El TSJ de Castilla y León condena a la Junta a abonar a CCOO cerca de 1.300.000 euros por su participación institucional en 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado en favor del sindicato Comisiones Obreras en el contencioso presentado contra la Consejería de Industria entonces gobernada por Mariano Veganzones, de Vox, al reconocer el derecho de dicha organización sindical a recibir una subvención nominativa para su participación institucional en 2023 por importe de 1.237.702,00 euros, más la actualización anual correspondiente conforme al índice de Precios de Consumo (I.P.C.), con lo que la cifra final se elevará a casi 1.300.000.

El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, ha sido acogido con «gran satisfacción» por el máximo responsable de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, quien, tras conocer la resolución judicial, ha comparecido ante los medios esta mañana para celebrar «un gran día porque de esta forma se restituye la legalidad de aquellas actuaciones ilegales de la extrema derecha», en clara alusión al extitular de Industria, Mariano Veganzones, y el también exvicepresidente de la Junta, del mismo signo político que el anterior, Juan García-Gallardo, ambos fuera del gobierno desde julio de 2024.

Para Andrés, en declaraciones recogidas por Europa Press, se trata de una sentencia que «restituye la legitimidad y representatividad de los sindicatos mayoritarios, conforme establecen la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley del Diálogo Social», y con ello la subvención nominativa de la que en 2023 CCOO fue privado--al igual que UGT y la patronal--con la estratagema de no haber recogido esa partida en los presupuestos de la Comunidad.

«Pues bien, el fallo es tajante y sostiene que no hace falta recoger esas partidas en los presupuestos porque están garantizadas ya por ley», ha resumido el sindicalista, quien recuerda que el dinero reclamado y ahora concedido a su sindicato es una de las dos vías de financiación con que cuenta para desarrollar su actividad institucional y sindical, junto con la correspondiente a las cuotas de los afiliados.

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La referida subvención nominativa -tan solo se vio privado el sindicato de la de 2023- «es para compensar la actividad negociadora del sindicato, que no solo la hace en favor de sus afiliados sino en favor de todos los trabajadores», ha incidido Andrés para justificar el derecho a recibir una partida de la que también fueron excluidos UGT y la patronal y que entiende que debería también restituirse a ambas partes en el supuesto de que hayan igualmente recurrido por la vía de lo contencioso, aunque es cierto que se recogía una partida menor destinada a las tres partes de la que Andrés no ha hecho mención.