Matute al finalizar el pleno del Congreso.

En esta ocasión, el Partido Popular comparte postura con los aliados de Pedro Sánchez y no solo se opone también a la tributación del salario mínimo sino que registró su propia proposición de ley para evitarlo, tanto en el Congreso como en el Senado.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ya había manifestado este descontento a primera hora del día en la reunión de sus grupos parlamentarios. «Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida», había denunciado el gallego. El objetivo de Génova es lograr una «rectificación inmediata» del Ejecutivo «para que dejen de alargar esta agonía a los más vulnerables».

También antes de que estallase el conflicto entre PSOE y Sumar, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, anunció el registro de una batería de iniciativas para que, entre otras cosas, el Gobierno corrija su política fiscal. Concretamente, la formación de Santiago Abascal plantea que las rentas inferiores a los 70.000 euros paguen solo un quince por ciento de IRPF y que las que estén por debajo de los 22.000 euros al año no tributen.