La factura de la ayuda de 20 céntimos al carburante se le va de las manos al Gobierno y crece un 30% por encima de lo previsto

La cifra desborda con creces los cálculos iniciales que había realizado el Ministerio al poner en marcha la medida y que apuntaban a que la bonificación supondría un coste mensual de unos 475 millones para las arcas públicas.

La realidad ha dinamitado las estimaciones de coste del Ejecutivo. Si en septiembre la factura asociada a la medida rondó los 800 millones de euros, en agosto incluso superó ese umbral y se situó en 821 millones, de nuevo según los datos de Hacienda, casi el doble del gasto mensual que esperaba el Gobierno por esta medida.

En realidad, según los datos que cada mes proporciona el Ministerio de Hacienda su coste nunca se ha sujetado a los parámetros que se proyectaron en su momento. Solo en los dos primeros meses de vigencia de la medida, en abril y mayo, el coste presupuestario estuvo en línea con lo estimado y en ambos casos se dio la circunstancia de que el reporte administrativo de los consumos presentó dificultades.

La curva de coste de la medida ratifica de algún modo la percepción de una parte mayoritaria de los analistas, que sostiene que lo que comenzó como una medida para amortiguar el impacto del encarecimiento del combustible sobre los hogares se ha acabado convirtiendo en un incentivo al consumo de carburantes.

Los datos que mensualmente publica la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) muestran que la demanda de combustibles de automoción, que avanzaba hasta el mes de marzo de manera muy similar a la media de los últimos cinco años, se ha situado desde entonces muy por encima de esa referencia.

Todo apunta a que el Gobierno presupuestó el coste de la medida sobre la premisa de que la escalada de los precios de gasolinas y gasóleos contraería la demanda y se ha encontrado con que lejos de reducirla la ha alentado, con el consiguiente impacto sobre las arcas públicas.

De alguna forma la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumió esto en junio, cuando se decidió prorrogar la bonificación de 20 céntimos, al dar por sentado que el coste trimestral del mantenimiento de la bonificación no sería de 1.432 millones sino que rondaría los 2.000 millones.

El impacto de este error de cálculo sobre sobre las cuentas públicas no será menor. De un coste inicial que estaría alrededor de 4.300 millones de euros, la proyección de gasto que resulta a partir del acumulado entre marzo y septiembre la elevaría por encima de los 5.500 millones de euros, es decir, 1.200 millones más de lo previsto o un 28% más.

La desviación podría ser aún más alta e irse hasta los 6.000 millones de euros si las pautas de consumo de agosto y septiembre se mantuvieran durante el resto del año, lo que dispararía la factura final de la medida hasta el 31 de diciembre cerca de un 40% por encima de lo inicialmente previsto.

El Gobierno decidirá en las próximas semanas si prorroga esta medida durante 2023 y si lo hace con la misma configuración actual o, por el contrario, en una nueva versión más selectiva, como exigen los organismos internacionales, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

La bonificación de 20 céntimos sobre el precio del carburante lleva meses en el punto de mira de analistas, organismos internacionales y supervisores nacionales. Se le achaca su carácer indiscriminado, su elevadísimo coste presupuestario y su tono inflacionista, ya que parece haber sido más un estímulo para el consumo que un escudo para esquivar el sobrecoste de los carburantes.

Un reciente informe de la Airef sobre la focalización de las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno de España para amortiguar el impacto de la inflación señalaba la bonificación de 20 céntimos sobre el precio de las gasolinas como una de las menos selectivas, en la medida que beneficiaba más a las rentas medidas y altas que a los más vulnerables. Además recordaba que hay países como Francia que ya han anunciado que suspenderán la aplicación de la bonificación en 2023.

La Autoridad Fiscal también advirtió de que una prórroga general de las medidas actualmente en vigor pondría en un brete a las cuentas públicas y llevaría al déficit al 4,4%, por encima del 3,9% previsto en el proyecto de Presupuestos para 2023.

La alternativa que aparece más clara en el horizonte es una prórroga selectiva para el sector del transporte, lo que permitiría focalizar la medida y reducir su coste presupuestario.