El fallo del Constitucional enfrenta a los socios de la 'coalición semáforo' alemana

Pretende eliminar cuanto antes la reducción del IVA a los negocios de restauración, que del 19% fue rebajado al 7% para favorecer la recuperación tras la pandemia. «No es tarea del Estado subvencionar a los restaurantes», ha sido su argumento. También está diseñando recortes sociales y de protección del clima, pero los socialdemócratas del SPD y Los Verdes los rechazan y el enfrentamiento entre ministros adquiere incluso carácter personal.

El vicepresidente y ministro de Economía, Robert Habeck, ha atacado las ideas Lindner argumentando que precisamente la protección del clima y la reestructuración de la industria servirán para lograr a medio y largo plazo menos subsidios. «La mitad del mundo está subsidiando exactamente este proceso», ha rebatido, «sólo puedo referirme a los datos económicos y recordar que 2023 ha sido un año con tres trimestres, por primera vez, tres trimestres sin crecimiento, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, básicamente nunca en la historia de la república«.

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Para cuadrar este círculo presupuestario, la presidenta de los llamados 'Cinco Sabios', que asesoran económicamente al gobierno alemán, aconseja prolongar la suspensión del freno a la deuda, que establece la Ley Fundamental alemana y que en 2023 debía volver a aplicarse tras dos años ausente, de forma excepcional y para paliar los efectos de la pandemia. Monika Schnitzer se ha pronunciado ahora a favor de mantener la suspensión, lo que podría tener efectos en las negociaciones europeas para volver a encauzar el déficit público.

Difícilmente va a jugar Alemania un papel duro en Bruselas si en su propia casa ha prolongado la situación de excepcionalidad. Los Verdes, en todo caso, estarían a favor. La líder del SPD, Saskia Esken, lleva mucho tiempo haciendo campaña por el restablecimiento de una situación excepcional.

El que se resiste es el ministro de Finanzas Lindner, pero dado que el fiasco presupuestario llevaba su firma, no está en posición de imponer su criterio. «Primero hay que generar dinero, antes de que pueda distribuirse», intenta resistirse el presidente del grupo parlamentario liberal, Christian Dürr, a favor de los recortes sociales y contra un aumento de impuestos, «la coalición se basa en un acuerdo para encontrar soluciones para consolidar más las finanzas públicas». Por momentos el discurso se vuelve más hostil: el líder del grupo parlamentario del SPD, Rolf Mützenich, y el diputado del grupo parlamentario de los Verdes, Andreas Audretsch, han acusado a Lindner de «chapuza» y de «falta de equidad».

La oposición, por su parte, considera inevitable un presupuesto suplementario, urgentes correcciones en los «fondos especiales» y, en lugar del freno a la deuda, aconseja la suspensión de la nueva 'Ley de Calefacción'.

«Alemania se encamina hacia un momento Schröder», dice en el semanario Focus el analista Ulrich Reitz, «en aquel entonces, hace 20 años, todo empezó con una sorpresa: la mirada a las arcas que estaban tremendamente vacías. Lo que entonces fue el colapso de la caja registradora es ahora la sentencia del Tribunal Constitucional. Schröder siguió el guion que le escribió su entonces ministro de Economía, Wolfgang Clement, apoyado por el director laboral de Volkswagen, Peter Hartz. El gobierno Scholz, sin embargo, aún no ha llegado a ponerse de acuerdo sobre un guion». Y la crisis no ha hecho más que empezar: a la luz del fallo del Constitucional, el ministro de Economía Habeck teme que los subsidios a los precios de la energía sean también anticonstitucionales.

«En la justificación, la sentencia en realidad se refiere a todos los fondos que se han creado y que están activos a lo largo del año», ha dicho, en referencia al Fondo de Estabilización Económica (FSM). También es probable que se vea afectado el proyecto de presupuesto para 2024, que actualmente todavía se está debatiendo en el Bundestag.

La Comisión de Presupuesto ha previsto para el martes una audiencia de expertos sobre las consecuencias de la sentencia. La Oficina Federal de Auditoría lo deja claro en su declaración: «Basándose en la sentencia, la Oficina Federal de Auditoría considera que tanto el presupuesto de 2023 como el proyecto del gobierno para el presupuesto de 2024 son extremadamente problemáticos desde el punto de vista constitucional. Lo mismo se aplica a la financiación de la crisis energética del FSM en ambos años».