Empleo
El Gobierno quiere eliminar en tres años las prácticas voluntarias de los becarios en empresas
nuevo estatuto
Solo estarán permitidas las prácticas asociadas a planes de estudio y deben compensar los gastos del estudiante
Trabajo impone un número máximo de estudiantes en las empresas que no podrá rebasar el 20% de la plantilla
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A trompicones y bastante lejos del consenso entre Gobierno, patronal y sindicatos avanza la negociación para la aprobación del nuevo Estatuto del Becario. Una norma con la que se pretende modificar sustancialmente el papel de los más jóvenes en las empresas y que ... tiene como eje central que estos estudiantes en prácticas coticen como cualquier otro trabajador y que la empresa les compense los gastos generados por la asistencia al puesto. En síntesis, la ley auspiciada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social busca proteger la figura del becario en las empresas para evitar las situaciones de precariedad y prácticas abusivas, aunque está encontrando fuertes resistencias para ver la luz bajo un paraguas de consenso.
A expensas de que la mesa de diálogo social se vuelva a reunir a la vuelta del verano, el último encuentro celebrado a finales de julio no dejó buen sabor de boca al menos a la patronal, muy alejada de la propuesta que trasladó el Ejecutivo a las partes de la negociación. Entre otras cuestiones, el ministerio capitaneado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz quiere dar un plazo de tres años para eliminar la totalidad de las prácticas voluntarias de los becarios en las empresas, las denominadas prácticas extracurriculares.
Estas prácticas extracurriculares son aquellas que se realizan al amparo de un centro formativo, ya sea de Formación Profesional (FP) o una universidad, pero con un claro carácter voluntario, ya que no forman parte del plan de estudios. Al contrario de las prácticas curriculares, que permiten ser convalidadas por asignaturas optativas u obligatorias en función de lo que determine el plan de estudios. Son las primeras, que el alumno pide de forma voluntaria y sin contrapartida académica, las prácticas que el Gobierno quiere eliminar en un plazo de tres años, mientras que la ley establecerá modificaciones sustanciales sobre las de la modalidad curricular.
Acotar la actividad
Más allá de este punto concreto de la ley, el sector empresarial ya ha puesto pie en pared ante una norma que consideran restrictiva en cuanto a las posibilidades que la empresa puede ofrecer a un estudiante de cara a su empleabilidad una vez se finalice la formación académica. Así, los empleadores aluden que la posibilidad de unas prácticas extracurriculares tiene un sentido principalmente formativo pues en muchas ocasiones sirven para cubrir puestos de formación que quedan vacantes a través de la oferta curricular.
Fuentes patronales trasladan a ABC que tal y como quedó la propuesta del Gobierno en la última reunión de julio, la CEOE no estaría por la labor de apoyar la medida, por lo que esperan algún movimiento del Gobierno en las próximas semanas que permita acercar las posturas.
Entre las novedades que se introducen está la compensación obligatoria por parte de la empresa de los gastos generados para el estudiante durante la realización de las prácticas. Algo que no parece haber generado discrepancias, a diferencia de la cotización asociada a estos estudiantes por parte de la empresa. Uno de los flecos pendientes está en saber si finalmente una de las aportaciones a la Seguridad Social sea por desempleo, lo que generaría, a diferencia de ahora, derecho de paro para los becarios.
Además, entre las últimas incorporaciones al texto está una bonificación en la cuota a la Seguridad Social del trabajador que tenga algún becario a su cargo. Según adelantaba elEconomista, en las últimas versiones del borrador con el que trabaja el Gobierno, se incluyó este aspecto sin cifrar el volumen de la deducción. Esta, según se desprende de la propuesta, podría ser equivalente al tiempo de jornada que el tutor de los alumnos en prácticas destine a su formación.
Precisamente, este aspecto queda impregnado por toda la ley, pues se establece claramente que la figura del becario es la del aprendizaje en el seno de la compañía. Uno de los aspectos que fuentes empresariales critican del texto al asegurar que la ley se sustenta sobre un principio de malas prácticas de las empresas hacia los estudiantes que ha de ser erradicado.
De hecho, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explica acerca de la medida en ciernes que esta ley impedirá que los becarios puedan ocupar una actividad que suponga o bien todo o una parte del puesto de trabajo. «Es un fraude de ley, se acabó el mal uso de los becarios», señala.
Es por ello que otro de los aspectos que regula la ley es el número máximo de estudiantes que pueden estar a cargo de un mismo empleado tutor. Concretamente, el documento establece un máximo de cinco personas en prácticas por cada tutor, mientras que en las empresas de menos de 30 trabajadores se limita a un máximo de tres becarios por tutor. Además, en ningún caso el número total de estudiantes en prácticas podrá superar el 20% del volumen total de la plantilla.
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Cabe recordar en este punto que según las cifras que manejan las centrales sindicales de UGT y CC. OO. en España se encuentran insertado en las empresas algo más de 800.000 estudiantes en calidad de becarios, tanto si están remunerados como si no. La nueva ley obligará a la empresa a cotizar en ambos casos al menos por las contingencias comunes y profesionales, mientras que como se ha mencionado en el aire queda el la aportación por desempleo.
«El compromiso del Gobierno de España es luchar contra la precariedad, somos conscientes de que una gran lacra en la precariedad tiene nombre de becario en nuestro país», señalaba Díaz recientemente.
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