El Gobierno afronta otra votación incierta en manos del PP tras sus últimos reveses
La ley para crear una oficina de derechos de autor encara el jueves el debate de totalidad sin ninguna garantía
Urtasun necesita tres meses para desbloquear la Oficina de Derechos de Autor
La incertidumbre y la inestabilidad se cronifican en paralelo. El PSOE aún tiene en la retina la semana 'horribilis' que vivió hace quince días, cuando en apenas 48 horas vio cómo la Cámara Baja tumbaba su propuesta contra el proxenetismo y cómo el Gobierno ... tuvo que retirar su proyecto de ley del suelo, para evitar la que habría sido una segunda y sonrojante derrota consecutiva. Con esos precedentes recientes, el jueves llega al Congreso el debate de totalidad de una norma para crear una oficina de derechos de autor. No hay ninguna garantía de que lo supere.
La situación recuerda mucho a la de dos semanas atrás, porque uno de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, Junts, plantea una enmienda a la totalidad, igual que Vox. Eso deja la ley en el tejado del PP, que deberá decidir si provoca una nueva derrota del Ejecutivo o escucha las demandas de la industria cultural. Pero lo que se constata en cualquier caso es la situación de debilidad de un Gobierno que ha sido incapaz, siquiera, de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. El jueves llevará por fin otro decreto para su convalidación en el Congreso, para prorrogar la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables, tras los tres del pasado enero, de los que uno decayó con estrépito por el no de Podemos al plan de subsidios de Yolanda Díaz.
La Ley para la Creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos es la primera que pretende tramitar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por delante incluso de la Ley del Cine, que desde el principio fijó como una prioridad y de la que, siete meses después, nada se sabe. Para agilizar su aprobación, Urtasun pidió tramitarla por la vía de urgencia, y envió además al Congreso el mismo texto que Miquel Iceta aprobó la pasada legislatura, y que finalmente acabó decayendo por el adelanto electoral. Pero lo que hace un año se habría aprobado sin demasiados sobresaltos, en esta legislatura presenta un camino más tortuoso.
A la enmienda a la totalidad de Vox, que en 2023 se quedó solo, se suma ahora una de Junts que deja en manos del PP la suerte de esta iniciativa. Vox aduce que este nuevo organismo supondrá «un gasto desmedido» para la Administración. «Todas las funciones que se le atribuirían a la OEDAC pueden ser desempeñadas, y de hecho son realizadas, por la Subdirección General de Propiedad Intelectual». Junts, por su parte, ha presentado otra enmienda a la totalidad de devolución porque entiende que esta normativa «no tiene en cuenta el marco competencial de las comunidades autónomas, o como mínimo el que le corresponde a la Generalitat de Cataluña». El partido de Junts ha encontrado por aquí una rendija para comprometer al Gobierno de coalición que en la pasada legislatura no vio, o no quiso ver.
Así las cosas, depende del PP que la ley siga viva. En principio, esta iniciativa no debería disgustar a los populares: es una medida que la industria cultural lleva reclamando desde hace tiempo y el PP ha querido exhibir sintonía con ellos, sobre todo tras la llegada al ministerio de Urtasun, que durante su etapa como eurodiputado votó en contra de una directiva que otorgaba a los editores y autores el derecho a ser remunerados por el uso de sus contenidos. Es portavoz de un grupo que desde la irrupción de internet se ha mostrado partidario de lo que llaman «cultura libre», que en muchas ocasiones es sinónimo de piratería.
Pero las circunstancias políticas son las que son, con un Gobierno que acusa a los de Alberto Núñez Feijóo de haberse entregado al bloque de la «ultraderecha» y con un Ministerio de Cultura que tiene la actividad legislativa bloqueada, como el resto del Ejecutivo. Tras la comparecencia parlamentaria en la que Urtasun armó el lío al anunciar que iba a descolonizar los museos nacionales, solo se ha celebrado una Comisión de Cultura. La eliminación de la Dirección General de Industrias Culturales y la posterior supresión del premio Nacional de Tauromaquia -y el enfrentamiento de Urtasun con diputados y presidentes populares a cuenta de esta decisión- han terminado por encrespar al PP, que a unos días de que se debata la ley no tiene una decisión tomada.
En el ministerio, conscientes del varapalo que supondría el fracaso de una tercera ley en menos de un mes, han empezado a llamar al PP para salvar el proyecto. «Ahora», dicen fuentes populares. Quieren ciertos compromisos. Con todo, lo más probable es que no se conozca la posición definitiva del PP hasta el jueves, cuando el Pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre las dos enmiendas a la totalidad presentadas. El apoyo del Grupo Popular a estas iniciativas -si, como es habitual, los partidos que presentan enmienda de devolución apoyan también las ajenas- impediría que la ley continúe su tramitación en la Comisión de Cultura.
Esta oficina, en palabras de Urtasun, pretende «aumentar de escala» la estructura que se encarga de los derechos de autor, «dotarla de un ente autónomo» y hacer frente así de manera más ágil a los retos cada vez más «complejos del mundo digital». El ministro reconoce que los derechos de autor y la propiedad intelectual «son el principal activo del mundo cultural», con un peso del 3,2 por ciento del PIB. Esta oficina tendría rango de dirección general y asumiría las competencias de la actual Subdirección General de Propiedad Intelectual.
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