Sumar irrumpe en el debate sobre la regulación de los alquileres turísticos y propone penalizarlos con un IVA del 21%

En el marco vigente, la tributación que se aplica a los alquileres turísticos depende de la naturaleza de la vivienda, de modo que si es un alquiler asimilable a un servicio hotelero en el que se prestan servicios como la limpieza del apartamento y de la zonas comunes o servicio de reparación ante determinadas contingencias el arrendamiento tributa exactamente igual que un servicio hotelero con un IVA reducido del 10%, pero si se trata de una vivienda que se ofrece en un arrendamiento por días sin prestar ninguno de estos servicios las rentas obtenidas están exentas de IVA y tributan como una transmisión patrimonial onerosa (ITPO) al tipo que esté vigente en cada comunidad autónoma, que oscila entre la versión reducida del 6% de la Comunidad de Madrid y el 11,6% que abona en Baleares.

La propuesta de Sumar apunta más a los pisos que se ofrecen a través de las plataformas tipo Airbnb, es decir, a los que no tienen una naturaleza asimilable a un hotel, y plantea encarecer su fiscalidad respecto al esquema actual, acabando con la exención de que disfrutan en el IVA y situándolos entre los bienes y servicios que tributan al tipo general del 21%. Solo se haría una excepción para los que el portavoz económico del espacio, Carlos Martín Urriza, ha catalogado como «alquileres clásicos y tradicionales», que ha asimilado con las situaciones en que los propietarios de una primera vivienda ofrecen en el mercado alguna habitación o el piso entero pero por un periodo determinado y que tributarían a un tipo reducido del 10% «porque no provocan la expulsión de la población autóctona».

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La formación que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, plantea asimismo endurecer aún más la fiscalidad de los pisos destinados a alquiler turístico en ciudades de más de 200.000 habitantes con problemas diagnosticados de masificación turística, entendiendo la misma como la concentración de más de diez turistas por habitante. En esos casos, Sumar quiere que los propietarios de esas viviendas no puedan aplicarse la deducibilidad de los gastos financieros, de los gastos de amortización o de mejora de la vivienda de sus rendimientos de IRPF o Sociedades, en función de que se trate de un particular o de una empresa, y en el caso del IRPF que el porcentaje de imputación de rentas a realizar en la Declaración de la Renta pase del 1,1% o 2% actual al 20% en los periodos de no ocupación de la vivienda por parte del propietario.

En el caso las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), se pretende eliminar también su régimen fiscal excepcional en materia de vivienda para que tributen como el resto de sociedades, estableciendo un gravamen especial del 25% sobre le importe de los beneficios obtenidos. En las zonas tensionadas tampoco podrán deducirse los tres gastos ya mencionados. Asimismo, Sumar insta a los socialistas a estudiar otras medidas oportunas a efectos de desincentivar el uso de estas sociedades para el arrendamiento de viviendas con fines turísticos.

Este racimo de medidas llega de la mano de una Proposición No de Ley (PNL) presentada este miércoles en el Congreso por el socio minoritario del Ejecutivo, que busca una «intervención eficiente que, de momento, no existe» a la hora de restringir el uso turístico de la VIvienda, ya que hasta hora únicamente se han visto, por parte del Ministerio, políticas «insuficientes» y «poco eficientes». Ahora, sentencia Martín, «el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad, no lavarse las manos o pasarle la pelota a las comunidades de vecinos de una ciudad». Y es que, «en algunas grandes ciudades no existen ni comunidades de vecinos, hay bloques enteros que son de fondos, y hay gente que se está suicidando debido al problema de la vivienda», denuncia.

«Los comercios de toda la vida cierran y se abren tiendas dedicadas al turismo, cuando no desaparece el comercio local para que abran apartamentos turísticos. Las ciudades tienen que dejar de ser platós de televisión y teatros al aire libre en el que los ciudadanos se han convertido en meros figurantes«, ha denunciado también el diputado de Compromís (Sumar) Alberto Ibáñez.

La propuesta, adelantan fuentes del espacio, forma parte del paquete de medidas aterrizado por el Ejecutivo en seis bloques «y va a formar parte de la discusión presupuestaria» con los socialistas, que están empezando a «cambiar el lenguaje» al respecto. Pero la Vivienda no será la única. Junto a ella, también están sobre la mesa la extensión de derechos sociales y en materia de género, el poder de compra de los salarios -«el otro gran elemento junto a la Vivienda», explican-, la reforma fiscal, la transición verde y una política industrial activa y de Estado emprendedor.