Un proyecto ilegal de 12 millones de kilos pendiente del Supremo

De 500 megawatios de potencia, se levanta sobre una finca de 850 hectáreas, de las que más de 500 pertenecen a un empresario, Santos Lázaro, que amenaza con tumbar la planta. Iberdrola expropió su finca, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló en mayo de 2022 que la expropiación no se ajustaba a derecho y los terrenos debían ser retornados a su propietario. La eléctrica los tenía en alquiler y, tras no llegar a un acuerdo de compra-venta con el dueño, solicitó al Estado la expropiación por ser un proyecto de interés público. La obtuvo con un justiprecio de 3,3 millones de euros, pero el dueño de la mayor de las fincas que ocupa la mega huerta solar recurrió a los tribunales y ganó. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictaminó que «carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años». La sentencia es tajante: «Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad». Añade que la actuación de la eléctrica fue «sorprendente» y que «el despropósito no tiene nombre».

Ahora la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, al que recurrió en casación Iberdrola, aunque aún no se ha admitido dicho recurso. De confirmar la sentencia el Alto Tribunal, hay dos escenarios posibles: que la multinacional desmonte los paneles de más de la mitad de la megaplanta solar, miles de toneladas y que reportan un gran beneficio a la compañía, o que llegue a un acuerdo con el propietario. Por este motivo, las gestiones relatadas en la información adjunta -que se han traducido en la apertura de una investigación penal- cobran sentido. Si el dueño vende, se acabó el problema.

La planta, inaugurada en abril de 2020, se ubica entre los municipios de Usagre e Hinojosa del Valle y produce energía solar para abastecer a 250.000 hogares en diversas localidades de Badajoz. Con una inversión de 290 millones de euros, reporta un beneficio cercano a los 30 millones anuales.

Pero la sentencia del TSJ de Extremadura no es el único procedimiento judicial que amenaza a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa. El pasado mayo, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Llerena (Badajoz), envió a juicio al exalcalde de Usagre Antonio Luna y la exteniente de alcalde María Dolores Esteban por prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística de la planta fotovoltaica.

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Además, la Fiscalía solicita 21 meses de cárcel por falsedad en documento oficial para Andras Hilkermann, administrador de Proyecto Núñez de Balboa S.L. la empresa que pidió las primeras licencias y luego vendió el proyecto a Iberdrola, en 2018, una operativa habitual de la eléctrica. La interventora del ayuntamiento pacense emitió un informe alertando de que no se habían presentado todas las autorizaciones y permisos necesarios para conceder la licencia. Aun así, el entonces alcalde decidió darla, «siendo plenamente consciente de que su actuación menoscababa el correcto ejercicio de la función pública», alerta en su escrito de acusación el Ministrio Público, que solicita para Antonio Luna y María Dolores Esteban un total de doce años de inhabilitación.

Por su parte, Iberdrola sostiene que la planta «dispone de todos los permisos, incluida licencia de actividad». Añaden que «nunca hubo problemas con dos propietarios, pero el tercero se negó a seguir adelante».