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«Es discriminatorio, tengo que hacer más trámites»: denuncia que no le dan los documentos escolares de su hija en español en Valencia

Hablamos Español reclama a la Conselleria de Educación porque el instituto sólo comunica en valenciano y espera que sea «la última» tras el cambio de gobierno autonómico

El sindicato STEPV advierte al conseller de Educación que «el valenciano tiene que ser la lengua mayoritaria en las aulas»

Documentación escolar en una imagen de archivo. MIKEL PONCE
José Luis Fernández

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El padre de una alumna de un instituto de Secundaria público de Silla (Valencia) ha denunciado que no se le facilita la documentación en castellano, solamente en valenciano, lo que le ha ocasionado trastornos para matricularla y se considera «discriminado».

Después de pedirlo en varias ocasiones y de que finalmente accedieran a traducirle esa información, la asociación Hablamos Español ha tramitado una reclamación formal a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat, en la que se aportan los detalles de este problema.

«Dado que el español es mi lengua oficial preferente y aquella en la que deseo comunicarme con la Administración, solicité en el centro de enseñanza que me facilitasen dichos documentos en esta lengua, pero se me respondió que sólo estaba disponible en lengua valenciana», relata el afectado.

Ante su «insistencia», le proporcionaron una traducción por correo electrónico y pudo formalizar la matrícula de su hija. «Pero me he visto obligado a realizar una serie de peticiones y trámites que los padres que prefieren utilizar el valenciano no han tenido que llevar a cabo: considero que esto es discriminatorio», concluye en su escrito dirigido a la Conselleria, aportando dos enlaces de internet de la propia Generalitat.

La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha mostrado su confianza en que el nuevo conseller -a raíz de sus declaraciones- va a acabar con este tipo de situaciones, ya que se ha comprometido a garantizar la libertad de elección de la lengua en las aulas para las familias, precisamente el objetivo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por esta asociación con 40.000 firmas.

«Esperamos que sea lo último que presentamos a la Consejería, tenemos varios asuntos pendientes de centros que no hacen ni caso, esperamos no tener que recurrir en alzada, porque cuando no se contesta se recurre, pasados unos meses acudimos al TSJ», ha explicado Lago.

«Las comunicaciones en español son muy fáciles de hacer, no es necesario cambiar nada en la legislación, se puede dar una orden para que se faciliten en la lengua del administrado», ha apostillado.

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