Campo, primer exministro que llega al Constitucional en más de 40 años
Sólo hay dos precedentes al principio de la Transición, Manuel Jiménez de Parga y Aurelio Menéndez, que fueron ministros pocos meses y antes de que se creara el Tribunal de Garantías
Otros Gobiernos eligieron juristas de prestigio sin vínculos partidistas para el TC

El nombramiento del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional es inaudito por muchas circunstancias. Entre otras, porque es la primera vez en más de cuatro décadas que alguien cambia el escaño y la cartera de ministro ... por la toga del Tribunal de Garantías en tan corto espacio de tiempo. Concretamente, en menos de un año y medio, ya que fue relevado por Sánchez como ministro de Justicia en julio del año pasado.
Para encontrar el primer precedente hay que remontarse casi medio siglo, en plena Transición. Aurelio Menéndez fue el primer ministro de Educación de Adolfo Suárez, cargo en el que se mantuvo apenas unos meses, entre mediados de 1976 y 1977. Tres años más tarde, a principios de 1980, fue nombrado magistrado del recién constituido Tribunal Constitucional, pero renunció ocho meses después.
El segundo caso se produjo también en el siglo pasado y su protagonista es Manuel Jiménez de Parga, que se convirtió en magistrado del TC en 1995 y lo presidió entre 2001 y 2004, durante la segunda legislatura de Aznar al frente del Gobierno. Jiménez de Parga había sido ministro de Trabajo, pero muchos años antes y durante muy poco tiempo: apenas siete meses entre 1977 y 1978. Es decir, casi dos décadas antes de acceder al Constitucional, no en poco más de un año como Campo.
Por consenso
Otro caso particularmente llamativo y también de aquella época es el de Landelino Lavilla, que fue el primer ministro de Justicia de Suárez durante casi tres años (1976-1979). Más de una década después, Izquierda Unida (IU) le propuso para el Tribunal Constitucional en 1992, pese a haber sido ministro de un Gobierno conservador y con muchos de sus integrantes procedentes del régimen franquista.
Lavilla puso entonces una condición propia de quienes protagonizaron la Transición: que su nombramiento fuera por consenso de todos los grupos políticos. Como no lo fue, renunció al TC. Dos años más tarde hizo lo mismo cuando todos los grupos, de izquierda y derecha, le propusieron como Defensor del Pueblo por considerar que ya había pasado su tiempo para ocupar cargos públicos.
Ida y vuelta
Aunque no hay más casos que los mencionados de ministros que se convirtieron en magistrados o presidentes del TC, ninguno de ellos comparable al de Campo, sí ha habido otros que antes o después de sentarse en el Tribunal de Garantías han participado activamente en política.
Desde la izquierda, Plácido Fernández fue senador por el PSOE de Andalucía entre 1977 y 1979 para justo después pasar al Tribunal Constitucional (1980-1982). Fernando Valdés consiguió un escaño en las Cortes de Castilla y León en 1983 por el PSOE, tres décadas antes de que aterrizara en el TC en 2012. En sentido inverso, Luis López Guerra llegó a ser vicepresidente del mismo entre 1992 y 1995 para después convertirse en diputado socialista en la Asamblea de Madrid (2003-2004) y secretario de Estado de Justicia durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
Desde la derecha, José Luis de los Mozos pasó de senador y portavoz adjunto del PP en la Cámara Alta a magistrado del TC en 1989. Andrés Ollero fue diputado popular en el Congreso hasta 2003, una década antes de llegar al Constitucional. Y Enrique López hizo el camino al revés: fue magistrado del mismo entre 2013 y 2014 y desde hace tres años es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cargo en el que permanece desde entonces.
Ninguno de los casos mencionados reúne las peculiaridades del de Juan Carlos Campo en una misma persona. Los dos primeros se produjeron en un momento tan especial como la Transición y fueron ministros durante apenas unos meses, incluso antes de que existiera el Tribunal Constitucional, que empezó su andadura en 1980. Y el resto no han tenido responsabilidades tan altas, directas y recientes como las del anterior ministro de Justicia.
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