Doble revolcón a Vox por el Diálogo Social: sentencia judicial y rechazo parlamentario a su ley
PP y el resto de la oposición frenan la ley de la formación liderada por Abascal el mismo día en que el TSJ considera ilegal su recorte aplicado en 2023 a las subvenciones por participación institucional de los sindicatos
El TSJ condena a la Junta a abonar a CCOO cerca de 1,3 millones de euros por su participación institucional en 2023
El mismo día en el que se conoce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estima la reclamación de CCOO de más de 1,2 millones de euros negada en los Presupuestos de 2023 por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta -entonces bajo la órbita de Vox-, los de Abascal defendían en las Cortes autonómicas una proposición de ley para reformar el Diálogo Social que, de haber recibido el apoyo de la Cámara, hubiera continuado con su tramitación. Sin embargo, todos los partidos dieron un no rotundo a tomar en consideración la iniciativa, que de esta forma termina su camino. Además, hicieron una cerrada defensa del Diálogo Social, al tiempo que consideraron antiestatutario cualquier intento de reforma. Los de Abascal pretendían abrirlo a la participación de otras organizaciones, como los autónomos y, sobre todo, «eliminar todo el gasto prescindible que ha engordado la cuenta de resultados de los sindicatos y la organización empresarial», en palabras del viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez.
El debate, no obstante, derivó hacia una sentencia por la que se estima el recurso presentado por CCOO y se reconoce su derecho a recibir un abono de algo más de 1,2 millones de euros al fundamentar su decisión, en este caso, en la exigencia de que las leyes de presupuestos recojan una subvención nominativa como aparece en el artículo 16 de la Ley para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional.
Menéndez, que no se refirió a la resolución judicial en su primera intervención, defendió en la segunda que «la sentencia habla de un error formal pero confirma que las cantidades pueden ser reducidas» y concluyó asegurando que «no vamos a parar hasta que se retire el último euro a CCOO, UGT y CEOE».
Todos los grupos parlamentarios rechazaron de pleno las intenciones de Vox y arremetieron contra su gestión cuando formaba parte del Gobierno de coalición con el PP. De hecho, hasta la procuradora popular Paloma Vallejo achacó la sentencia a «la nefasta gestión que realizaron» cuando estaban al frente de la Consejería de Industria. «No compartimos la órbita en la que se mueven», sentenció y se dirigió al PSOE para reprocharles que «el Diálogo Social está roto en España».
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Para la procuradora del PSOE, Alicia Palomo, los de Vox «no tenían que haber intervenido ni un minuto, tenían que haber pedido perdón y retirado la iniciativa» después de conocerse una sentencia por la que pidió que dimita todo el Ejecutivo autonómico. «Unos consejeros por acción, otros por omisión y el presidente como máximo responsable», añadió. Además, pidió al Gobierno autonómico que no recurran la sentencia y, sobre todo, exigió «que paguen las costas de sus bolsillos, que bastante nos han robado ya».
Por UPL-Soria ¡Ya!, Luis Mariano Santos dudó de «la buena voluntad de Vox» con una iniciativa dirigida a «cargarse el Diálogo Social», por lo que «no podemos apoyar algo tan alejado de nuestro criterio».
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