El Estado sale al rescate de la Seguridad Social con casi 39.000 millones para pagar pensiones en 2023

El Gobierno vuelve a salir al rescate de las pensiones con una inyección económica que el próximo año se elevará a casi 39.000 millones para cumplir con los pagos comprometidos, lo que supone un incremento de 7,2% respecto al año pasado. Así, las cuentas públicas para 2023 recogen una importante transferencia para la Seguridad Social procedente de impuestos para hacer frente al agujero de las pensiones y poder pagar tanto las pensiones contributivas, como las no contributivas y el ingreso mínimo vital, que crecen un 15% el próximo año, casi el doble que las jubilaciones ordinarias. Un oxígeno económico para el sistema que no impedirá que el Gobierno eleve las bases máximas de cotización en un 8,6% en un año en el entra en funcionamiento el mecanismo de equidad intergeneracional, que lleva implícita un alza del 0,6% en las cuotas sociales.

Las cuentas de la Seguridad Social se disparan por encima de los 200.000 millones el año que viene, después de desembolsar casi 20.000 millones de euros para subir un 8,5% la nómina de los jubilados, en línea con la evolución que se espera del IPC este año. La mayor parte del esfuerzo financiero extraordinario será, por tanto, para cubrir el gasto de compensar a los casi 10 millones de pensionistas por la desviación de los precios del presente ejercicio. Se trata concretamente de 1.492 millones más que los transferidos por este concepto en pasado ejercicio y también irán a parar a pagar la cobertura de la prestación por nacimiento y cuidado de menores, reducciones en la cotización, así como otras subvenciones, y también para la integración de las lagunas de cotización.

Evolución del gasto en pensiones

190.687

Datos en millones de euros y

% total del presupuesto del Estado

39,2%

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163.297

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153.864

35,8%

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139.647

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135.449

131.658

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121.556

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90.000

2013

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2016

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2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ABC

Evolución

del gasto en pensiones

Datos en millones de euros y

% total del presupuesto del Estado

90.000

121.556 / 35,2%

2013

127.484 / 35,9%

2014

131.658 / 37,8%

2015

2016

135.449 / 38,5%

2017

139.647 / 40,7%

2018

144.834 / 40,9%

2019

153.864 / 42,1%

2020

158.212 / 41,7%

2021

163.297 / 35,8%

2022

171.165 / 37,3%

2023

190.687 / 39,2%

Fuente

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas /

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ABC

Además, el Estado destinará 7.261 millones de euros a complementos a mínimos, las cuantías que abona la Seguridad Social para completar las prestaciones más bajas. Otros 185 millones irá directamente al pago de las cotizaciones de cuidadores de personas dependientes. Además se dotarán con 102 millones la financiación de gastos corrientes de dependencia y 6 millones más para operaciones de capital

La transferencia del Estado para financiar el ingreso mínimo vital será 3.097 millones de euros, mientras la destinada a pensiones no contributivas será de 3.003 millones, en tanto que la transferencia para atención familiar se dota con 1.339 millones de euros.

Esta transferencia que recibirá la Seguridad Social no impedirá sin embargo que el sistema vuelva a registrar un déficit cercano al 0,5% del PIB a cierre del próximo año, unos 7.199 millones de euros según recoge el libro amarillo del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

Solo para pagar pensiones el Estado tendrá que desembolsar 190.687 millones de euros, lo que supone un 39,2% del total del gasto del presupuesto consolidado. Es decir, de cada 100 euros que gaste el Estado el próximo año, 40 euros irán para pagar pensiones.

Las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2023 de 166.777 millones de euros, un 11,2% más que en 2022, estimado en función del incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y de su revalorización. Dentro de las pensiones contributivas, las más importantes cuantitativamente son las de jubilación, que ascienden a 120.054 millones de euros y suponen un 72,0% del total de las pensiones; seguidas de las pensiones de viudedad, con una dotación de 28.394 millones de euros, un 17,0% del total y las pensiones de incapacidad, con 15.496 millones de euros, un 9,3% del total. Finalmente, las pensiones de orfandad y en favor de familiares alcanzan la cifra de 2.832 millones de euros, lo que representa el 1,7% del conjunto de las pensiones contributivas.

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social figuran en el Presupuesto del IMSERSO con un crédito de 2.803 millones de euros (excluido País Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y de la revalorización de las pensiones no contributivas para el mantenimiento del poder adquisitivo, que afectará a aproximadamente 428.000 beneficiarios.

El ingreso mínimo vital se revalorizan en la misma proporción que las pensiones no contributivas, es decir, en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre de 2022.

Para el pago de estas prestaciones se consigna una dotación de 2.797 millones de euros, así como otra de 243 millones de euros para compensar al Estado por la disminución de los ingresos procedentes del cupo como consecuencia de la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco y por la Comunidad Foral de Navarra de la gestión de la prestación.

Por el lado del SEPE, el Gobierno dota con 21.278 millones de euros la política de desempleo para cubrir las prestaciones de los parados, lo que supone una disminución de 1.179 millones de euros con respecto a la dotación de 2022.

«Como consecuencia del impacto proyectado para el desempleo por la evolución económica, una vez superada la crisis sanitaria motivada por la Covid, así como de los efectos de la reforma laboral, como demuestra el hecho de que los contratos iniciales indefinidos en agosto de 2022 representan el 35,1% del total de contratos iniciales registrados en el SEPE en dicho mes, frente al 5,47% del mismo mes del año anterior, habiéndose incrementado también la conversión de contratos temporales en indefinidos (93,62% en la comparación agosto 2022/agosto 2021), lo que está contribuyendo a una reducción de la tasa de paro, que en el segundo trimestre de 2022 se sitúa en el 12,5%, con una minoración interanual de 2,8 puntos», señala el texto presentado por el Gobierno.