La jueza, al acusado de asesinar con un machete a un joven en el Polígono: «En España el que calla no siempre otorga»

Mariano Cebrián

Toledo

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24/03/2025
Actualizado 25/03/2025 a las 18:44h.

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«En España el que calla no siempre otorga». Con esa frase lapidaria de la presidenta del tribunal acabó este lunes, cerca de las dos de la tarde, la primera de las tres sesiones del juicio contra F.J.I.G, quien se acogió a su derecho a no declarar. Está acusado de asesinar en la madrugada del 12 de marzo de 2023, en la calle Río Alberche del barrio toledano del Polígono, a X.G.C., que murió como consecuencia de las graves heridas producidas por hasta 12 puñaladas en su cuerpo con un machete de grandes dimensiones.

Una sesión que comenzó a las 9.30 horas, con la conformación del jurado popular compuesto por nueve personas -seis mujeres y tres hombres-, más otros dos varones como suplentes, que este martes tendrán que volver a esa misma hora para seguir un juicio que ha levantado mucha expectación por los hechos que en él se narran. Aún quedan muchas cosas por conocer de lo que ocurrió esa fatídica noche en la que X.G.C. fue asesinado, pero ese pequeño grupo de ciudadanos que va a impartir justicia ya se han podido hacer una pequeña idea de lo que sucedió con lo contado este lunes.

La primera en intervenir, como es habitual, fue la representante del Ministerio Público, que fue la que se extendió más en la exposición de sus argumentos y, quizá, la más contundente, al calificar como «desprecio por la vida ajena» el asesinato del que es acusado F.J.I.G. Unos hechos que, según el relato de la fiscal, se produjeron pasadas las 4.10 horas, al volver a sus casas en Las Malvinas, después de que éste saliera junto con X.G.C. y su amigo J.M.G.V. del pub 'Pomba Gira', donde se tomaron unos cubatas y se fumaron un porro a las puertas del local.

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Ocurrió en la madrugada del 12 de marzo de 2023, a la salida de un bar, cuando el encausado atacó a la víctima con un machete de grandes dimensiones

Fue en un punto del trayecto de cerca de medio kilómetro que separa ese establecimiento nocturno -situado en el número 11 de la calle Río Fuentebrada- de la calle Río Alberche, donde sucedió el «brutal apuñalamiento», explicó la fiscal, que contó que el ahora encausado, «de forma absolutamente inesperada y sorpresiva», sacó del bolsillo de la chaqueta un machete de grandes dimensiones e inmovilizó por detrás a la víctima, agarrándole por el cuello. Seguidamente, le dio sucesivas y rápidas puñaladas en la cabeza, en la espalda, en zona axilar y brazos, en un «descontrolado ataque» que continuó por zona pectoral, cavidad torácica y cuello, según describen los resultados de la autopsia.

El amigo de la víctima intentó socorrerlo, pero el acusado le propinó una patada y salió huyendo con el machete en la mano. Cruzó el paso de peatones de las calles Guadarrama y Valdemarías, se guardó el arma en el bolsillo trasero del pantalón y se dirigió a su casa por el camino más corto, deshaciéndose del arma, que no fue recuperada, como tampoco la ropa que llevaba puesta, pero sí se encontró sangre del joven asesinado en una bota en su domicilio.

Tanto la fiscal como el abogado de la acusación dijeron que hay dos pruebas fundamentales en este caso y que se conocerán hoy: la autopsia y la declaración del testigo presencial, es decir, el amigo de X.G.C., con el que estuvo toda la noche, desde las 23.00 horas, cuando salieron, hasta que sucedieron los hechos. A ello habría que sumar también el testimonio de la médico que estaba de guardia en la madrugada del 12 de marzo de 2023 en el centro de salud de Santa María de Benquerencia.

Sin embargo, la defensa de F.J.IG. sembró dudas en algunas de las afirmaciones de la fiscal y del abogado de la acusación, puesto que recordó que arma no ha aparecido y llamó la atención sobre el hecho de que nadie más presenciara los hechos. Por todo ello, pidió, de forma subsidiaria, la libre absolución de su representado, un eximente por el consumo de alcoholy droga y un atenuante por entregarse «con actitud colaboradora a la Policía».

Por su parte, la Fiscalía pide para el acusado 23 años de prisión, mientras que la acusación sube la pena a 25 años por ensañamiento y alevosía, además de, en ambos casos, una indemnización económica para la familia -los padres y el hermano- de la víctima.