Trabajo endurece las subvenciones para el personal investigador y las reduce a solo tres años

El principal cambio sobre las bonificaciones a la contratación en el colectivo es que a partir de ahora, estas rebajas de la cotización a la Seguridad Social solo se podrán aplicar en el momento de la contratación y no durante la vigencia de la relación laboral entre empresa y trabajador, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios.

En la actualidad, los dos requisitos fundamentales para que una empresa pueda acogerse a la bonificación en este tipo de empleos son que la empresa realice un contrato indefinido por obra y servicio de más de tres meses de duración. «Hay que recordar que son sectores de actividad de alto valor añadido. Ahora, cualquier empresa se puede acoger a las bonificaciones en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los requisitos», señala Javier Saldaña, director de Ayming, consultora especializada en estrategia y gestión de proyectos en innovación.

Según advierte el experto, el proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley incluso ha rebajado el rejonazo que el Ministerio de Trabajo pretendía dar al colectivo. Cabe recordar que en la actualidad hay algo más de 80.000 puestos de trabajo que cumplen las actuales condiciones de contratación bonificada para personal investigador y que estarían disfrutando de beneficios en la cotización empresarial a la Seguridad Social.

No en vano, fuentes de Trabajo aseguran que no se perderán este volumen de bonificaciones por los cambios introducidos en los requisitos que afectan al colectivo de investigadores. Por un lado, porque los contratos vigentes que estén sujetos a estas reducciones en la cotización podrán mantenerla durante la duración del mismo. «La norma no tiene carácter retroactivo», apuntan.

Por otro lado, aseguran estás mismas fuentes que la estrategia del Gobierno se alinea en este punto con las recientes recomendaciones emitidas por organismos como Airef o el Tribunal de Cuentas que reclaman una ordenación de este tipo de bonificación para contratos laborales. Y que abogan por su aplicación poniendo el foco en los colectivos más vulnerables.

Según advierten los expertos solo el 10% de los contratos bonificados sobrevivirá en 2023 tras la limitación de su aplicación al momento preciso de la contratación. Según explica Saldaña, es habitual que, en función de los proyectos que se atiendan, la naturaleza de los contratos cambie a lo largo de la relación laboral entre empresa e investigador. Y que se activen cuando precisamente se cumplen las condiciones que fija la ley para la deducción de cuota a la Seguridad Social.

Precisamente, este es uno de los puntos que más polémica ha generado. En primera instancia, el gabinete dirigido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó un recorte de la bonificación dejándola en un tercio del nivel actual. El texto al que ha tenido acceso ABC fijaba esta bonificación en los 110 euros mensuales durante un periodo de tres años con contrato indefinido. Si la persona es joven, la bonificación prevista era de 125 euros al mes si es hombre y 150 euros si es mujer. Pero según ha podido saber este periódico el Gobierno ya ha revertido este recorte antes de activar el proceso parlamentario. Por lo que se mantiene la bonificación actual, del 40% de la cuota de contingencias comunes.

«Se ha logrado mantener la bonificación actual que supone entre 300 y 400 euros mensuales según el sueldo medio de los actuales investigadores», señala Saldaña. Además, el experto señala que hasta el momento se permitía disfrutar de estas ventajas en la cotización durante todo el periodo que durase la relación entre la empresa y el trabajador, mientras que el anteproyecto fija en un máximo de tres años el tiempo de aplicación de la exención. «Muchas empresas van a tener que dejar de usar la bonificación», asegura el director de Ayming.

Precisamente, la maniobra llama la atención porque contradice una de las banderas que ha alzado el Ejecutivo tras la aprobación de la reforma laboral de que la nueva legislación fomenta la creación de puestos de trabajo de alto valor añadido. Incluso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha mencionado en repetidas ocasiones el buen comportamiento del sector de las actividades científicas y técnicas que han sumado 57.656 afiliados en el último año.

El Estado deja de ingresar cada año por estas bonificaciones unos 180 millones de euros. Teniendo en cuenta que el 90% de las reducciones a la cotización decaerán con los nuevos requisitos de aplicación, el Estado ahorrará casi la totalidad de la partida. Además, la maniobra se aleja de una senda de ahorro prevista para esta parte de las políticas de empleo en la que el Gobierno destina cada año unos 1.500 millones de euros según cifras de la Seguridad Social y cerca de 2.000 millones según Airef.

Los expertos advierten de que la medida podría desincentivar la contratación de personal cualificado, abonando la fuga de talento. Y además, el hecho de que muchas de estas ayudas a la contratación decaigan pone en riesgo muchos de los puestos de trabajo.